Moros, sudacas, negratas... Los españoles enseguida ponemos nombres despectivos a los extranjeros. Especialmente si son pobres y vienen a quedarse. Gabachos, en su origen, era un término que también identificaba a los franceses pirenaicos, rústicos y palurdos, que desde el siglo XV, antes del descubrimiento de América por los españoles, cruzaban la frontera para intentar prosperar en el norte de España. Seis siglos después, seguimos haciendo lo mismo. Esta semana, el gran debate político-económico también está en si nos gusta o no que vengan aquí los extranjeros (a seguirse quedando). Desde la propuesta del Partido Popular de exigir un contrato a los inmigrantes, a la estrategia empresarial de

Iberdrola para evitar la entrada en su capital de la empresa pública francesa EdF (Electricité de France). Empieza a parecer que los extranjeros son los enemigos.

La verdad, no tengo idea de cuál es la compañía que suministra luz a mi casa… (¿mmm?... un momento… ¿Unión Fenosa?, eso me pasa por no mirar los recibos domiciliados…) Pero no creo que me importara si, en vez de española, fuera francesa, alemana o hongkonesa. Como consumidora, lo que exijo es que me preste un buen servicio, sin apagones ni subidas de tensión que me fundan las bombillas, un buen precio y, además, quiero tener la posibilidad de cambiar de suministrador si no estoy satisfecha. ¿Un campeón nacional me lo dará mejor que una compañía extranjera? No acabo de ver por qué.

Desde la edad antigua, cuando los griegos se burlaban de los que defendían que la luna de Atenas era mejor que la de Éfeso, el chauvinismo ha dado mucho de sí. Ese chauvinismo (inmortalizado por los hermanos Cogniard en el personaje de exagerado patriota de Chauvin, de ahí el adjetivo) que empieza a estar presente en la campaña electoral también ha sido utilizado más de una vez en las campañas empresariales. La última, en Endesa.

Ahora tenemos varias batallas empresariales en marcha y algunas de ellas también con la rivalidad española-francesa presente. Por poner sólo tres ejemplos: la mencionada Iberdrola-EdF, más Bankinter-Crédit Agricóle y Sacyr-Eiffage.

La batalla por Iberdrola no ha hecho más que empezar y será después de las elecciones cuando veamos los capítulos más significativos de este nuevo culebrón que, como ocurrió con el de Endesa, puede dar muchas vueltas. Por ahora, ni el Gobierno ni el Partido Popular han querido significarse públicamente. Manuel Pizarro, el último fichaje del PP, ha recordado que el próximo Gobierno deberá decidir si aplica la conocida como “Ley Rato”, que limita al 3% los derechos de voto de empresas públicas extranjeras en grupos regulados españoles y que capacita al Gobierno a levantar este límite. Esta normativa se introdujo en la disposición adicional 27 de la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2000 por el entonces vicepresidente económico, Rodrigo Rato, para frenar la entrada de EdF en el capital de Hidrocantábrico. La norma fue recurrida ante el Tribunal de Luxemburgo por la Comisión Europea, que entiende que constituye una restricción injustificada a la libre circulación de empresas.

Aunque se barajó la posibilidad de utilizarla en la opa de E.ON sobre Endesa, al final el Gobierno socialista no lo hizo y optó por ampliar las funciones de la Comisión Nacional de la Energía para imponer condiciones, lo que también está recurrido por Bruselas ante el Tribunal. Es curioso que haya sido el Gobierno del Partido Popular el que ha elaborado la regulación más intervencionista, cuando la defensa del libre mercado es elemento básico en su argumentario.

Aquí, la única coherente es la Comisión Europea, que no admite restricciones a la libre circulación y a la libre competencia (destaca la activa labor realizada en los últimos meses por la comisaria de Competencia, Neelie Kroes). Porque no se trata de chauvinismo español; existe igual en casi todos los países. Recordemos las maniobras del Gobierno de Prodi contra la frustrada fusión de la española Abertis con la italiana Autostrade, que hubiera dado lugar al líder mundial en concesionarias de autopistas.

Tampoco en Francia ven con buenos ojos toda entrada de empresas españolas allí. Y, si no, que se lo pregunten a Sacyr, que lleva dos años de conflictos por intentar adquirir Eiffage. Tras lanzar una opa hostil vetada por el regulador francés, lo último que ha trascendido es que un grupo liderado por un banco público francés estaría dispuesto a comprar la participación de Sacyr en Eiffage.

Otro en unirse a esta situación ha sido Bankinter, donde Crédit Agricole pretende poder llegar a tener hasta el 29,9%. En Bankinter no están dispuestos a cederle dos puestos en el Consejo de Administración porque se trata de un competidor.

Al margen de legítimas batallas empresariales, lo preocupante es que empiece a ser relevante la nacionalidad de los contendientes, más aún si se trata de europeos (cierto que en algunos de estos casos más que la nacionalidad lo relevante es el carácter público de las sociedades). ¿Hemos olvidado el proyecto de una Unión Europea donde la libre circulación de capitales y personas está consagrada?