Una veintena de especialistas en Salud Pública, virólogos, investigadores y profesores universitarios han plantado en una carta a la revista The Lancet una petición llena de sentido común: que una evaluación independiente audite la gestión realizada por las distintas administraciones publicas en la pandemia. El objetivo, según dicen, no es buscar culpables a los que lapidar en la plaza pública ni meter en prisión a los apedreados sino determinar en qué ha fallado el sistema para tratar de corregir estas deficiencias en el futuro. Tan loable es el propósito que, conociendo el paño que nos adorna, se convertirá en una más de las voces que clama en el desierto hasta la afonía.

Es evidente que algo ha fallado para que las cifras que arroja España no se compadezcan con la presunta mejor Sanidad del mundo mundial, ese mantra que se venía repitiendo en el pasado como una verdad revelada en el Sinaí junto a los diez mandamientos. De hecho, la propia estadística es la primera anomalía. Se conoce la tremenda bolsa de infectados –más de 300.000, muy superior al de otros países de nuestro entorno-, que el exceso de mortalidad en relación a otros períodos ronda las 45.000 personas -28.000 muertes confirmadas por Covid 19- y que 20.000 de los fallecidos estaban en residencias de ancianos. El baile de números podía tener alguna razón de ser al declararse la enfermedad pero es impresentable que a día de hoy, por dejadez o falta de medios, el registro de contagiados, fallecidos y hospitalizados sea tan fiable como una escopeta de feria.

Lo que apuntan a vuelapluma estos expertos es lo que cualquiera con dos dedos de frente ha podido apreciar en estos meses: un sistema capitidisminuido por los recortes de la última década, una deficiente vigilancia epidemiológica y una atroz falta de medios tanto en el diagnóstico como en equipos de protección, falta de coordinación entre las diferentes administraciones, retraso en la toma de decisiones y un descontrol absoluto de los centros geriátricos que, sin recursos ni preparación, han concentrado el mayor número de víctimas.

Sería muy oportuna esta evaluación, similar a la que la propia OMS ha aceptado someterse y que países como Suecia, cuya estrategia para hacer frente al virus ha fracasado estrepitosamente, ya ha puesto en marcha. El problema es que esto es España y aquí no hay Gobierno central o autonómico que dé su brazo a torcer y tampoco parece fácil que la oposición vaya a renunciar ahora a usar a los muertos como trampolín para llegar al poder, que es lo único que les ha movido en este tiempo.

De hecho, no es aventurado afirmar que nuestra dirigencia sería incapaz de ponerse de acuerdo sobre quienes habrían de llevar a cabo esta auditoría y, con independencia de su reputación nacional o internacional, se bucearía en sus currículos para establecer vínculos con algún partido, asociación o comunidad de vecinos en los que fundamentar las acusaciones de sectarismo y desacreditar sus conclusiones. Sería difícil además que alguien se prestara de buen grado a desempeñar esta función sabiendo que, como decía el cardenal Richelieu, solo son necesarias dos líneas escritas de puño y letra por la persona más honrada para hacerla encarcelar. Y aquí, si de algo vamos sobrados, es de Torquemadas de medio pelo que practican como deporte lo de quemar al prójimo en la hoguera y a los que cualquier banquillo se les queda pequeño cuando les da por repartir condenas.

La prueba de esta incapacidad como país de aprender de los errores y evitar repetirlos se está viendo en estos momentos. Tras un durísimo confinamiento que ha hundido la economía y el empleo y que, de no ser por los salvavidas lanzados en plena tormenta, nos habría colocado a las puertas de un estallido social, la recuperación de las competencias sanitarias por parte de las comunidades autónomas, lejos de demostrar la ineficiencia del mando único que ha regido en el estado de alarma, está a punto de situarnos en la casilla de salida.

Doblegada la curva de contagios y sin la escasez inicial de material médico y de diagnóstico, únicamente se requería reforzar la atención primaria para evitar otro colapso hospitalario y establecer sistemas de rastreo adecuados que impidieran la transmisión descontrolada de la infección. Pues bien, la duda en estos momentos es si estamos ya en plena segunda ola o si cabalgamos desbocadamente hacia su cresta.

Sí, urge que alguien sin serrín por cerebro, determine las carencias y las fortalezas, analice la conveniencia o no de las decisiones tomadas, establezca qué recursos humanos y financieros son precisos y establezca un plan para enfrentar esta pandemia y otras en el futuro sin que tengamos que resignarnos a enterrar a decenas de miles de compatriotas. Para esta tarea sobran expertos de reconocido prestigio pero falta la voluntad de la clase política para mirarse en un espejo que no sea el de la bruja de Blancanieves.