El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en la inauguración del año judicial, junto a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el rey Felipe de Borbón -- Emilio Naranjo / EFE

Hace ya bastante tiempo que nuestros políticos progres dejaron de utilizar la expresión “casta” para referirse a gente privilegiada que cuenta con mecanismos para defender y mantener el poder de las élites. Entre estas personas se encuentran los miembros de la alta magistratura española, que hace todavía mucho más tiempo que perdieron la vergüenza de tomar decisiones políticas en favor de los privilegiados, en contra de quien cuestiona el sistema. Lo hacen con hipocresía, en nombre de la “independencia del poder judicial”.

Pertenecen a una auténtica casta, se diría que reivindicada por Carlos Lesmes en su discurso de inauguración del año judicial. Fue, una vez más, un ejemplo escandaloso de la voluntad de los jueces de intervenir como un agente superior en la vida política, para condicionarla.

Esta vez, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a poner en cuestión la facultad del Ejecutivo de conceder medidas de gracia, y afirmó que el actual Gobierno las adopta “cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o no son de su gusto". Toda una advertencia.

Se refería, obviamente, a los indultos parciales y revocables concedidos por el Gobierno a dirigentes independentistas, después de más de tres años de privación de libertad decidida por el Tribunal Supremo, que también preside Lesmes; por una sala integrada por magistrados de indisimulada ideología nacionalista española y de derechas, en un juicio político.

Hay que recordar en este punto que la Justicia española tiene abierta una causa general contra el soberanismo catalán, en diferentes tribunales, y que existen más de 3.000 víctimas de la represión judicial y policial, según el cálculo documentado por Òmnium Cultural. El silencio y la pasividad de muchos “progresistas” ante este hecho desconcierta y genera frustración.

En la ceremonia de apertura del año judicial, aplastantemente masculina, como siempre, atiborrada una vez más de ropaje protocolario, collares, puñetas e insignias, exhibidas hasta extremos que resultan ridículos por sus excesos litúrgicos, Lesmes afirmó textualmente que la Justicia es un “instrumento fundamental para salvaguardar el orden público”. Imposible no acordarse del papel asignado al TOP (Tribunal de Orden Público) en tiempos del franquismo. Y en este contexto, el presidente del actual gobierno de los jueces no dejó de reverenciar solemnemente la figura del monarca, que presidía el acto. Como no podía ser de otro modo, ni él, ni la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, hicieron ni la más leve referencia, ni siquiera indirecta, a la corrupción de la Casa Real, depravación “liderada” por Juan Carlos I, con la complicidad del poder económico y de todos los defensores del actual régimen. No parece un problema menor para la Justicia española.

Ya no queda ningún demócrata que se atreva a identificarse como “juancarlista”, pero todavía faltan muchos que se hagan preguntas sobre la manera de encarar el problema que representan las instituciones del Estado repletas de ultraderechistas o de nostálgicos de la dictadura.

Las del poder judicial son seguramente algunas de las más significadas.

Se recuerda un día sí y otro también que el CGPJ se encuentra pendiente de renovación desde hace tres años y Lesmes no ha dudado en señalar dónde se encuentra el origen del bloqueo: el desacuerdo entre los dos partidos con más representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Lo que no ha dicho, claro está, es que quién hace imposible la renovación es el PP, empecinado en controlar los tribunales por la puerta de atrás y en mantener la hegemonía de la derecha en el conjunto del aparato judicial.

El problema de la Justicia española, sin embargo, va más allá del gobierno de los jueces, porque la casta judicial, corporativista como las que más y torcida hacia la derecha, tiene muy asumida la idea según la cual puede tomar decisiones sobre cualquier ámbito de la vida política, académica, sanitaria, cultural, económica y social. El conocimiento del tema importa poco. Los altos tribunales de hoy en día, además de avalar a menudo con medidas represivas acusaciones inconsistentes formuladas por cuerpos policiales, incluso de terrorismo, ignoran los maltratos denunciados por víctimas de estas fuerzas, toman decisiones sobre la actividad parlamentaria, sobre lo que se puede debatir y lo que no, sobre lo que se puede votar y lo que no, ponen límites a veces intolerables al ejercicio de derechos fundamentales, como los de libertad de expresión, asociación y manifestación, desautorizan decisiones tomadas por especialistas en materia sanitaria para hacer frente a la pandemia, multan y reclaman fianzas millonarias que arruinan a activistas políticos y sociales, ignoran delitos cometidos por gente de su cuerda... En vez de garantizar derechos individuales y sociales, dan miedo. Asustan.

Hay que pensar en la manera de detener e invertir esta deriva claramente antidemocrática. No será sencillo.