Luz Gómez

Profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid

El BDS (Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones por Palestina) avanza en todo el mundo. La última buena noticia ha sido el anuncio de su candidatura al Premio Nobel de la Paz, promovida por Bjørnar Moxnes, líder del Partido Rojo noruego y parlamentario. No es un simple gesto, pues el Comité Noruego del Nobel está compuesto por cinco miembros del Parlamento, y Moxnes ha hecho uso de sus atribuciones parlamentarias para lanzar la candidatura. Poco importa que las posibilidades de obtener el galardón sean escasísimas dada la envergadura de la campaña anti-BDS promovida por Israel, y menos aún que algunos premiados con anterioridad por el Nobel dejen bastante que desear en términos de paz y prosperidad para el planeta. El BDS está ahí, en la agenda del Nobel, y eso es mucho más de lo que cabía imaginar en 2005, cuando el Comité Nacional Palestino hizo su llamamiento al BDS desde Ramala.

Han pasado casi trece años y las tres demandas que pusieron en marcha la campaña de BDS contra Israel siguen siendo irrenunciables: el fin de la Ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental; el cumplimiento del derecho al retorno de los refugiados palestinos; y el desmantelamiento del régimen de apartheid al que Israel somete a sus propios ciudadanos palestinos. Fueron la sociedad civil palestina, sus asociaciones de mujeres y cívico-culturales, sus sindicatos y sus movimientos estudiantiles quienes llamaron a los ciudadanos concienciados del mundo a unirse en una lucha civil y pacífica contra la vulneración de los derechos humanos en Palestina. Si fue posible en Sudáfrica ¿por qué no en Palestina?, era y es el planteamiento.

Hasta que Israel no cumpla con la resoluciones internacionales y con la igualdad de todos sus ciudadanos, sin distinción por su origen étnico o confesional, todos estamos llamados a participar en la campaña de boicot económico, cultural, académico y deportivo; a presionar a empresas y organismos financieros para que no inviertan en compañías e instituciones que vulneren los derechos de los palestinos; y a exigir a nuestros Gobiernos y a las instituciones internacionales que impongan a Israel las sanciones que correspondan por sus violaciones del derecho internacional. Los éxitos cosechados por el BDS han sido numerosos, y si empresas como Orange, Veolia y H&M se han visto sometidas a escrutinio y han revisado sus prácticas, no menos importante en términos de visibilidad internacional del movimiento son los apoyos de artistas y académicos de todas partes (la cantante Lorde ha sido la última en sumarse al boicot).

La Nakba, la expulsión y la limpieza étnica que acompañó la creación del Estado de Israel en 1948, de la que pronto se cumplirán setenta años, sigue estando dolorosamente viva. Tras las revoluciones árabes de 2011, la impunidad con que el Gobierno de Israel prosigue su proyecto de borrar Palestina del mapa ha encontrado nuevos aliados: desde Trump a los tiranos árabes de turno (Muhammad Ben Salmán en Arabia Saudí, Sisi en Egipto, Jalifa Ben Zayed en Emiratos Árabes Unidos), muy interesados en apoyar a un “amigo” cuyas políticas y negocios garantizan el statu quo regional. Los palestinos, a su vez, se las tienen que ver además con la incompetencia, cuando no iniquidad, de una Autoridad Nacional que a nadie representa. Su presidente, Mahmud Abbas, incluso se ha permitido reconocer que no apoya el boicot. Lo cual, por otra parte, casi es la corroboración de que el boicot es una estrategia correcta.

Israel sabe del poder corrosivo del BDS. Sus líderes se han mofado en público de la nula incidencia económica del boicot y las desinversiones, pero esto no deja de ser una forma de disimular el mucho daño que el BDS causa a su legitimidad, tan falsa como cacareada, de “única democracia de Oriente Medio”. El año pasado, el Gobierno de Israel previó una partida especial de 75 millones de dólares para la lucha contra el BDS. Se han formado grupos especiales de contrainformación e intervención, a menudo en estrecha relación con las embajadas de Israel en cada país, con especial atención a la marcha del BDS en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Francia. En España, donde el movimiento de solidaridad con Palestina tiene una larga historia e Israel se sabe débil ante la opinión pública, esta contracampaña se está dejando sentir sobre todo en el acoso judicial al que someten personas físicas y jurídicas de dudosa procedencia a los más de cien ayuntamientos y diputaciones que se han sumado a la Campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí, parte de la campaña general del BDS.

Pero los miembros del comité que concede el Premio Nobel de la Paz no dejan de sorprender al mundo de vez en cuando, y desde las revoluciones árabes de 2011 han sido especialmente sensibles a las demandas de libertad, dignidad y justicia de los pueblos árabes: en 2011 reconocieron la labor pionera en defensa de los derechos humanos de la periodista yemení Tawakkul Karman; y en 2015 dieron un galardón conjunto al Cuarteto de Diálogo Nacional Tunecino, un grupo de organizaciones tunecinas por la lucha democrática en su país. Tampoco hay que despreciar el peso de otros galardonados que con decisión han apoyado el BDS, como el arzobispo sudafricano Desmond Tutu o la activista norirlandesa Mairead Maguire. Bjørnar Moxnes, el promotor de este Nobel, ha resumido bien el significado transpalestino que además tendría el Nobel de la Paz para el BDS: “Parar las políticas racistas y de ultraderecha en auge, que están llevándose consigo gran parte del mundo en el que creemos, y demostrar que la libertad, la justicia y la igualdad son para todos”. En septiembre se conocerá la lista de los finalistas; hasta entonces, Moxnes nos invita a sumar esfuerzos para que el BDS siga haciendo historia.