Beatriz Gimeno

Escritora, activista y Diputada de PODEMOS en la Asamblea de Madrid

Me resultó muy emocionante el discurso que hizo Pablo Iglesias en la Plaza del Reina Sofía, en el que recordó no sólo a los padres de la lucha por la justicia social, la igualdad y la dignidad, sino también a las madres; y mencionó la lucha por el sufragio, a Clara Campoamor, a Margarita Nelken, Dolores Ibarruri, Federica Montseny o Victoria Kent entre otras. Por otra parte, ese discurso reconociendo no sólo a los padres, sino también a las madres y maestras, está en la línea de lo que es un clamor: es el tiempo de las mujeres políticas y también de hacer una política diferente; una que tenga como eje algunos de los valores que nos han sido genéricamente atribuidos desde siempre y que, al mismo tiempo, mande al basurero los usos patriarcales de la misma. Con el legado de todas esas maestras como apoyo, pensando también que el nuevo tiempo político que ahora se abre va a suponer el protagonismo de muchas mujeres que se declaran feministas, es el momento de dar un salto más allá y exigir que la nueva Constitución que salga de este tiempo reconozca nuestra plena ciudadanía.

En 1988 Carole Pateman señaló en su libro “Contrato Sexual” que las constituciones del XVIII tenían como una de sus características más importantes que todas ellas estaban basadas en la exclusión de las mujeres del contrato social original que proclamaba enfáticamente que todos los hombres nacen libres e iguales. Así que los supuestos derechos universales excluían a las mujeres de, precisamente, eso que, paradójicamente, se encargaban de proclamar como universal: los derechos, la igualdad y la ciudadanía; todos ellos derechos universales sólo para los hombres. Dicha exclusión no era una cuestión inevitable en aquella época puesto que la cuestión se llegó a discutir en las Asambleas constituyentes y porque algunas mujeres pagaron con su vida la defensa de que la ciudadanía estaba compuesta por hombres y mujeres libres e iguales. Desde entonces, desde el mismo momento de su exclusión, las mujeres han luchado por el acceso a la ciudadanía plena y han participado en todos los proyectos de cambio y en todas las revoluciones; pero todas las revoluciones nos han traicionado. Esta exclusión también fue denunciada por el movimiento feminista español cuando se redactó la Constitución de 1977; una Constitución redactada únicamente por hombres y destinada a una ciudadanía supuestamente neutra que es, en realidad, masculina. Desde el lenguaje a los derechos que en ella se recogen la Constitución del 77 no reconoce la ciudadanía de las mujeres sino como subsidiaria de la ciudadanía masculina.

Ahora es el momento de conformar un nuevo pacto social que se fundamente en la igualdad entre mujeres y hombres; es el tiempo de que la igualdad formal que proclama vanamente el artículo 14 se explicite a través de todo el articulado para así convertirse en igualdad real y en ciudadanía plena. Necesitamos otro contrato, no sólo para transformar el modelo territorial, reforzar derechos sociales y económicos o democratizar las instituciones, sino también para transformar radicalmente un pacto que no contó nunca con las mujeres. Las mujeres feministas tenemos que participar en este proceso como poder constituyente, como sujetos políticos, con reconocimiento y autoridad propias; como sujetos de derechos y no sólo objetos jurídicos a quienes se “conceden” estos derechos.

Nuestra participación en los trabajos constituyentes debería ser paritaria como cuestión de principios, y también para que el resultado de los trabajos no adolezca de legitimidad de origen. El objetivo de estas constituyentes debería ser el de redefinir, al menos sobre el papel, el pacto social y económico patriarcal y, en esa línea, redefinir el concepto de ciudadanía desde el punto de vista feminista, incorporando nuevos paradigmas de poder, de espacios públicos y privados, de comprensión del tiempo público y privado…y esto deberían hacerlo contando con las organizaciones feministas y contando también con el trabajo jurídico de organismos internacionales que llevan tiempo trasladando al lenguaje constitucional las reivindicaciones feministas. Y todo ello, lo que se haga, debe hacerse utilizando siempre lenguaje inclusivo, premisa esta básica para que la Constitución lo sea verdaderamente de todos y de todas.

Además de la paridad en el origen, de la búsqueda de la legitimidad en el feminismo y del lenguaje inclusivo, tiene en primer lugar que producirse un reconocimiento formal de derechos específicos de las mujeres; y en segundo lugar tiene que plasmarse una exigencia que comprometa la acción del Estado para generar condiciones que permitan la igualdad efectiva. Respecto del reconocimiento específico de derechos, hay que incorporar aquellos que aseguren la autonómica política, económica y física de las mujeres. Fundamental es que se reconozcan de manera indubitada nuestros derechos sexuales y reproductivos. Eso evitaría que en el futuro se pudiera producir un recorte de derechos basado en la Constitución como el que pretendió Ruiz Gallardón recortando derechos y convirtiéndonos, además, en menores de edad inimputables. El derecho al aborto debería haber quedado zanjado cuando el propio Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que dejaba claro que aquí no existen dos derechos fundamentales en colisión, sino por una parte los derechos fundamentales de la mujer embarazada – única titular de derechos- frente a un bien jurídico digno de protección, el nasciturus.

Teniendo en cuenta que el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo y de sus capacidades reproductivas es uno de los derechos más disputados por el patriarcado en todo el mundo, constitucionalizarlo como derecho fundamental de las mujeres es imprescindible. El no reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o el dificultarlos de cualquier manera, viola nuestro derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad, a la salud y a la libertad y supone, además, un trato inhumano y degradante.

Además de eso debe reconocerse la paridad en todas las instituciones políticas como una base no discutible sobre la que levantar cualquier ideal de ciudadanía verdaderamente inclusiva e igualitaria. Debe ser también un precepto constitucional el derecho a recibir igual remuneración por igual trabajo realizado, así como la exigencia de combatir la brecha salarial. Igualmente, los trabajos de cuidado deben ser reconocidos como indispensables para el bienestar social, como un trabajo sin el cual la vida no se sostiene y al que todo el cuerpo social, así como las instituciones, deben atender. El Estado debe proveer los medios necesarios para que sea posible cumplir con el derecho de toda persona a cuidar sin que eso suponga discriminación alguna en sus derechos laborales o sociales; así como el derecho de toda persona a ser cuidado con dignidad desde el nacimiento hasta la muerte. La función social de la reproducción humana en toda su amplitud debe ser reconocida y valorada porque es la base sobre la que se levanta cualquier sociedad. Para ello, otro precepto constitucional debería ser la obligatoriedad de que todas las políticas públicas incorporen enfoque de género, sin el que es imposible reconocer y combatir las desigualdades estructurales en el mercado laboral y sus consecuencias para las mujeres. Y por supuesto, debe reconocerse que la violencia machista supone una violación de los derechos básicos de las mujeres y por tanto debe exigirse al Estado que garantice, con todos los medios a su alcance, su derecho a vivir una vida libre de todas las violencias (física, moral, psicológica y sexual) tanto en el ámbito público como privado.

Las mujeres feministas no podemos dejar pasar esta oportunidad de convertir por fin la casa de todos, en la casa común de todos y de todas.