En un país donde el 20% de los asalariados no cobran ni mil euros al mes, es difícil que el éxito acompañe a los planes de pensiones. Aun así, hay ocho millones de españoles que tienen dinero colocado en este instrumento de ahorro a largo plazo. Aspiran con ello a vivir una jubilación más desahogada de la que les permitirá su sola pensión de la Seguridad Social. Sobre todo teniendo en cuenta los negros nubarrones que se ciernen sobre el sistema público, debido al envejecimiento de la población, a la crisis económica y a la generalización de empleo precario y mal pagado.

Para la banca, que controla los planes de pensiones, éstos son un magnífico negocio. Le permiten tener cautivos los más de cien mil millones de euros que a día de hoy acumulan y cobrar encima las correspondientes comisiones por depósito y gestión. A cambio ofrecen rentabilidades muy modestas, que a veces cubren a duras penas los gastos. De ahí que el mayor atractivo de los planes sea la posibilidad de desgravar las aportaciones cuando se hace la declaración anual de la Renta. Lo que significa que, al final, quienes pagamos la fiesta somos el conjunto de los españoles.

Pues bien, la banca está que trina porque el Ministerio de Economía ha anunciado su intención de facilitar al máximo el rescate; es decir, la recuperación del dinero ahorrado antes de la edad prevista de jubilación. Ahora sólo puede hacerse si concurren supuestos especiales: desempleo de larga duración, amenaza de ejecución hipotecaria o enfermedad. La idea de Luis de Guindos se resume en renunciar a esta limitación e incluso al tope de diez mil euros que se había barajado, dejando sólo la condición de que el plan tenga una antigüedad mínima de diez años.

El temor de la banca, según dicen sus representantes, es que se produzca una avalancha de retirada de fondos y se le fastidie el negocio. Pero no tiene razones para ello. En primer lugar, porque los partícipes son muy reticentes a sacar el dinero si no tienen motivos de peso, habida cuenta el coste fiscal que conlleva. De hecho, en 2016 sólo un 8,6% pidieron el rescate, según datos oficiales. Y en segundo lugar, porque el Ministerio de Economía no tiene la menor intención de poner la zancadilla a los fondos de pensiones, sino más bien todo lo contrario.

Las medidas que planea De Guindos pretenden dotarles de mayor atractivo, para que la gente se anime a suscribirlos, sin miedo a que el dinero se quede cautivo hasta el fin de la vida laboral. Dicho de otro modo, lo que pierda la banca por un lado lo puede ganar por otro, y el balance final seguramente será positivo para ella. Que lo sea para los ciudadanos, en cambio, es harina de otro costal. Sobre todo si facilitar el ahorro para la jubilación encierra un reconocimiento implícito de que el sistema público no da más de sí y hay que ir olvidándolo. Lo cual sería una auténtica catástrofe.

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