Estará de buen año y sus mofletes serán enormes pero todo apunta a que la montaña ha parido un ratón, obeso si se quiere, aunque ratón al fin y al cabo. El reciente memorial de agravios que la Generalitat ha exhibido para demostrar que el Estado tiene puesta la cruz a Cataluña y niega el pan, la sal y hasta la sardana a los habitantes del norte del Ebro sabe a poco, como si la afrenta fuera insuficiente para justificar tanto enconamiento.

Hay que suponer, en principio, que la cifra de 9.375 millones en los que el Govern estima los incumplimientos del Estado representa el total de la factura, la clave de bóveda que sostiene la tesis del “España nos roba” que tanto ha calado en la sociedad catalana. Y hay que suponerlo porque el llamado “expolio fiscal”, es decir, la diferencia entre lo que el territorio aporta al conjunto vía impuestos y lo que recibe del Estado, y que, como le ocurre a Madrid, es enormemente favorable a Cataluña, viene siendo pactado invariablemente con CiU desde aquel 15% de IRPF que se convirtió en una obsesión para Jordi Pujol.

En definitiva, de los sucesivos sistemas de financiación autonómica no se puede deducir robo alguno, ya que los atracos consentidos no son tales, sobre todo porque han sido vendidos invariablemente por los sucesivos gobiernos de Cataluña como grandes conquistas a las que, por cierto, se han sumado ovejunamente el resto de autonomías, que primero criticaban la avaricia catalana y luego ponían el cazo como si tal cosa.

El presunto robo de los 9.375 millones ha tenido que producirse por fuerza en estos últimos cinco años en los que ha estado en vigor el modelo actual, que debía dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional tercera del Estatut por la que, en función de su PIB, debía dirigirse a Cataluña el 18,8% del volumen total de inversiones del Estado entre 2007 y 2013. Como se sabe, el Tribunal Constitucional se encargó de vaciar de contenido dicha disposición y la crisis hizo el resto allí y en el conjunto del país.

Pues bien, aceptando hasta las comas del informe de la Generalitat y siendo la cantidad importante, lo es más la deuda pública de Cataluña, que asciende a casi 52.000 millones de euros y que, siendo justos, habrá que imputar en buena parte a la gestión de Pujol, Montilla y Mas, que alguna culpa tendrán de esta calamitosa situación financiera, ya sea por gastones o por haber negociado los recursos a percibir con el final de la espalda.

El coste de este enorme endeudamiento es el que impide, por ejemplo, pagar a los proveedores de la Generalitat hasta la primavera o abonar el mes de septiembre a las farmacias. Habrá que concluir que si los funcionarios no cobran la extra o se recorta en educación y en sanidad no es por el desfalco del Estado, por mucho que responsabilizar al empedrado convenga a los nacionalistas de la tijera.

Cataluña tiene, y a estas alturas no lo discute ni el PP, un problema de financiación, aunque esa no es la causa principal de la desafección y del auge independentista. De ser así, bastaría en último extremo con establecer unos cómodos plazos para hacer frente a la factura, y aquí paz y después gloria.

Tal reduccionismo sería, además, insultar a todo un pueblo, cuyo sentimiento nacional se supone surgido de una cultura y de una lengua y no del IRPF o del impuesto de sucesiones. La búsqueda de responsables de la deriva actual es ociosa porque la bola de nieve avanza imparable. Da igual que fuera el desdén de la derecha españolista hacia Cataluña, la insensatez del nacionalismo gobernante o el dichoso café para todos quien la echara a rodar pendiente abajo.

La situación es la que es. No escampará por mucho que Rajoy vea una tormenta de verano en lo que parece el diluvio universal y se haya sentado a esperar que aclare como es costumbre de la casa. Lejos de imponer, habrá que convencer. No estaría de más que en vez de rebatir el memorial de agravios de la Generalitat como se propone Montoro, el Gobierno diera cuenta detallada de las ventajas que tiene para un catalán seguir vinculado a España. Que alguna habrá. Y ya de paso, convendría estudiar un nuevo traje constitucional que no se rompa por las costuras como el actual. A partir de ahí, que el pueblo hable y las urnas decidan.