La patronal está que trina por la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que contempla el despido objetivo por acumulación de bajas médicas. Yo creo que no tanto por sus consecuencias prácticas (el presidente de la CEOE ha dicho que en 2019 sólo se produjeron 30 casos) como porque el Gobierno haya actuado “de forma unilateral”. Y es lógico, dado que la existencia de la patronal y los costes que conlleva se justifican básicamente por su capacidad de negociación (es decir, de influencia) respecto a las decisiones que afectan a los empresarios. Por eso hay quienes sostienen, con razón, que la CEOE y la constelación de organizaciones que la componen no son más que un gigantesco lobby, un grupo de presión; bien que muy caro.

En realidad, la derogación tiene un alcance más limitado de lo que en principio pudiera parecer. Los empresarios seguirán teniendo la posibilidad de prescindir de los trabajadores que, en su opinión, acumulen demasiadas bajas médicas, como vienen haciendo desde que esa posibilidad se abrió (al fin y al cabo, en España existe el despido libre, aunque no siempre se reconozca así). La diferencia estriba en que, a partir de ahora, echar a alguien alegando ese motivo no va a costar 20 días por año trabajado, que es lo previsto para un despido objetivo, sino 33, como corresponde a un despido improcedente. O sea que lo que de verdad irrita a los empresarios es tener que pagar 11 días más de indemnización, por mucho que aleguen que se trata de defender el fuero (la productividad) y no el huevo.

La CEOE se ha quejado de que la decisión del Gobierno viene a ser una incitación al abuso, toda vez que desaparece el elemento disuasorio que constituía el artículo 52.d. Pero lo que la derogación pretende evitar es también un abuso: la utilización de las bajas médicas como pretexto para poner a alguien de patitas en la calle, porque sale más barato. Si un empresario cree que un trabajador le está engañando, tiene medios a su alcance para averiguarlo y actuar en consecuencia. Lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores; sobre todo, en un asunto de tanta sensibilidad como la salud, que no puede quedar al albur de los intereses empresariales, sean éstos más o menos confesables.

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