Coincidencia significativa. En esta semana tanto Madrid como Barcelona empiezan a sufrir las consecuencias sociales derivadas de la grave involución autoritaria del Gobierno Rajoy. Las elecciones del 155 en la capital catalana coinciden con la aplicación del 135 en la capital del Estado español. Si el próximo jueves sabremos quien ha vencido en las urnas barcelonesas, desde ayer lunes sabemos quien ha perdido en el ayuntamiento madrileño. Con el mismo desparpajo que Soraya Saenz de Santamaría, al mostrar las dos cabezas políticas de Puigdemont y Junqueras como trofeos de guerra, Cristóbal Montoro agita la testa de Carlos Sánchez Matos, recién cesado como actual delegado de Hacienda del municipio madrileño por la alcaldesa Manuela Carmena. Es una seria declaración de guerra del PP para intentar descabezar el poder municipal en Madrid como ha sido descabezado el poder autonómico en Barcelona.

Desde la intervención del ministro de Hacienda, la alcaldesa no tenía otra opción que la de cesar al propio delegado de Hacienda que se negaba a acatar las consecuencias generadas por la previa práctica interventora del ministerio. De lo contrario, el previsible conflicto crearía las condiciones para que la Moncloa pudiera intervenir todavía bastante más en el equipo municipal del gobierno progresista. Plantear hoy la batalla en defensa de la autonomía municipal desde el mismo municipio era plantearla allí donde Montoro tendría mucho más fácil afrontarla. Debe ser el Congreso de los Diputados, donde Zapatero con ayuda de Rajoy impuso con alevosía y nocturnidad la reforma del 135 de la Constitución, quien corrija este atentado al gasto social que fue aquella reforma dictada por Merkel.

La discrepancia existente en el ayuntamiento no es sobre la naturaleza del 135 sino sobre cómo debe ser combatido. Discusión que, lógicamente, no puede darse en un órgano de gobierno municipal que está siempre obligado a cumplir la ley. La no aprobación del Plan Económico Financiero prolongaría hoy la tutela de las cuentas municipales a la vez que también impediría levantar la suspensión cautelar de las inversiones proyectadas. Es decir, al serio daño ya causado por la intervención de Montoro habría que sumar los nuevos daños generados por la segura respuesta ministerial al bloqueo de dicho Plan Económico Financiero. Llama la atención, en este sentido, la votación del PSOE en contra de la injusta regla de gasto establecida por el 135 en Madrid cuando fue, precisamente, el PSOE quien impuso el 135 en toda España.

Se equivocaría quien interpretase en clave económica el chantaje de Montoro al ayuntamiento de Madrid. Todo lo contrario. La operación de Hacienda es política desde el primer momento. Busca disminuir al máximo o anular los recursos presupuestarios tanto como fomentar la división interna entre sus concejales. Si Madrid, que ha cumplido con la reducción de la deuda tanto como ha generado superavit, se ve obligado a pasar por las horcas caudinas de Montoro, cabe interrogarse por el nivel real de autonomía del poder municipal. Esa interrogante, que puede desembocar en la apatía ciudadana, es la que ahora mismo persigue suscitar la Moncloa en la sociedad madrileña. Al fin y al cabo, solo queda apenas año y medio para la convocatoria de nuevas elecciones municipales en la que el Partido Popular espera liquidar los ayuntamientos democráticos.

La derecha, muy crecida con la manipulación del problema que ha creado en Cataluña, estima que ahora puede plantearse la recuperación del poder municipal hoy en manos de la izquierda. Sabe que el municipalismo es el principal foco de resistencia a su política antisocial y autoritaria. La patente buena gestión de los ayuntamientos democráticos es un serio hándicap para los objetivos actuales de la Moncloa. Luego, minarlos, reducirlos, dividirlos y desmoralizarlos es fundamental para la batalla de Madrid que estallará en la primavera de 2019, donde el no pasarán volverá a resonar por las cuatro esquinas de la capital madrileña. No hace falta señalar la importancia de su desenlace de cara a las simultáneas batallas que se desarrollarán en miles de municipios, hoy dirigidos por las fuerzas progresistas.

Mucho menos recordar la importancia decisiva de las elecciones municipales, como en las vísperas de la expulsión de Alfonso XIII, para resaltar la mucha preocupación con la que toda la derecha, tanto Rajoy como Rivera, observa los próximos comicios locales, en medio de un conjunto de crisis que España no vivía desde la caída de la dictablanda del general Primo de Rivera. Ninguno de sus líderes piensa que puede sostenerse sentado lunes, miércoles y viernes en el 135, martes, jueves y sábado en el 155 si antes no ha sometido al poder municipal como intenta someter al autonómico. Esa es la razón de la apremiante ofensiva de Cristóbal Montoro, aunque, quizás, sea tan prematura que se vuelva contra el ministro como un bumerán al grito de no pasarán. Todo depende de que las fuerzas progresistas sepan eludir el infantilismo político para responder con inteligencia, paciencia y flexibilidad.