La presentación del nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado es una buena noticia. Una buena noticia obligada porque empezaba a ser surrealista que se siguiera gobernando una economía que sufre la peor crisis de su historia reciente con unas cuentas elaboradas hace casi tres años, en periodo de expansión.

Cuando se aprobaron los todavía vigentes, en abril de 2018, el entonces aspirante y ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que se trataba de unos Presupuestos de "crecimiento sin derechos" y ahora -quién se lo iba a decir entonces- se debe enfrentar a la cuadratura del círculo presentando otros con derechos sin crecimiento.

Los Presupuestos que se acaban de presentar son una solución de compromiso de muy difícil factura que obligan -y van a seguir obligando- a que la Ministra de Hacienda haga auténticos encajes de bolillos para poder cuadrar las cuentas. Por un lado, ha tenido que hacer frente al tironeo y a la guerra de intereses entre PSOE y Unidas Podemos, el primero más atento que el segundo a la hora de templar a los grandes poderes económicos y el segundo más empeñado en sacar adelante propuestas de mayor calado social pero difícilmente financiables en estos momentos. Por otro lado, ha debido tener en cuenta que el voto de los independentistas –a quienes el Estado le importa un bledo como sus portavoces más sinceros reconocen-, que será imprescindible para poder aprobarlos. Y en medio habrá más dificultades porque es lógico que el Ejecutivo trate de arañar más votos favorables -incluso los de Ciudadanos si fuese posible-, además de contentar las muy diferentes demandas que se hacen desde las comunidades autónomas. Y todo ello, sin olvidar que Europa mirará con lupa no sólo lo presupuestado sino su ejecución y los efectos macroeconómicos que produzcan las cuentas que finalmente se aprueben. Un rompecabezas que va a poner a prueba el buen hacer que hasta ahora viene haciendo la ministra Montero y su equipo.

El proyecto de Presupuestos es destacable, e incluso me atrevería a decir que histórico, por diversas razones positivas, pero también merece algunas observaciones sobre los problemas que pueden acompañarlos.

Lo más destacable que quizá cabe señalar es que suponen una inyección de gasto extraordinario que es imprescindible para aliviar en la medida de lo posible los efectos de la pandemia cuando se han detenido los motores del gasto privado. Y no menos importante es el profundo calado social que impregna la política de gasto. Como decía antes, el Gobierno ha hecho un esfuerzo ímprobo, teniendo en cuenta la coyuntura y la escasez del momento, para hacer unos presupuestos con derechos cuando no sólo no hay crecimiento, sino que sufrimos la caída más fuerte del PIB de los últimos 150 años, si se exceptúan los años de guerra civil.

Sin embargo, diversas razones deben mantenernos alerta y nos impiden tirar las campanas al vuelo.

En primer lugar, yo creo que sólo un milagro permitirá que se cumpla el escenario macroeconómico previsto a la hora de elaborar estos Presupuestos. Por tanto, no van a tener el efecto sanador que se les supone y darán problemas a la hora de financiar y ejecutar el gasto previsto.

En segundo lugar, hay que tener presente que estos Presupuestos serían históricos por su ambición en tiempos de normalidad pero, en la situación en la que estamos y en la peor a la que vamos a llegar en los próximos meses, van a resultar completamente insuficientes. Desgraciadamente, ya en estos momentos nos hace falta más munición y será mucha más la que necesitemos en los próximos meses para combatir el casi seguro empeoramiento de la situación económica si, como parece lo más probable, no somos capaces de atajar muy rápidamente la pandemia.

Por último, me temo que el incremento de gasto social no basta por sí mismo para impulsar las transformaciones estructurales urgentes que habría que comenzar a poner en marcha para salir medio indemnes de esta crisis de la covid-19.

A mi juicio, la clave de la insuficiencia de estos Presupuestos para ser completamente efectivos radica justamente en que estamos fracasando en la lucha contra la covid-19. Hemos comprobado, desgraciadamente, que una desescalada mal diseñada y peor ejecutada alargó la primera ola cuando debería de haberse aplanado por completo y que eso nos está llevando a cifras récord de contagios y hospitalizaciones cuando la segunda oleada ni siquiera se ha manifestado todavía con toda su intensidad.

La explicación de este fracaso sanitario (determinante del económico que nos amenaza) es, sin duda, plural, pero me atrevo a establecer una hipótesis principal.

Los estudios que se vienen realizando sobre la evolución de la pandemia y sus consecuencias económicas indican claramente que la confianza, el apoyo público a las medidas adoptadas y la cohesión social son las variables fundamentales a la hora de combatirla con eficacia. Y es en este aspecto en el que creo que España está fracasando.

Me parece una evidencia clamorosa que la oposición de derechas se ha dedicado justamente a minar la confianza de la sociedad en el Gobierno y a quebrar cualquier intento de generar cohesión social. Pero también es cierto que el Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias.

Los investigadores Olivier Bargain y Ulugbek Aminjonov lo dicen muy claro en un artículo precisamente titulado Confianza y cumplimiento de las políticas de salud pública en la época del COVID-19: "En tiempos de emergencias nacionales, el intento de los políticos por recuperar la confianza es vital". Y eso se puede hacer, siguen diciendo, mediante "una comunicación mucho más clara sobre lo que sabemos de los científicos, más pedagogía para explicar las razones que subyacen a la acción pública y coherencia intertemporal en las decisiones políticas". Estrategias que yo creo que han estado casi ausentes en la política contra la pandemia de nuestro Gobierno.

España está fallando en la contención de la pandemia porque tenemos una derecha ruin que ha antepuesto sus intereses electorales y su dependencia de los grandes poderes a los del conjunto de la población, pero también porque la falta de liderazgo ha impedido que la emergencia y el peligro (como ha ocurrido en otros lugares) sirva para fortalecer la cohesión y el apoyo a las instituciones. Es más, los grandes poderes económicos, financieros y mediáticos utilizan el desconcierto que produce la crisis y las debilitan aún más, haciéndola aún menos confiables, cuando entran por la puerta de atrás del Estado para obtener ventajas, aprovechando precisamente la vulnerabilidad que supone disponer de una administración pública sin recursos suficientes y atrasada, una de Justicia tan sesgada política e ideológicamente, un Estado de las autonomías muy imperfecto o instituciones de representación política poco transparentes, cesaristas y demasiado alejadas de la población representada.

Contratar a despachos de abogados vinculados a las grandes empresas para gestionar el reparto de los fondos europeos, aprovechar la crisis para facilitar el desembarco de los fondos de ahorro privado en el sistema público de pensiones, regalar Bankia al capital bancario, que el Tribunal Supremo se salte a la torera al Constitucional para darle dinero a la banca cuando más lo necesita el Estado, o que el ministro de Sanidad y la clase política en general pidan a los jóvenes que no vayan a las fiestas o a realizar botellones y al mismo tiempo se vayan ellos de bares o a saraos multitudinarios... son algunos ejemplos de lo que no se puede hacer si se quiere que la población se cohesione, confíe y arrope a las instituciones. Así, lo que se produce es hastío, indignación y alejamiento.

Se puede entender la improvisación, es lógico que se produzcan errores de previsión en medio de una pandemia que nadie sabe cómo evoluciona e incluso cabe justificar las contradicciones y las idas y venidas a la hora de tomar decisiones. Pero lo que no puede admitirse es que cuando eso ocurra no se reconozca y se oculten a la población los errores y fallos o se les quieran hacer pasar por alto, como si nada hubiera pasado. Y mucho menos está justificado que se actúe con incoherencia.

Bienvenidos, pues, los nuevos Presupuestos pero si no aumenta la eficacia de la lucha contra la pandemia no servirán de mucho. Hay que reclamar al Gobierno que emprenda con más ahínco la búsqueda de la confianza y complicidad explicando mejor y con la máxima transparencia, rindiendo cuentas, exigiendo responsabilidades, buscando acuerdos amplios con la sociedad civil y no haciéndose fuerte contra los débiles sino frente a quienes no paran de maniobrar para quedarse con todo. Pero también hay que reclamar coherencia a la ciudadanía: si no se apoya al Gobierno en un trance como este, en medio de la emergencia, tampoco se le puede pedir que defienda con eficacia y acierto, como se supone que todos queremos, los intereses nacionales.