El Brexit fue, desde el comienzo, un proyecto político de la derecha británica. Una oportunidad para construir una plaza financiera hipertrofiada al otro lado del Canal de la Mancha con una economía desregulada y mercados de trabajo aún más precarios y fragmentados.

En el contexto británico, el referendo concitó una importante movilización social y política y la propuesta a favor del Brexit se ganó el apoyo de una buena parte de sectores populares empobrecidos, insegurizados y olvidados por la política oficial. Sin duda, a través del referendo y del voto negativo a la propuesta de Cameron se buscaba dar una patada a las políticas que habían empobrecido a las clases medias británicas, ampliado una desigualdad sin precedentes y condenado a la miseria a zonas enteras del Reino Unido en una guetificación masiva y sin precedentes. En ese contexto la UE aparecía claramente impulsora de esas políticas cuyas consecuencias sociales estaban devastando el estado del bienestar británico.

El discurso alrededor de “retomar el control” ayudó a construir una coalición amplia que ofrecía el Brexit como el camino para una recuperación democrática de la política, fuera del marco de la UE. La distribución geográfica y social del voto expresaba esa diversidad y mezcla de apoyo de sectores populares muy deprimidos y los más ricos de los ricos en apoyo del Brexit, frente a la coalición más cosmopolita y urbana, pero también popular que defendió la permanencia del Reino Unido en la UE.

No pasó mucho tiempo antes de conocer la inconsistencia de la campaña que había dado la victoria al Brexit y el hecho de que la dirección y orientación política de esa iniciativa estaba claramente en manos de los sectores más reaccionarios de los conservadores británicos.

El resultado de estos meses de desbarajuste, caos interno y hartazgo generalizado es muy paradójico: de un lado la manifestación de este pasado sábado en Londres (la mayor de la reciente historia en el Reino Unido) dice que el conflicto político alrededor de la gestión del Brexit ha construido el mayor movimiento social proeuropeista en la Unión Europea. En ningún otro país se ha vivido una movilización social de masas de tal magnitud, extensión y transversalidad. A tal punto, que ni en las filas de los propios conservadores se puede negar ya la realidad de la demanda que el movimiento expresa: un segundo referendo para decidir el destino del Reino Unido. Y el movimiento ha construido un argumentario democrático difícilmente cuestionable: la gestión del Brexit ha puesto de manifiesto la inconsistencia de las razones que justificaron la salida de la UE y las mentiras en las que se fundó. Por lo tanto, resulta pertinente devolver la voz al pueblo para saber qué piensa ahora.

Un segundo efecto de esta situación es la evidencia del giro que se ha producido en los países y fuerzas más euroescépticas: más intergubernamentalismo antes que acabar con la UE. En este cambio de perspectiva la posible coordinación de las fuerzas de extrema derecha en el próximo Parlamento Europeo puede ser un importante hito. El Brexit ha evidenciado no solo la complejidad sino el escaso valor añadido -frente a los altos costes presumibles- de una salida de la UE. Por eso, las fuerzas políticas de la extrema derecha europea se aprestan a liderar un cambio constituyente en la UE y convertirla en un mercado único coordinado desde los países y con muy débiles instituciones supranacionales. Dicho en román paladino: menos control democrático, menos capacidad de seguimiento de las políticas del mercado único, bajo la excusa de recuperar soberanía nacional e identidad. Un auténtico paraíso para las multinacionales que podrán desarrollar estrategias lejos de cualquier control democrático o simplemente vigilancia o seguimiento. Olvidémonos, en este escenario, de las recientes multas a Apple o Google.

Una vez más conviene no equivocarse: las legítimas y más que justificadas críticas que pueden y deben realizarse a la UE no pueden confundirse con el hecho de que la alternativa construida alrededor del eje “soberanía nacional” está claramente liderado por la extrema derecha.

Lo decidido este pasado fin de semana por el Consejo de la UE hace más probable que, finalmente, se produzca un Brexit sin acuerdo. Esa ha sido desde el comienzo la salida preferida de los sectores más reaccionarios de los conservadores británicos. Y Teresa May parece, en realidad, haber coqueteado desde el comienzo con esta perspectiva. Desde la UE, desde el equipo de Barnier en particular, se les aconsejó llegar a un compromiso con los Laboristas para alcanzar una amplia mayoría a favor de un acuerdo de salida. Pero May se ha negado a esa posibilidad de acuerdo con Corbyn y ha actuado de manera que, en los hechos, hoy estamos más cerca de una salida sin acuerdo que al revés.

Por eso, a fecha de hoy las dos opciones más factibles son: una salida no negociada y un aplazamiento sine die del artículo 50. Para la primera opción, ambas partes han hecho provisiones legales y económicas, de manera que la salida sin acuerdo sea, al menos, relativamente controlada. La Comisión ha presentado 19 propuestas legislativas a tal fin (de las cuales están ya aprobadas 17). El Reino Unido ha creado un fondo dotado con más de 26 mil millones de libras a tal fin.

Recordemos que un no-acuerdo significa que a partir del momento mismo de la confirmación de la salida sin acuerdo: las relaciones entre ambas partes se regirán por el derecho internacional público, incluidas las normas de comercio de la OMC; se aplicarán normas y aranceles a todos los productos del Reino Unido y al revés. Así como controles y vigilancia aduanera a los productos que entran desde el Reino Unido. Las entidades del Reino Unido dejarán de ser elegibles para recibir subvenciones de la UE o participar de procedimientos de contratación en la UE. Así mismo los ciudadanos británicos dejarán de ser ciudadanos de la UE. Y se establecerán controles adicionales de documentación en las fronteras de la UE.

Los ensayos realizados hasta ahora para anticipar una situación como esta han mostrado el caos que puede crearse.

La segunda opción, el aplazamiento sine die del Brexit, exige la dimisión de Teresa May y la constitución de un nuevo gobierno en el Reino Unido. Probablemente, nuevas elecciones en este país y, desde luego, la participación de los británicos en las próximas elecciones europeas.

Entre tanto, el ruido constante que el Brexit produce impide dedicar atención a los debates sobre el futuro de Europa e intentar construir una alternativa. Una evidencia más de las servidumbres políticas que este tema está imponiendo.

El debate sobre el Brexit ha confundido a una parte de la izquierda que ha interpretado la condición popular de la cólera que se expresaba frente a la UE como un argumento imbatible de la condición de izquierdas del movimiento de salida del proyecto europeo. Lo cierto es que esto nunca fue así y tenemos que acostumbrarnos a hilar más fino a la hora de diferenciar los sujetos de las acciones sociales y la dirección política de los procesos que esos movimientos pueden poner en marcha.

La masiva movilización social a favor de un segundo referendo en UK sobre la pertenencia a la UE debería ser leído por la izquierda, como una oportunidad para impulsar los cambios constitucionales a favor de la mayoría que el proyecto de integración necesita. Sorprende creer que se puede afrontar cualquier proceso de cambio, reforma o salida de la UE sin una movilización social en esa dirección. Precisamente, se trata ahora, de que esta movilización social pueda convertirse en un potente motor de cambio.