Lo del Banco de España tiene delito

Cuando parecía haber salvado los muebles de época -que un exgobernador del Banco de España no es de los que compran en Ikea-, la Audiencia Nacional ha dado un revolcón al juez Fernando Andreu y le ha ordenado que cite como investigado (imputado) a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias Mafo, y con él a los responsables de supervisión del Banco y al expresidente de la CNMV, Julio Segura, entre otros, por autorizar la salida a Bolsa de Bankia pese a las advertencias de los inspectores sobre la inviabilidad del engendro.

Dichas advertencias, plasmadas en varios correos electrónicos del inspector José Antonio Casasús a sus superiores, fueron ignoradas, hasta el punto de que tres días después de recibir el primero de estos escritos el jefe de supervisión en BFA-Bankia, Pedro Comín, y el director del departamento, Pedro González, informaron a favor de la salida a Bolsa a la comisión ejecutiva del Banco de España, que aprobó la operación en vista de sus recomendaciones. Lo que para el juez Andreu eran poco menos que chascarrillos de Casasús, apuntes de carácter “informal y espontáneo”, constituyen para la Sala de lo Penal de la Audiencia “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad”.

La imputación de los supervisores viene a plantear judicialmente la pregunta que el común de los mortales se hace desde hace ocho años. ¿Qué demonios supervisaba esta gente para que el sistema financiero más solvente del mundo, tal era la milonga en compás de dos por cuatro que cantaba Zapatero, haya necesitado que se comprometan 220.000 millones de dinero público para su restructuración? ¿A quiénes servían en realidad?

No se podía alegar ignorancia porque de la degradación consciente de la actividad inspectora ya había sido advertido el ministro de Economía Pedro Solbes allá por 2006, justo el año en el que Mafo se convertía en el funcionario público mejor pagado en sustitución de Jaime Caruana, el gobernador de Aznar. Lejos de cambiarse, las malas prácticas continuaron durante años sin que nadie apuntara a los culpables.

Hubo que esperar a enero de 2013 para que la Asociación de Inspectores del Banco de España denunciara en un durísimo documento que la cúpula de la entidad alteraba conscientemente sus conclusiones y que su reacción ante indicios claros de delito era mirar hacia otro lado. Ello explicaba por qué algunos de los informes de la inspección fueran sin firma, sin que nadie se hiciera responsable. No había que molestar a los poderosos ni desvelar conductas perjudiciales para la gestión y solvencia de bancos y cajas, ni, por supuesto, alertar de las remuneraciones desmedidas de sus capitostes. Las directrices estaban claras: o se extendía la manta para que nadie quedara con el culo al aire o, directamente, se rebajaban las exigencias para que todos aprobaran el examen con nota.

Tan sólido era el sistema que si de algo carecía era de liquidez. La primera evidencia de que los controles fallaban y de que los auditores eran un chiste se materializó en la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, cuyos beneficios declarados de 30 millones en 2008 se convirtieron en pérdidas de 762 millones tras ser intervenida. Sonaron las alarmas y Fernández Ordóñez se puso manos a la obra. En vez de afrontar la realidad impuso el celestinaje. Había que casar a las cajas a toda prisa, maquillar su ruina, especialmente la del oso verde, que, como se temía, derribó el castillo de naipes e hizo quebrar no ya al sistema sino al país entero.

Siguiendo una vieja tradición, quién cortaba el bacalao en el Banco de España era el subgobernador, Javier Aríztegui, a cuyas órdenes estaba la dirección general de Supervisión y el cuerpo de inspectores. Según la Asociación antes mencionada, se implantaron filtros artificiales con el único objetivo de desvirtuar las conclusiones de los fiscalizadores bajo la presión de los grandes banqueros, a los que no había que molestar bajo ninguna circunstancia. Entre tanto, Fernández Ordóñez se dedicaba a dictar sus mandamientos sobre salarios y pensiones, que lo de supervisar le dejaba mucho tiempo libre.

En diciembre de 2010 la Comisión Europea identificó al culpable de la ruina: si el Banco de España hubiera aumentado las obligaciones de capital para las operaciones en las que bancos y cajas concedían hipotecas muy superiores al valor real de las viviendas no habría habido burbuja ni estallido. En vez de eso, se ocultó el fraude de no contabilizar esos activos al precio real de mercado, y todo para que la banca no diera pérdidas a costa de que el crédito se esfumara.

Estas negligentes actuaciones condujeron al país a las tinieblas. Cientos de miles de familias han quedado expuestas a una crisis implacable que se ha llevado por delante a toda una generación de españoles. Tras conocerse el auto de la Audiencia, tres directivos del Banco de España que serán imputados presentaban su renuncia. Por lo visto, seguían supervisando. Al exgobernador la decisión judicial ha debido de pillarle tocando la lira, la misma afición que tenía cuando estaba en el cargo y Roma ardía. Estamos impacientes por escuchar como acaba la serenata.