¿Habría que eliminar las calles o las bibliotecas que rememoren la figura de Jorge Luis Borges porque elogiara públicamente a Augusto Pinochet y fuera sumiso ante la Junta Militar de Argentina? La misma capciosa pregunta cabría formular, por ejemplo, sobre el formidable poeta Ezra Pound juzgado en Estados Unidos por traición al relacionarse con el fascismo italiano o el antisemita Celine –el prodigioso autor de Viaje al fin de la noche--, condenado como colaboracionista de los nazis durante la invasión de Francia. La calidad de su obra, en cualquier caso, no guarda demasiada relación con sus reprobables convicciones. Igual ocurre con los escritores Agustín de Foxá o Eugenio D´Ors, que figuran entre los nombres que cabría eliminar del callejero en una base de datos que algunos historiadores utilizaron como herramienta de trabajo para eliminar el callejero franquista de Madrid, en virtud de la Ley de Memoria Histórica. A veces, este tipo de asuntos conlleva serias paradojas: años atrás, hubo una seria reconvención al Ayuntamiento de Sevilla porque negó un espacio público a dos asociaciones que pretendían rendir homenaje a Foxá. La actitud municipal provocó no sólo el rechazo de los correligionarios del autor de "Madrid, de corte a checa", sino diversos intelectuales de izquierdas; pero lo pintoresco es que la jueza Mercedes Alaya llegó a interrogar a una concejala de Izquierda Unida por un supuesto de prevaricación que, al menos, no llegó a ninguna parte.

En la supuesta lista negra de Madrid figuraban otros nombres célebres como los de Salvador Dalí, Miguel Mihura, Joaquín Turina, Josep Plá, José María Pemán, Ramiro de Maeztu, Gerardo Diego, Enrique Jardiel Poncela o Manuel Machado. E incluso Pedro Muñoz Seca, ejecutado prontamente en noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama, por sus convicciones monárquicas, por más que Alfonso XIII apoyara desde el exilio a la sublevación fascista y se declarase incluso soldado de Franco. La controversia es un puro tigre de papel: de existir algún conflicto por la pervivencia de dichos nombres en el callejero o en el mobiliario urbano, bien podría resolverse anteponiendo la condición respectiva de pintor, escritor o músico de aquellos a quienes se rememora y que, puntualmente, colaboraron en distinta medida con la dictadura.

Quizá, la polémica vivida esta semana en torno al callejero madrileño, tenga como propósito desviar la atención del hecho cierto de que los militares franquistas y los fundadores de Falange siguen gozando de excelente salud en el nomenclátor de nuestras vías urbanas y rurales, especialmente en Castilla La Mancha, Castilla León y Extremadura, pero también ocurre en la villa y corte. De hecho, a tenor del último censo, el nombre del propio Franco o el de José Antonio Primo de Rivera pervive en nuestros mapas pedestres. Por no hablar de otros referentes menos conocidos que tomaron parte activa en el golpe de Estado del que van a cumplirse 80 años el próximo mes de julio, como fueron los generales Mola, Queipo de Llano, Moscardó, Sanjurjo, Yagüe o Millán Astray. Algunos otros no sólo nombran calles sino institutos e incluso hasta hace poco hospitales, como es el caso de Carlos Haya, un aviador franquista que murió en combate y que fue uno de los artífices de la matanza de la carretera de Málaga a Almería, donde en febrero de 1937 fue bombardeada de forma contumaz la población civil que huía del avance de las tropas franquistas. La memoria de la dictadura se perpetúa, también, bajo nombres tan aparentemente inocentes como los de Arco de la Victoria o Avenida de la Paz, Arriba España, Primero de Octubre o División Azul: en Sevilla, donde el anterior ayuntamiento del Partido Popular cambió el nombre de la avenida Pilar Bardem por el de Virgen de los Reyes, existió en su día la avenida de la Raza que el primer ayuntamiento democrático modificó al pluralizar su denominación como “avenida de las razas”, más políticamente correcto aunque de dudosa vigencia antropológica.

La calle sigue siendo suya, de los sublevados del 36, a pesar de que la Ley de Memoria Histórica, de la que en 2007 se cumplirán diez años, señala que “las Administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Claro que tampoco detalla qué es lo que puede catalogarse bajo tales elementos de juicio, aunque ello no sea excusa para la perezosa aplicación de esta normativa desde su entrada en vigor- Esta semana, el Parlamento de Andalucía recibió con los brazos abiertos un proyecto de Ley de Memoria Democrática en dicha comunidad que avanza en bastantes aspectos, más allá de la Ley estatal y que sitúa su periodo de aplicación hasta 1981, la fecha de aprobación del primer estatuto de autonomía en dicha comunidad, lo que permitirá actuar sobre crímenes políticos perpetrados por el fascismo durante la transición.

La polémica sobre la inclusión de artistas y escritores en las calles que el Ayuntamiento de Madrid habrá de suprimir no es más que una nueva muesca sobre el muro del desgaste mediático que la derecha española viene perpetrando contra la alcaldesa Manuela Carmena y que, a pesar de lo ridículo que resulta, dicha estrategia propia del goteo de las estalactitas provocará los resultados apetecidos por los conservadores: reconquistar la formidable fuente de poder y de negocio que supone la Corporación Local de la capital de España. Desde los embotellamientos a la contaminación, desde los whatsapps irreverentes a los titiriteros subversivos, todo vale para caricaturizar a la jueza y a sus colaboradores.

Ella se desmarcó esta semana de la supuesta lista negra, que figura desde hace años en el blog del historiador Antonio Ortíz, como simple recopilación instrumental, un vademécum del franquismo callejero sobre cuya vigencia y reputación deberán decidir más temprano que tarde los responsables políticos de la ciudadanía. Sin embargo, quien titula primero titula dos veces por lo que es muy probable que esta nueva polémica repercuta en las futuras expectativas electorales del equipo de gobierno local. A pesar de que la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense no haya facilitado ninguna propuesta de supresión de nombres y que el Ayuntamiento de Madrid tan sólo asuma el listado cuya erradicación se aprobó el pasado 22 de diciembre y que, antes del próximo verano, incluirá en distintos barrios la plaza Caudillo de Fuencarral-El Pardo, la calle General Kirkpatrick de Ciudad Lineal, General Dávila de Chamberí, General Asencio, la plaza de Arriba España y la vía de Caídos de la División Azul, la plaza de Juan Pujol, la calle General García de la Herrán, el Paseo Muñoz Grandes (Carabanchel), la avenida Arco de la Victoria, la Plaza Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo y la Batalla de Belchite, entre otras. La iniciativa incluirá también otros “vestigios de exaltación franquista” como placas y monolitos dedicados a mártires, caídos y otro santoral laico y retrógrado. Se trató, en su día, de una propuesta del grupo socialista aprobada por Ahora Madrid y Ciudadanos, mientras que el Partido Popular de Esperanza Aguirre se escapaba por la gatera, negándose a respaldarla por una cuestión técnica, ya que el gobierno municipal no aceptó una enmienda que presentaron y que reproducía el artículo 1 del apartado 1 de la ley y que donde decía «… por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura» se cambiase por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura».

Ese mutis por el foro de la derecha española ha ocurrido en otros casos: el año pasado, en Bilbao, el PP escurría el bulto a la hora de condenar el bombardeo de Durango. A escala estatal, también le costó trabajo condenar la dictadura y sólo lo hizo de manera formal en 2002, ante el Congreso de los Diputados. Eso sí, años más tarde, se opuso a que el 18 de julio fuera considerado como un día de rechazo al fascismo, tal y como pretendía la izquierda. Por no hablar de su escaso entusiasmo a la hora de localizar y excavar las fosas de una masacre civil cuyos protagonistas, en su mayoría, se encuentran ya muertos y enterrados. Aunque buena parte de los demócratas caídos por la libertad de España como Federico García Lorca, no sepamos siquiera donde duermen para siempre. El nombre del poeta granadino, por cierto, ha sido eliminado por el PP de algunos callejeros españoles –Berja o Centro de la Uned en Melilla, por ejemplo-- y nadie le ha puesto a partir de un burro como a Manuela Carmena. ¿Qué se puede esperar de un país donde la policía detiene titiriteros, la fiscalía desarticula marionetas y la justicia empapela a mujeres que procesionan vaginas? Será que las calles siguen siendo suyas.