En 2010 Icíar Bollaín nos relataba magistralmente “la guerra del agua” ocurrida en Bolivia diez años antes, cuando los habitantes de Cochabamba se levantaron para impedir la privatización del agua en su región. Sin irnos tan lejos, las noticias de los últimos días sobre el Canal de Isabel II nos vuelven a golpear con el drama del saqueo de los bienes comunes. Al igual que ocurre con la Sanidad, la Educación y todos los sectores estratégicos de los que depende nuestro buen vivir en común, el agua no se libra del mal gobierno de la mafia de los ladrones de lo público.

Tras el fracaso del intento de privatización que se inició en 2008 y que finalmente quedó en suspenso en 2012, el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid vuelve a la carga en su obsesión por privatizar el Canal. La gestión de un servicio como el del agua que llena de orgullo a la ciudadanía de Madrid está hoy en peligro.

La estrategia esta vez comienza con una ampliación del endeudamiento de la institución con una emisión de bonos, algo injustificado desde un punto de vista económico ya que en sus resultados de los últimos años no para de dar beneficios, en concreto 881 millones desde 2008, según señala el informe sobre la situación del Canal hecho público el mes pasado por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. Y la conclusión de este informe es bien clara: la gestión del Canal no está orientada a dar un buen servicio y garantizar la viabilidad de la entidad. Por el contrario, está orientada exclusivamente a preparar a la entidad para su privatización. Sólo de esta manera se entiende que la entidad haya aumentado en un 43% sus beneficios desde 2011 mientras que, por otro lado, aumenta su endeudamiento con una emisión de bonos, algo que seguramente sea usado en el futuro para justificar su privatización.

Si algo podemos reconocer al gobierno de la comunidad es su claridad de objetivos y su capacidad de trabajar hacia ellos a largo plazo. Lástima que no podamos exigirles que hablen claro a la ciudadanía y nos digan claramente cuáles son estos objetivos: “no nos importa el interés común del pueblo, sólo el beneficio privado de nuestros negocios”.

Los años de gobierno conservador en la Comunidad de Madrid son un ejemplo paradigmático de cómo el interés de unos pocos se puede imponer sobre los derechos de la mayoría. Madrid ha sido, en última instancia, un laboratorio perfecto en el que implementar políticas neoliberales. Unas políticas de expolio con altos costes sociales y también ambientales. Las políticas de la Comunidad de Madrid han definido un plan estratégico para liquidar los servicios públicos y reglárselo a los distintos grupos empresariales amigos del Partido Popular. Se ha tratado, en este caso, de un modo de corrupción (más o menos legal) que ha extendido sus tentáculos sobre la sanidad, la educación, la limpieza y, en el caso del Canal de Isabel II, sobre el agua. La privatización de la gestión del bien común más básico y elemental sólo puede tener un calificativo: es un robo. Por eso durante estos últimos años la Plataforma contra la Privatización del Canal, la Marea Azul y distintos movimientos e iniciativas sociales han planteado una larga lucha para defender el carácter público del Canal.

Hasta ahora, no hemos sido capaces de doblegar la voluntad y el afán privatizador del partido de la Gurtel. Por eso mismo, el Canal de Isabel II tiene una fecha crítica en su horizonte: las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Si en esas elecciones las fuerzas neoliberales se hacen de nuevo con el gobierno de la Comunidad de Madrid, el camino allanado desde 2008 para privatizar el Canal llegará a su fin, y las madrileñas y los madrileños nos despediremos de otro de nuestros bienes comunes, que pasará a manos de los tiburones de turno que lo exprimirán para su propio beneficio. En nuestras manos está el organizarnos para defender lo que es de todos y todas, no permitamos que nos cierren el grifo en Madrid.