Desde que Alfonso Guerra le dio por usar un Mystère de las Fuerza Aérea para evitarse una cola de vehículos en la frontera portuguesa, los socialistas en el Gobierno han sido objeto de especial vigilancia por parte de la oposición a cuenta del uso que hacen de los aviones oficiales. A Zapatero se le puso a caldo con algo de razón por llevarse a sus niñas a la Casa Blanca para que se hicieran fotos con Obama y, ya puestos, aprovecharan para irse de compras a Nueva York, y ahora a Pedro Sánchez le piden cuentas por irse volando con su señora a Benicàssim a ver a The Killers y usar al presidente valenciano Ximo Puig como coartada.

Este es un tema muy sensible para la opinión pública pero sólo cuando el PP no está en el poder. Es sabido que Rajoy por no generar gasto a las arcas del Estado usaba un patinete para irse todos los puentes a Pontevedra a trotar por Ribadumia o que los populares fueron los primeros en pedir responsabilidades a Monago por hacer que el Senado le pagara sus vuelos a Canarias para ver a su novia. En este tema son tan estrictos que no pasan ni una.

Para no perderse conviene recordar algunas cuestiones previas. La primera es que, aunque nos pese, el presidente del Gobierno lo es en cualquier circunstancia, incluso en el retrete o en un concierto de rock. Es de suponer, por tanto, que cualquiera de sus desplazamientos se somete a los criterios de su equipo de seguridad, que determina la opción más conveniente para su protección y la que menos incomodidades genere a los infortunados ciudadanos que pudieran coincidir con él, pongamos que en el Metro.

Se dirá que una cosa es acudir a un acto institucional y otra muy distinta ir a tararear el Under the gun de Brandon Flowers, pero es que en estos casos resulta casi imposible distinguir entre lo público y lo privado. De hecho, no hay actividad privada del presidente que no acabe siendo pública y hasta la elección de sus calzoncillos tendría relevancia llegado el momento para determinadas audiencias. Después de años de reflexiones sobre el síndrome de la Moncloa y el encastillamiento de sus inquilinos con la consiguiente pérdida del sentido de la realidad, parece más conveniente que sea el presidente el que se desplace a ver a The Killers y que no sean éstos los que toquen en palacio en una sesión privada.

Finalmente, está el tema del coste que supone el uso del avión, que dada la competencia del anterior ministro de Hacienda estará perfectamente presupuestado y que, posiblemente, sea más económico que el dispositivo de escoltas -con sus dietas y alojamiento-, necesario para acompañar desde Madrid a Sánchez en tren, autobús o en BlaBlaCar. Podemos ponernos tiquismiquis y decidir, por ejemplo, que los banquetes que se ofrecen a las visitas de Estado son un dispendio inasumible que podría evitarse repartiendo bocadillos de mortadela a los jefes de Estado o sanísimas piezas de fruta si alguno padece de intolerancia al gluten. Es una opción que se ha descartado sobre la que nadie ha exigido explicaciones.

Por todas estas cosas y hasta por la huella de carbono que ha dejado el avión ha preguntado también Ciudadanos, que bien podría haber recurrido a su fichaje estrella Manuel Valls para pedir una opinión autorizada. A Valls se la liaron parda por llevarse a sus hijos en avión oficial a la final de la Champions de 2015 en Berlín en la que el Barcelona se impuso a la Juventus. El entonces primer ministro francés defendió su derecho a usar el aparato por el cargo que ostentaba, aunque finalmente dijo que pagaría de su bolsillo el desplazamientos de sus dos niños, para los que estimó un coste de 2.500 euros.

Es loable que la oposición vigile los actos del Gobierno porque para eso está. Sin embargo, sería conveniente establecer criterios uniformes para juzgarlos. Quizás haya que prohibir por ley que los bienes públicos, como son los aviones oficiales, sean polivalentes y sirvan para atender las obligaciones formales del puesto y la pasión musical del presidente y de su esposa. Y que en esa misma norma se especificaran las modalidades de transporte obligatorias en función de la distancia o de la naturaleza de los eventos, algunos de los cuales podrían no ser aceptables si no exigen etiqueta. Entre tanto, está permitido montar un escándalo por una tontada, que de algo habrá que escribir.