ÓSCAR CELADOR ANGÓN

La primera regla del marketing consiste en crear una necesidad al potencial consumidor y después vendérsela. La campaña de comunicación X Tantos no escapa a la premisa señalada, ya que parte de un dato objetivo e incontestable –la labor social católica– para, a continuación, pedir a los contribuyentes que marquen con la X la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta.

Se trata del pistoletazo de salida del vergonzoso modelo de financiación que el Estado pactó con la Iglesia la pasada legislatura, cuando esta institución alcanzó un elevado protagonismo social, político y mediático por sus continuas críticas a la labor del Gobierno. A cambio, este se comprometió a financiarla a través de un porcentaje del IRPF de los contribuyentes que así lo soliciten, restando estos ingresos fiscales de los dedicados al interés general.

La labor social católica es muy relevante, tanto para los católicos como para aquellos que, sin serlo, se benefician de sus actividades caritativas, benéficas y asistenciales. Ahora bien, hay que realizar alguna aclaración a este respecto.

Los ingresos que la Iglesia recibe mediante la asignación tributaria se dedican a sostener el culto y pagar el salario del clero, no a financiar su obra social. La mayor parte de los ingresos relacionados con su obra social provienen de partidas presupuestarias estatales específicas destinadas a subvencionar sus centros educativos, satisfacer el salario de los profesores de religión, financiar la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, centros penitenciarios u hospitales, o a conservar el patrimonio eclesial histórico y artístico, por poner algunos ejemplos.

De forma complementaria a los cientos de millones de euros que la Iglesia recibe del Estado por los conceptos señalados, hay que tener en cuenta que está privilegiadamente exonerada de impuestos estatales, o que las entidades benéficas católicas, como Caritas o Manos Unidas, reciben otra parte de sus ingresos de subvenciones directas estatales, autonómicas y municipales, como, por ejemplo, el 0,7% del IRPF que se dedica a otros fines de interés social.

El nuevo modelo de financiación pactado entre el Estado y la Iglesia católica es perjudicial para ambas partes. Para el Estado, porque incumple el principio constitucional de laicidad y discrimina a sus ciudadanos por sus creencias religiosas, al destinar una porción de los ingresos que recibe de un impuesto a financiar la actividad de culto y el sueldo de los ministros de un grupo religioso, como si de un servicio público más se tratase. La posición de la Iglesia también es delicada, pues insatisfecha con la cuantías que sus fieles dedican a financiarla, solicita la ayuda del Estado, lo que le resta una enorme legitimidad moral y social.

En una economía de libre mercado, la Iglesia católica española hubiera desaparecido hace muchos años y, desde luego, su actitud sería muy diferente con sectores sociales a los que persigue impunemente desde los tiempos de la Inquisición.

Sería conveniente recordar al Estado y a la Iglesia aquello de “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.

Y que ambos predicasen con el ejemplo.

Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado