Vicenç Navarro

Autor del libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante

A raíz de las declaraciones críticas con el referéndum propuesto por el gobierno de la Generalitat de Catalunya, hechas el pasado 5 de julio por el Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú y, días después, por Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos, indicando que si él fuese catalán no votaría en dicho referéndum, ha habido una avalancha en contra de tales partidos (Catalunya En Comú y Podemos) por parte de voces próximas a los partidos independentistas gobernantes en la Generalitat de Catalunya [primordialmente Convergència (PDeCAT) y ERC], y de la CUP, acusándolos de todo, desde “traición” a “cambio de chaqueta”, pasando por “estar confusos y ser ambivalentes” o algo peor. El ejemplo más representativo es la ofensiva y grosera entrevista de la siempre presente figura en los medios, la Sra. Pilar Rahola (en el estilo característico de los Eduardo Indas de este país), al dirigente de Catalunya En Comú, Xavier Domènech. Era una entrevista parecida a las de La Sexta Noche en la que el papel de Eduardo Inda lo jugaba la Sra. Pilar Rahola, con la notable diferencia de que en el programa donde se realizó la llamada entrevista el sesgo era incluso mayor en contra de aquellos partidos que en La Sexta Noche, con la audiencia del programa aplaudiendo cada insulto y grosería que la Sra. Rahola propinaba al Sr. Xavier Domènech. Ni en La Sexta Noche se ha visto tal espectáculo.

Otras críticas, sin embargo, no han tenido un tono hostil, sino más bien de decepción, resultado –según los autores de tales críticas- de considerar que Catalunya En Comú y Podemos se han echado atrás, revirtiendo lo que habían dicho antes apoyando el referéndum. Un ejemplo de ello es un artículo en el diario ARA, firmado por Xavier Bosch, titulado “No m’ho esperava de vosaltres” (14.07.17), que quiere decir, en catalán, “No me lo esperaba de vosotros”. El autor citaba en su artículo, como muestra de tal supuesta reversión, las declaraciones anteriores de Pablo Iglesias, el cual había indicado recientemente lo que ha dicho repetidamente, es decir, que él y Podemos estaban a favor de un referéndum en Catalunya que permitiera a su población decidir sobre su futuro (señalando, además, que aprobaría tal referéndum incluso en el caso de que su resultado fuera favorable a la independencia, opción que Podemos no compartía pero que aceptaría por mero compromiso democrático). Xavier Bosch concluye en su artículo que la negativa ahora de Pablo Iglesias a votar en el referéndum propuesto por el gobierno catalán es una clara señal de que ha cambiado, denunciando con ello tal reversión. En casi idénticos términos se ha criticado también a la alcaldesa Ada Colau y al dirigente de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, que han indicado que no consideran tal referéndum como el referéndum que ellos apoyarían.

Y, como era de esperar, las derechas de siempre, que incluyen ahora, además de Convergència y el PP, a Ciudadanos, han aprovechado esta interpretación de los hechos para atacar, como siempre, a ambos partidos y a sus dirigentes, incluyendo a Pablo Iglesias, considerado como su enemigo número 1. Es sintomático de esta hostilidad que Convergència (PDeCAT) prefiriera mantener al supuestamente odiado gobierno Rajoy con su abstención que apoyar la moción de censura contra el gobierno PP hecha por Podemos.

Ni que decir tiene que tales acusaciones han tenido unas enormes cajas de resonancia no solo en Catalunya, sino también a lo largo del territorio español, por parte de los mayores medios de información, cuya hostilidad hacia Unidos Podemos, Catalunya en Comú y En Marea es bien conocida. Y así ha ido calando la sensación de que las nuevas izquierdas no son creíbles, y que no son de fiar por su comportamiento supuestamente errático. En toda esta campaña la manipulación, la falsificación y, en lenguaje plano, la mala leche han sido constantes, desinformando no solo sobre lo ocurrido, sino también sobre la situación y postura real de tales formaciones políticas.

¿Quién es incoherente con lo que ha estado sosteniendo: Catalunya en Comú y Podemos, o la gran mayoría de sus críticos?

Veamos ahora quién es incoherente y quién está faltando a la verdad. Y miremos las hemerotecas y quién dijo qué, y el significado de lo que se dijo. Y veamos en primer lugar lo que han dicho las nuevas izquierdas y lo que se les supone haber dicho. Los críticos critican que tales partidos y tales dirigentes han cambiado de postura, pues habían dicho que apoyarían el referéndum y cuando el gobierno independentista de la Generalitat de Catalunya lo ha propuesto, han cambiado de opinión, revirtiendo lo dicho. Y toda la avalancha de acusaciones, insultos y mala lecha se basa en esta interpretación sumamente sesgada de lo que ha ocurrido.

Tales voces, sin embargo, nunca han considerado una explicación alternativa. Es decir, que no han sido aquellos partidos de la nueva izquierda los que han cambiado de opinión, sino que ha sido el gobierno de la Generalitat de Catalunya el que ha propuesto un referéndum que no cumple con las más mínimas reglas democráticas, diseñado para conseguir un resultado conocido a priori, con el objetivo de legitimar una decisión ya tomada, que no contará con la aprobación de la mayoría de la población catalana. Tal posibilidad no ha sido nunca considerada por ninguno de los autores que ha criticado la incoherencia, traición o lo que fuera de aquellos partidos. A pesar de la evidencia que muestra lo contrario, asumen que el referéndum es válido y democrático, identificando urnas con democracia, sin nunca hacer referencia a las necesarias garantías democráticas para hacer posible que el proceso y el resultado sean el sentir de la mayoría de la población.

Es cierto que algunos portavoces del gobierno de la Generalitat de Catalunya parecen reconocer que tales garantías son difíciles, cuando no imposibles de cumplir, debido a la oposición del Estado central a que se realice el referéndum. Ni que decir tiene que tal oposición del Estado central dificulta enormemente muchas de las garantías necesarias para realizar el referéndum en condiciones democráticas. Pero muchas no quiere decir todas. No es justo externalizar las responsabilidades, como siempre hacen la mayoría de portavoces independentistas, atribuyendo al Estado español lo que es, en muchas ocasiones, responsabilidad de la Generalitat de Catalunya. Y ello se aplica también a la falta de garantías democráticas en el referéndum. El gobierno del PP es el mayor responsable de que no haya garantías democráticas. Pero ello no quiere decir que el gobierno de la Generalitat no comparta también alguna responsabilidad. La Ley del Referéndum propuesta por el gobierno de la Generalitat de Catalunya, por ejemplo, es muy poco democrática, como también lo es la falta de diversidad ideológica de los medios públicos de la Generalitat de Catalunya, abusivamente utilizados por los partidos gobernantes en Catalunya para promover el independentismo. Y así muchos otros casos –que mostraré más adelante–que son una muestra de la limitadísima concepción democrática que hay en el diseño del proceso. De ahí que sea precisamente una exigencia democrática indicar que no es un referéndum lo que se presenta como tal, pues toda la evidencia apunta, repito, a que el proceso parece estar organizando como un plebiscito que, tal como está diseñado, gestionado y organizado, intenta legitimar un resultado conocido a priori.

¿Qué es lo que Junts Pel Sí y la CUP están proponiendo?

Como he indicado en otros artículos, parece que la mayoría de gente que critica a Catalunya en Comú y a Podemos parece no haber leído la Ley del Referéndum propuesta por el gobierno independentista. En tal propuesta, el resultado del referéndum será vinculante, independientemente del número de participantes y de votos a favor de la independencia. La experiencia de referéndum más semejante a esta propuesta es la que ocurrió el 9-N, donde la tasa de participación fue solo de un 33% sobre el total de la población adulta que podía votar. La gran mayoría de los participantes en el 9-N que votaron lo hicieron, como era predecible, a favor de la independencia. Pero la participación fue tan baja que los que votaron a favor de la independencia eran un porcentaje muy bajo de la población catalana (un tercio). Es muy probable que lo que ocurriría el 1-O fuera semejante, con lo que solo un tercio de la población decidiría, de ser vinculante, que Catalunya pasara a ser independiente en cuarenta y ocho horas tras el referéndum, en caso de que el sí a la independencia fuera mayoritario, y ello a pesar de que dos tercios de la población no votara a favor de esta importante medida. Esto es lo que propone el gobierno de la Generalitat. Es más que preocupante que a los que apoyan el referéndum parece no inquietarles el significado de estos datos. Ni que decir tiene que de darse tal resultado, habría inmediatamente enormes tensiones procedentes de los no independentistas –la mayoría–, que protestarían por tal decisión.

Todo ello queda en segundo término, pues todo el aparato del Estado de la Generalitat, incluyendo sus medios, continúan promoviendo el independentismo, atribuyendo la enorme crisis social que existe en Catalunya a su pertenencia al Estado español (ocultando, de nuevo, la enorme responsabilidad que los gobiernos de la Generalitat de Catalunya han tenido en el desarrollo de tal crisis, como he señalado en mis escritos, tal como se puede ver en el artículo “El mayor problema que tiene hoy Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17). Y como más muestras de su escasa sensibilidad democrática, el gobierno Junts Pel Sí, con el apoyo de la CUP, aprueba leyes que, en la práctica, ignoran el Estatut de Catalunya, lo cual pueden hacer aprovechando que son mayoría en el Parlament de Catalunya, mayoría parlamentaria, por cierto, que no corresponde a una mayoría electoral, pues la primera se la ha dado una ley que fue diseñada al principio de la Transición de la dictadura a la democracia para favorecer a las zonas territoriales conservadoras, marginando y discriminando, a su vez, a las zonas urbanas, donde vivían y viven las clases trabajadoras. Tal ley fue adoptada por Catalunya ya hace muchos años, y no fue cambiada por el gobierno catalán de Convergència (ahora PDeCAT) pues beneficiaba, aquí también, a las fuerzas conservadoras gobernantes, y discriminaba a las clases populares en centros urbanos.

Este sesgo de la ley electoral es particularmente importante, pues el compromiso con el proyecto independentista varía según la clase social en Catalunya. El resultado de las últimas elecciones autonómicas, definidas como plebiscitarias por los independentistas, muestra en los distritos de la ciudad de Barcelona que tenían como promedio un nivel de renta superior a la media de la ciudad de Barcelona (Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, l’Eixample y Gràcia) los votos a favor del tripartito independentista [Convergència (PDeCAT), ERC y la CUP] eran mayores que los votos a los partidos no independentistas, mientras que la situación fue al revés en los distritos que tenían como promedio un nivel de renta inferior a la media de la ciudad (Sant Martí, Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc, Sant Andreu y Nou Barris), donde los partidos independentistas consiguieron menos votos que los no independentistas.

La escasa vocación democrática de Junts Pel Sí

Otra gran limitación de la democracia gestionada por Junts Pel Sí es el abusivo control de los medios de información por parte de la Generalitat, lo que imposibilita el necesario debate sobre tal importante propuesta, habiéndose ocultado los problemas que podrían presentarse (como en el pago de las pensiones) en la Transición hacia una independencia como la que está proponiendo el gobierno de Junts Pel Sí. En base a toda esta evidencia, es sorprendente que estas voces del tripartito y sus aliados critiquen a Catalunya En Comú y a Podemos por no ser democráticos, ocultando e ignorando en su crítica que las leyes electorales que les dan una mayoría tienen escasa credibilidad democrática, utilizándolas para proponer leyes que carecen de las más mínimas garantías de desarrollo democrático. Es más que incoherente que ahora tales fuerzas se presenten como los defensores de la democracia, homologando urnas con democracia.

Catalunya En Comú y Podemos, por otra parte, siempre han indicado su compromiso con la celebración de un referéndum democrático. Y mírese como se mire, este referéndum no puede definirse como democrático. Las declaraciones de Pablo Iglesias son coherentes con lo que Podemos ha sostenido siempre Una cosa es el derecho democrático a decidir, y otra es lo que el gobierno de la Generalitat está cocinando. No hay ninguna incoherencia entre lo que decían Catalunya En Comú y Podemos antes, y lo que dicen ahora. La incoherencia está en los que les acusan, pues presentan claramente como democrático un proceso que dista mucho de serlo. Y no todo puede atribuirse al Estado central, que, siendo un responsable mayor, no es el único.

¿Qué ocurrió en la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú?

Que lo que propone el gobierno no es un referéndum está ampliamente consensuado en Catalunya en Comú y en Podemos. Ahora bien, en la reunión de la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú hubo una propuesta según la cual, a pesar de esta percepción del referéndum, se proponía que Catalunya en Comú se sumara a la campaña para el referéndum. Tal alternativa consiguió pocos votos (29 votos, frente a 85 votos de la propuesta finalmente aprobada). Hubo otra propuesta, que era no participar en las movilizaciones generadas por la llamada al referéndum, que fue retirada al aceptar un posición de consenso, quedando claro, a su vez, que tal referéndum, tal como se propone ahora, no es el referéndum que Catalunya En Comú o Podemos pueden aceptar y que, por lo tanto, no pueden con sus acciones legitimar tal referéndum como referéndum vinculante, sino, si acaso, como acto de afirmación a favor del derecho a decidir. Esta decisión es totalmente coherente y no expresa ninguna confusión. Como tampoco es incoherente afirmar el compromiso de apoyar todas las movilizaciones que ocurran bajo el lema de defender el derecho a decidir, las movilizaciones en oposición a las medidas represoras del gobierno Rajoy, o las movilizaciones necesarias en defensa de las instituciones catalanas.

El futuro: hay alternativas a la independencia exprés

Creo que lo más importante y notorio en los últimos cinco años ha sido el surgimiento de nuevas fuerzas políticas a lo largo del territorio español que se han caracterizado por dos hechos de enorme importancia. Uno es el claro rechazo a las políticas neoliberales llevadas a cabo por el establishment político-mediático español (que incluye el establishment político-mediático en Catalunya, entre otros), las cuales han tenido un impacto devastador en la calidad de vida y bienestar de las clases populares. Las reformas laborales y los recortes de las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar han creado una dramática crisis social en las distintas naciones y pueblos del Estado español. Y el otro hecho ha sido su rechazo al Estado uninacional español, exigiendo que el Estado acepte el carácter plurinacional de España, permitiendo que las distintas naciones y pueblos de España y, naturalmente, Catalunya, tengan el derecho a decidir el tipo y grado de su articulación con el Estado.

La enorme oposición a estas nuevas izquierdas

Ni que decir tiene que estas fuerzas han encontrado la clara hostilidad del establishment financiero y económico dominante en España, y del establishment político-mediático, claramente influenciado por el primero. El maridaje del primero con el segundo ha constituido el eje del Estado borbónico del país. El sorprendente crecimiento de tales fuerzas políticas, sin precedentes en Europa, ha alarmado al establishment político-mediático español (basado en la capital del Reino, que no tiene nada que ver con el Madrid popular) y sus aliados.

El soberanismo es diferente al independentismo

Esta llamada al poder de decidir por parte de la población es esencial para garantizar esta plurinacionalidad. Ahora bien, tal derecho a decidir, que es la reafirmación de la soberanía de las distintas naciones y pueblos de España, no es, como se presenta manipuladamente por las derechas por un lado, y por los independentistas por el otro, equivalente y/o homologable a secesionismo. Y ahí está una de las raíces del problema. Esta confusión de considerar soberanismo e independentismo como lo mismo es lo que crea las infundadas acusaciones de traición, incoherencia o lo que fuera. En Catalunya el partido Catalunya En Comú, y en España Podemos, apoyan el soberanismo, el derecho a que la población escoja la articulación con el Estado, siendo la secesión una de las alternativas, pero no la única. Naturalmente que todos los independentistas son soberanistas, pero no todos los soberanistas son independentistas. Y ahí está la raíz de la confusión de los medios y de los que critican ahora a Catalunya en Comú y a Podemos. La mayoría de la ciudadanía en Catalunya es soberanista, es decir, favorece el derecho a decidir. Pero es solo una minoría la que escogería la secesión.

Lo que el tripartito independentista (PDeCAT, ERC y la CUP) está haciendo es saltarse el soberanismo para ir directamente al independentismo. Quieren la independencia exprés, lo cual quieren conseguir por medios que son claramente no democráticos. Y esto último no se debe única y exclusivamente a la oposición del Estado central, sino a la manera como han diseñado su vía hacia la independencia, que es a través de lo que llaman un referéndum, que es todo, excepto un referéndum. En realidad es una llamada a la movilización (basándose en la prevenible oposición y represión del Estado central), presentando la independencia como la única alternativa. El objetivo no es la independencia, sino la victoria masiva de los partidos independentistas en las próximas elecciones, que serán pronto, después del 1 de octubre. El peligro es que al identificar el independentismo con el secesionismo, se está quemando la posibilidad de movilizar a la población en el futuro para conseguir la celebración de un referéndum en condiciones democráticas que refleje la voluntad de la mayoría de la población en Catalunya.

Para que ello pudiera ocurrir ya ahora se requeriría una mayor movilización de la población, y muy en especial de las clases populares, a favor del soberanismo, lo cual no ocurrirá en una situación actual en la que tal movimiento está liderado institucionalmente por una coalición en la que la fuerza dirigente son los herederos del pujolismo, que son responsables del retraso social de Catalunya y de la enorme crisis social. Tal movimiento independentista no movilizará a las clases populares de renta por debajo de la media a no ser que la resolución del enorme problema social se perciba como ligada a la resolución del tema nacional, lo cual es difícil de creer en un proceso liderado y hegemonizado por Junts Pel Sí. El famoso eslogan que lo nacional y lo social van juntos es un eslogan vacío, pues lo que estamos viendo ahora es que el tema nacional está siendo utilizado tanto por el gobierno central como por el gobierno independentista para ocultar el problema social, que continúa siendo el mayor problema existente en Catalunya (y en España). De ahí la enorme esperanza que representan las nuevas izquierdas, que se han ganado su credibilidad mostrando su compromiso con el tema social, facilitando con ello el surgimiento del tema nacional. Querer saltarse todo ello con el independentismo exprés es dificultar el surgimiento de la solución del tema social, y con ello del tema nacional.