Bankia. La nacionalización como rescate

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

El negocio de la banca es generalmente discreto. Los banqueros no gustan estar en titulares de prensa, no quieren ser noticia de primera. Todo eso refleja sobresaltos que ponen en cuestión el buen nombre de las entidades, generan desconfianza en la seguridad de su acción y arriesgan dar con ellas en tierra. La gestión de la crisis de Bankia parece haber estado dictada por criterios contrarios a los anteriores: rumores, noticias, más rumores, más noticias, dimisiones, declaraciones, suposiciones, giros repentinos, propuestas contradictorias. Un espectáculo de desconcierto e improvisación que muestra particular impericia en los gobernantes.

A estas alturas nadie sabe con exactitud cuál es la situación real del cuarto banco español que, hasta la fecha, al parecer, no ha rendido cumplida cuenta de su acción. Por eso se lo describe como el obstáculo a que las medidas del gobierno tengan el efecto que buscan. Algo que Rajoy no se explicaba hasta que alguien le sopló que el problema era Bankia (de la que los mercados no se fiaban) y el problema del problema, Rato. En 36 horas Rato estaba en la calle y su delfín Goirigolzarri tomaba posesión como administrador efímero porque se limitó a transferirla en el mismo acto al Estado. Tal fue la brevedad que cabe preguntar por qué no hizo la transmisión el propio Rato. Probablemente porque su visión era la contraria; por lo menos dejó tras de sí una declaración triunfalista según la cual Bankia está en perfecto estado de salud y no necesita intervención alguna.

Al nacionalizar la entidad, el gobierno puede estar haciendo un buen negocio o un negocio ruinoso, según cómo esté aquella, si como dice Rato o como supone su sucesor. Lo segundo debe de ser lo cierto dado que la derecha no nacionaliza sino que privatiza los beneficios. Son las pérdidas las que socializa y eso es lo que hace ahora. Si el dinero público que se aporte es o no a fondo perdido es una discusión inane; a la larga, será a fondo perdido y, en todo caso, no estará disponible aquí y ahora para situaciones de emergencia que, por desgracia, son ya habituales en el quinto año de la crisis.

La intención del gobierno, porque así está en la norma, es devolver a la iniciativa privada las entidades intervenidas y nacionalizadas tan pronto estén saneadas. Esto no lo hacen los Estados con las pequeñas, las medianas ni siquiera las grandes empresas. Pero sí con los bancos por su importancia estratégica. La cuestión en este caso es cómo se sanea. Da la impresión de que la banca trata de descargar todo su volumen enfermo de ladrillo en el Estado. Esto quiere decir descargar sus pérdidas sobre la sociedad en su conjunto no solo ahora sino también en el futuro ya que, obviamente, el único modo que tiene el Estado de liberarse de la acumulación del ladrillo es deprimiendo el mercado de la construcción y la vivienda durante los próximos años. Es decir, el resultado de la socialización de las pérdidas de Bankia, aparte de resolver el problema de esta, es generar un nuevo conflicto social entre oferta y demanda de vivienda en propiedad o alquiler.

Conseguir que lo que ahora se nacionaliza se mantenga en el ámbito público y no sea reprivatizado posteriormente una vez vuelva a generar beneficios mientras la sociedad sigue pagando por los errores (o las ilegalidades) de otros, es algo que pondrá a prueba la fuerza de la izquierda.