Según un informe de la ONG Oxfam Intermón “las élites económicas están secuestrando el poder político para manipular las reglas del juego económico, que socava la democracia”. Asimismo, un estudio de la Universidad de Zurich reveló que un pequeño grupo de 147 grandes corporaciones trasnacionales, principalmente financieras y minero extractivas controlan, en la práctica, la economía global. En Europa el Banco Central Europeo (BCE), al igual que otros Bancos Centrales, tiene autonomía del poder político, es decir, actúa sin control democrático pese a que en democracia, dicen, es el pueblo el que gobierna a través de sus representantes. Muchas de las decisiones que toman los gobiernos dependen directamente de las decisiones del BCE. Conceder al BCE, institución que toma medidas de las que depende en buena parte la economía de la UE, independencia de los representantes del pueblo ha sido un flagrante y explícito golpe de gracia a una democracia aparente. Antes de esto decidían los políticos elegidos, aunque de hecho decidían los dueños del dinero en el secreto de sus despachos inaccesibles. Pero están tan seguros de su poder y de la docilidad general que se han atrevido a salir de la sombra y gobernar directamente. Los mercados, es decir, quienes los controlan, marcan la política del BCE y otros Bancos Centrales y éstos marcan la política que realizan los políticos elegidos por el pueblo.

La política monetaria, es el proceso por el cuál la autoridad monetaria, entre los que se encuentran el Gobierno y el Banco Central de un país, en nuestro caso el Banco de España sometido a los designios del Banco Central Europeo (BCE), controla la oferta monetaria y disponibilidad del dinero, o sea, la ampliación o reducción de la cantidad de dinero en circulación, a menudo a través de los tipos de interés, con el propósito de mantener la estabilidad y crecimiento económico. Mientras que la política fiscal engloba actuaciones que afectan al gasto público y a los impuestos y que impactan en primer lugar en el mercado de bienes y servicios. Es la política que sigue el sector público respecto de decisiones sobre gasto, impuestos y sobre endeudamiento. Evidentemente intervienen, entre otros, tanto los Presupuestos como la Agencia Tributaria.

A nadie le sorprende que la política fiscal dependa, por lo menos en apariencia, del gobierno elegido democráticamente. Entre los principales objetivos de un gobierno debe estar el promover el bienestar de la sociedad protegiendo las libertades individuales. El gobierno cuenta con un importante volumen de ingresos, cuya mayor parte deriva de los impuestos, decidiendo la cuantía de los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, y de los impuestos indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido. Estos ingresos los destina en gastos corrientes de la administración, como los salarios de los funcionarios públicos, y en distintos bienes y servicios, como construcción de hospitales o carreteras, de acuerdo con los intereses de la sociedad y de su programa político. Sin embargo, cuando hablamos de políticas monetarias, la democracia, o la apariencia, pasa a segundo término o simplemente se diluye y desaparece ya que la política monetaria es el conjunto de medidas tomadas por el Banco Central Europeo (BCE) mediante la ampliación o reducción de la cantidad de dinero en circulación y la alteración de los tipos de interés.

Lo lógico, en una democracia, es que las políticas monetarias se desarrollaran según los dictados políticos de los representantes de la población. No es así, el BCE es independiente, del poder político, porque el Banco Central Alemán así lo decidió. La dependencia es clara, por eso no es de extrañar que la sede se encuentre en Francfort de Meno, sede del capitalismo financiero alemán, al lado del Bundesbank (Banco Central Alemán). Las políticas del BCE se rigen por políticas que favorecen al capital financiero, favorecen sistemáticamente a la banca privada a costa de los Estados. El BCE ha impreso dinero que ha prestado a bajísimos intereses, al 0,75% o 1% a los bancos privados que han comprado deuda pública de los Estados. Los mismos estados que al no poder obtener préstamos directamente del BCE han tenido que conseguirlo a través de bancos privados que les hecho pagar intereses de un 3%, 4% incluso 7%, llegando, en ocasiones, al 15%. De ahí los altísimos beneficios de la banca privada y los enormes recortes del gasto público. Esta es una clara muestra de la sumisión de la UE al mundo financiero, recogido en el art. 104 del Tratado de Maastrich el cual prohíbe expresamente que el BCE financie a los estados de la moneda única.

El BCE no puede prestar dinero directamente a los países europeos ni comprar su deuda, pero puede prestárselos a los bancos privados de manera que cuando estos necesitan dinero lo tienen que pedir a los bancos privados o emitir deuda pública. La diferencia estriba en que obtener el dinero directamente del BCE no tendría interés, o un interés bajísimo, mientras que obtenerlo de la banca privada supone pagar intereses mucho más elevados. Los políticos o representantes públicos, aquellas personas elegidas por el pueblo mediante el sufragio, no tienen acceso a las decisiones que en este organismo se adoptan, y además se ven obligados a cumplir la órdenes que de él provienen. Que las decisiones del BCE favorecen a un determinado factor está claro desde que estalló la crisis y hemos visto como se han rescatado instituciones financieras inyectando en torno a 880.000 millones de euros con dinero público mientras al resto de la población se le ha limitado el crédito. En el caso del Estado español, si se calcula la diferencia entre los intereses que han venido pagando las administraciones públicas y lo que habrían tenido que pagar al tipo de interés oficial con el que el BCE presta dinero a las entidades privadas, sólo en el período del 2008 al 2013 se obtiene un sobrecoste de más de 100.000 millones de euros que tiene que desembolsar la población española a la banca privada. Sólo con esta cantidad se podrían haber evitado la mayor parte de los recortes salariales.

El año pasado el diario británico, Financial Times, denunció que varios miembros del Comité Ejecutivo del BCE se reunieron con banqueros días antes de que la institución monetaria tomara decisiones muy relevantes sobre política monetaria. El instituto Bruegel, uno de los think tanks más influyentes de Bruselas, destaca en un reciente informe las deficiencias democráticas y de transparencia del BCE frente a la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Inglaterra. Así, por ejemplo, el Senado de EE.UU. puede vetar los nombramientos del presidente para la Fed y se puede cambiar el mandato del banco emisor. A diferencia de la Fed y del Bank of England, el BCE sigue sin hacer públicos los protocolos de las reuniones en las que se decide sobre los tipos de interés. El argumento para defender esta opacidad es que los consejeros podrían exponerse a presiones de sus países de origen si se conocieran las posiciones que toman respecto a la política monetaria.

El presidente del BCE, Mario Draghi, fue un alto ejecutivo de Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión mundial y co-responsable directo, junto a otras entidades como la agencia de calificación Moody’s de la crisis actual y uno de sus mayores beneficiarios. El sueldo de Mario Draghi, como presidente del BCE, aumentó un 1,6% en 2015 hasta los 385.860 euros situándose muy por encima de la tasa de inflación interanual de la zona euro, que en diciembre de 2015 fue del 0,2%. Mientras nos recortan servicios básicos, el presidente del BCE, desde el estallido de la crisis financiera en 2007, ha visto incrementado su salario en un 11,7%. El resto de salarios de los distintos cargos directivos, son todo menos austeros, así el vicepresidente recibió en 2015 un salario básico de 330.744 euros y el resto de miembros del directorio del BCE cobraron entre 271.140 euros anuales y 275.604 euros. Los miembros del Consejo de Supervisión empleados por el BCE recibieron en 2015 sueldos de 352.256 euros. El BCE dedica a gastos de personal un total de 306,4 millones de euros.

Como decía Víctor Hugo: “La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad: la cobardía es un consentimiento; existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer”

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