Como es sabido, el Ministerio de Trabajo ha realizado una inspección a las grandes auditoras para comprobar el cumplimiento de las normas legales en materia de jornada laboral y horas extraordinarias.

La noticia ha conmocionado a pesar de ser un secreto a voces, entre quienes conocen el sector, que las jornadas maratonianas y las horas sin pagar son allí habituales; si bien es verdad que quizá no son precisamente las grandes auditoras, sino las de menor tamaño, las que incumplen más gravemente la normativa laboral y tienen en peores condiciones a los jóvenes de sus plantillas. Y todo ello, sin entrar a considerar que la auditoría y consultoría son tipos de actividad profesional que obligadamente tienen momentos "punta", pues a veces se requiere cerrar trabajos a cualquier hora que sea; o a las que muchos jóvenes acuden, a pesar de su bajo salario e intensidad horaria, porque es también obvio que proporcionan una enorme experiencia, como si de una especie de formación de posgrado o de trampolín profesional se tratase.

En cualquier caso, la inspección de trabajo está para eso, para determinar en qué medida se respeta la legislación y evitar, si es que las hay, situaciones de explotación laboral.

Lo que me parece que está del todo injustificado es aprovechar el caso para tratar de ofrecer una imagen de estas empresas que no responde para nada a la realidad.

Esto último es lo que hace el conocido economista Daniel Lacalle, quien escribía hace unos días en su cuenta de Twitter que "el Ministerio de Trabajo debería aprender de las Big Four, no inspeccionarlas por nada".

Exagera a sabiendas Lacalle y deforma la realidad porque nadie mejor que él sabe que estas empresas tienen tras de sí una larguísima historia de fraudes, malas prácticas e incluso de delitos flagrantes en las últimas décadas. Entra las empresas de cuyo comportamiento no debiera aprender ninguna persona honrada se encuentran, sin lugar a dudas, esas cuatro: Deloitte, PwC (PricewaterhouseCoopers), Ernst & Young y KPMG.

Estas empresas nacieron como entidades independientes para proporcionar servicios de auditoría, es decir, para verificar las cuentas de las empresas con el fin de comprobar si, según los principios y normas contables, son fiel expresión del patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos. Una función esencial en el mundo de los negocios si es que se quiere que este disponga de la información veraz y la transparencia que son fundamentales para que haya la libre competencia que sus defensores atribuyen como la esencia del capitalismo.

Con el tiempo, el sector fue concentrándose y ha llegado a ser un perfecto oligopolio en el que estas cuatro grandes controlan en muchos países más del 95% del negocio. Una situación que les permite incumplir constantemente los principios de buenas prácticas, las normas elementales de la competencia e incluso, en muchas ocasiones, la legislación penal, -tal y como han mostrado cientos de resoluciones judiciales y de los órganos de supervisión de los países en donde actúan. Sorprende, pues, que un supuesto defensor del libre mercado diga que un regulador debe aprender de lo que hace quien constantemente opera violando sus principios de funcionamiento.

Con el tiempo, además, estas cuatro grandes empresas comenzaron a combinar su actividad de auditoría con la de prestación de servicios de consultoría y eso ha terminado por producir una auténtica degeneración de su negocio por una sencilla razón: puesto que ganan unas tres veces más proporcionando servicio de consultoría, el de auditoría han de llevarlo a cabo evitando perder la clientela a quien le interesa asesorar.

Dicho en plata y tal y como es bien conocido por quien sabe cómo funciona el sector, las auditoras no firman sus informes en contra de quienes, antes o después, les pueden pagar en mayor cantidad por recibir su asesoría.

No acabo de decir algo malvado, infundado o retórico. Es algo que está perfectamente documentado en multitud de estudios e informes, demandas o casos judiciales.

Basten tan solo tres de ejemplos de esto que digo.

La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido descubrió en 2019 que ninguna de estas cuatro grandes había cumplido los objetivos de calidad de la auditoría. La Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas de Estados Unidos contabilizó 806 casos de auditorías defectuosas y que el porcentaje de auditorías inadecuadas era del 20% en Deloitte, el 23,6% en PwC, el 27,3% en EY y el 50% en KPMG. Y se ha demostrado que en los últimos veinte años las cuatro grandes han cometido 57 delitos financieros tan solo en el Reino Unido.

Las numerosas auditorías inadecuadas de estas auditoras tienen una enorme trascendencia y llevan consigo daños colaterales muy graves, sobre la economía en general y en concreto sobre el patrimonio de millones de personas. Baste recordar lo ocurrido después de que pasaran por alto los fraudes de Enron (Arthur Andersen), o la irresponsabilidad financiera que llevó a la quiebra a Lehman Brothers (Ernst & Young). O tras los casos producidos en España: en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (KPMG), Bankia (Deloitte), Pescanova (BDO), Aena (PricewaterhouseCoopers), entre otros.

Otras investigaciones han demostrado que estas grandes auditoras/consultoras son las que están detrás de las grandes operaciones multinacionales de elusión fiscal y lavado de dinero, en muchas ocasiones aprovechando su gran influencia sobre el poder político y legislativo. Las auditoras se han habituado tanto al fraude que, como suele decirse, hasta hacen trampas jugando al solitario: hace unos años se descubrió que en KPMG hacían trampas incluso en los exámenes internos de capacitación.

No hay mejor muestra de esto último que el caso de KPMG: en Estados Unidos se le pasaron por alto millones de hipotecas basura, contribuyendo así a que estallara la crisis, pero eso no fue óbice para que el Banco Central Europeo justamente para que contrastara la calidad de los activos de empresas a las que se proponía evaluar. O la evidente facilidad con que estas empresas logran salir inmunes, sin apenas sanciones o con multas muchísimo más reducidas que el beneficio que obtienen, de los procesos en los que constantemente se ven involucradas

Molesta que se incomode a las grandes empresas auditoras porque estas se han convertido en las garantes del capitalismo de nuestra época que no requiere transparencia y veracidad para su buen funcionamiento sino justamente la manga ancha, la doble vara de medir y la influencia en el poder político que le proporcionan estas entidades que no tienen más norte que ganar dinero por cualquier procedimiento y sin atenerse a principio ético alguno.

Daniel Lacalle, como cualquiera, está en su perfecto derecho de defender a las auditoras enfangadas en malas prácticas y que mienten y violan sin pudor las leyes del derecho y del mercado, faltaría más. Pero que no se diga entonces que se defiende el capitalismo de libre mercado y competencia con ideas liberales. Se está defendiendo la corrupción inherente a un capitalismo salvaje y de amiguetes, ineficiente y despilfarrador de recursos con un anarquismo de derechas que solo busca proteger privilegios.