Fernando Luengo, economista

Blog Otra economía: https://fernandoluengo.wordpress.com

@fluengoe

Emergencia y reconstrucción, también en clave de emergencia. La intervención de los gobiernos tiene que moverse en esas coordenadas.

Importa y mucho el volumen de recursos que se movilice, que tiene que estar a la altura del gigantesco desafío que tenemos por delante. Y también su financiación. Es el momento de romper tabúes, de superar líneas rojas, hasta ahora infranqueables, por ideología y por los intereses que se atrincheran en la misma.

Un paso, en este sentido, es la aceptación de que, en esta situación de excepcionalidad, el Pacto para la Estabilidad de Crecimiento (PEC), con sus estrictos objetivos de déficit y deuda públicos, no se puede cumplir. En realidad, aunque se hubieran mantenido esos objetivos, no se habrían alcanzado. En una economía en caída libre, la capacidad recaudatoria también se reduce de manera sustancial; en paralelo, los distintos programas de ayuda puestos en marcha en estas semanas con cargo a las cuentas públicas cristalizan en un igualmente importante aumento del gasto presupuestario.

En consecuencia, el PEC se ha puesto en cuarentena, hasta que la situación se "normalice", ¿hasta que la pandemia se controle? ¿hasta que el Producto Interior Bruto registre de nuevo cifras positivas positivo? Silencio, como si fuera mejor no entrar ahora en este delicado asunto.

Pero, sin embargo, es crucial entrar en él. No sólo porque la pandemia nos enseña, de manera dolorosa, que para cuidar y cuidarnos es imprescindible un sector público potente y de calidad, que las políticas aplicadas en estos últimos años han intentado dinamitar. No sólo eso. También, porque una política centrada en los ajustes presupuestarios (soportados por las clases populares) aumenta la desigualdad e intensifica las fracturas productivas y territoriales; y porque la Europa de la austeridad presupuestaria es una pieza clave de esa Europa donde la ciudadanía cede soberanía en beneficio de las elites, es el proyecto de las oligarquías. Hay que dar el paso, hay que superar la línea roja que representa el PEC, suprimirlo, pues sólo desde esa posición se puede abrir el debate sobre la Europa que necesitan las mayorías sociales.

Como acabo se señalar, la respuesta a la pandemia ha sido aparcar las exigencias de Bruselas en materia de déficit y deuda, que inevitablemente están aumentando con rapidez en todos los países de la Unión Europea. En este escenario, ¿de dónde procederán los recursos necesarios para enfrentar la pandemia y para abordar la reconstrucción? Esta es una pregunta clave que nos sitúa en la segunda de las líneas rojas que no se traspasa y que, sin embargo, sería muy necesario hacerlo.

La industria financiera está en el centro de todas las propuestas. Los mayores niveles de deuda pública de los gobiernos se financian en su mayor parte acudiendo a los mercados privados de capital. Lo mismo con los prestamos canalizados a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad y los avales proporcionados por el Banco Europeo de Inversiones. También las políticas "fleximilización cuantitativa" llevadas a cabo por el Banco Central Europeo (BCE), destinadas a proporcionar financiación en condiciones muy ventajosas a la industria financiera y las grandes corporaciones (dinero que no ha llegado a la ciudadanía necesitada y a la mayor parte de las empresas)

La propuesta más ambiciosa de modificar el presupuesto europeo, sobre la que en absoluto hay consenso, nos habla de aumentarlo hasta situarlo en el 2% (actualmente, supera ligeramente el 1%), unos porcentajes que lo dicen todo sobre la limitada voluntad y capacidad redistributiva de las instituciones comunitarias. La cosa está clara, no disputar el espacio de los mercados, el que ocupan los grandes bancos obteniendo enormes beneficios.

Aunque todavía no se conocen los detalles de la propuesta de España en la próxima reunión de la Comisión Europea -un fondo europeo que proporcionaría recursos a los países en forma de transferencias, de modo que no computarían como deuda- también generarían la obligación de pagar intereses a los bancos que financiasen ese fondo.

Siguen cerradas a cal y canto las medidas más ambiciosas, imprescindibles para responder a la situación de emergencia, que no será coyuntural sino estructural. Con el pretexto de que habría que cambiar el tratado fundacional del BCE, no se contempla la financiación directa de esta institución a los gobiernos, actuar en definitiva como un verdadero banco central. Ni, por supuesto, está sobre la mesa una actuación enérgica en el sentido de movilizar recursos de los ricos, de las grandes fortunas y patrimonios, de las grandes corporaciones, de las elites empresariales.

La crisis vuelve a situar en el centro de todo el negocio de la deuda, y, ya lo sabemos, en ese contexto, como siempre, la banca gana.