Pedro Fresco

Colaborador de econoNuestra

En ciertos sectores políticos del país se alabó mucho el referéndum escocés de 2014 porque éste se había hecho de forma legal y acordada, sin embargo se han hecho pocos análisis rigurosos sobre su conceptualización y realidad, que a mi juicio fue muy chapucera. Por ejemplo ¿qué hubiese pasado de haber ganado la independencia por un 50,1% de los votos? El referéndum escocés se hizo con un censo muy discutible, en el que votaban los ingleses que residían en Escocia pero no los escoceses que residían fuera de Escocia, en el que votaban ciudadanos de la UE afincados allí, etc. De haber salido SI con ese porcentaje, los unionistas hubiesen aducido, y con razón, que con otro censo podría haber salido NO y que con esta diferencia no se puede tomar una decisión tan traumática.

Como salió NO y por bastante margen no pasó nada, pero de haber salido un resultado ajustado las problemáticas hubiesen sido muchas. Una independencia rompe siglos de integración social y económica y es probablemente definitiva y sin vuelta atrás, por tanto lo lógico es que no se haga en una situación tan ajustada de votos. Los referéndums de secesión deben tener unos principios claros y exigir unas condiciones mínimas.

Después de dos referéndums de independencia, en la canadiense y francófona provincia de Quebec el parlamento canadiense hizo una ley llamada la “Clarity Act”. Esta ley pretendía aclarar las condiciones en las cuales se podría hacer un nuevo referéndum y el procedimiento a seguir, para no repetir la experiencia de 1995 donde hubo una pregunta absolutamente capciosa en el referéndum y donde, de haber salido SI a la independencia, probablemente ésta no se hubiese podido llevar a cabo.

La Clarity Act fijó varias cosas. La primera es que debía ser el parlamento canadiense quien decidiese la pregunta de un futuro referéndum y que ésta debía ser una pregunta clara y centrada exclusivamente en la secesión. También se aceptó que la mayoría para llevar a cabo la independencia tuviese que ser agravada (es decir, no vale el 50,1%) y que ese umbral sería decidido por el parlamento canadiense. Adicionalmente se fijó la multilateralidad en las negociaciones de una futura independencia (después de un hipotético SI en el referéndum) y la necesidad de enmendar la constitución canadiense en el caso de llevarse a cabo la secesión. En definitiva, la Clarity Act reconocía varias cosas: Necesidad de mayorías agravadas, de preguntas claras y de negociaciones multilaterales posteriores. Desde que se aprobó la Clarity Act no ha vuelto a haber un referéndum independentista en Quebec y de hecho el independentismo parece estar retrocediendo.

Si en España se aceptase que pudiese haber una secesión en alguno de sus territorios creo que el mejor procedimiento sería tener una Clarity Act parecida a la canadiense adaptada a nuestras singularidades y nuestra idiosincrasia. Ojo, no estoy diciendo que el tener una Clarity Act sea mejor que el tener constitucionalmente una soberanía indivisible, solo digo que en el caso de aceptar que pueda haber secesiones sería necesario tener una regulación. Yo no soy especialmente favorable a que un país acepte la secesión interna pero esto, al final, es un juego de pros y contras. Podría llegar un momento en que la unidad sólo trajese problemas para las partes y, en ese punto, quizá estaría bien regular los mecanismos y exigencias para una secesión.

¿Cómo debería ser una Clarity Act para España? Pues en mi opinión debería ser más concreta que la canadiense. Creo que es importante clarificar al máximo las cosas antes de iniciar aventuras y creo además que en España es especialmente necesario, pues los sentimientos están a flor de piel y la cantidad de nacionalismos que tenemos hace conveniente dejar las cosas bien claras para que no estén sujetas a interpretación.

En mi opinión, una Clarity Act para España debería tener estas características:

Necesidad de quorum y de una mayoría cualificada

Como he comentado anteriormente no es lógico aceptar una independencia por el 50,1% de los votos y tampoco con una participación baja en un referéndum, así que habría que marcar condiciones mínimas para que un SÍ en un referéndum de secesión fuese definitvo. En Montenegro, por ejemplo, la Unión Europea exigió que el SI a la independencia contase como mínimo con un 55% de los votos favorables. En España, nación bastante más antigua que Yugoslavia, no parece ilógico exigir algo más.

Nosotros tenemos, constitucionalmente, dos mayorías cualificadas para cambiar preceptos constitucionales, una de 3/5 (60%) y otra de 2/3 (66,6%), así que podríamos adaptar estos porcentajes al caso de una secesión. Por ejemplo ¿Qué tal un quorum de 2/3 de participación en el referéndum y una exigencia de SI del 60%? Personalmente me parece algo razonable. Es una mayoría difícil, lo sé, pero las consecuencias de la secesión son lo suficientemente duras como para exigir algo así.

El referéndum, la pregunta y el censo

La pregunta debería ser muy clara siguiendo lo indicado en la Clarity Act canadiense, es decir, se debería preguntar si se quiere la independencia SÍ o NO, con todas las consecuencias de la misma. Habría que dejar claro, también, quién puede votar, que serían todos los censados en el territorio pero que podría ampliarse a aquellas personas que han salido de allí en los últimos años.

El referéndum debería ser solicitado por los parlamentos de las CC.AA (si aceptamos que son estas quienes se pueden secesionar) y decidir si lo tienen que hacer por mayoría simple o cualificada y, en caso de ser cualificada, si exigimos 3/5 o 2/3. Y fundamental: Una vez convocado el referéndum y perdido por los independentistas, hay que saber hasta cuando no se podría convocar otro referéndum. Esto es importante fijarlo, pues no podemos estar con referéndums continuos.

En mi opinión una vez salido un NO (o un SI sin la mayoría suficiente) este debate hay que cerrarlo por una generación. Así pues los años que deberían transcurrir deberían ser muchos, en mi opinión no menos de 15 o 20 años.

Las nacionalidades

Hay que dejar muy claro este punto para no engañar a nadie. Según es uso internacional, en el caso de una secesión los habitantes del territorio secesionado deberían poder elegir entre la nacionalidad del futuro estado o del territorio original, pero no las dos. Es importante ver quién podría acceder a esta elección. Todos los habitantes que vivan en el territorio secesionado deberían tener esta opción pero

¿Podría tenerla, por ejemplo, un catalán que vive en Valencia? Hay que clarificar esto porque podría ser muy conflictivo. Se podría establecer un compromiso de aceptar la vecindad legal de quienes, teniendo la nacionalidad del otro estado, permanezcan en el vecino, para no crear verdaderos problemas humanos. Ahora, estos ciudadanos no tendrían derechos políticos (no podrían votar) y, en el caso de nacionales del territorio secesionado, su vecindad en “España” no implicaría tener los derechos que tienen los ciudadanos españoles al ser miembros de la UE y de otros organismos o acuerdos.

¿Qué se hace con la “herencia”?

Una secesión lleva acarreada la división de activos y deudas y la transferencia de competencias de una administración a otra. Es importante que esto quedase claro para evitar posteriores negociaciones de mala Fe y para que la gente supiese de antemano las consecuencias de lo que está votando. Habría que fijar claramente cómo se divide la deuda (por ejemplo, en función del número de habitantes en el momento de llevarse a cabo la secesión) y qué se hace con los activos que forman parte de una estructura estatal (Por ejemplo ¿qué pasa con las unidades militares en esa región?).

También hay que dejar clara una cosa: de producirse la secesión, el estado heredero legal de España es el que padece la secesión, no el secesionado. Es decir, “España” (o sea, el resto de España) sería quien heredaría la pertenencia a las instituciones internacionales y las obligaciones y derechos de España. El estado secesionado comenzaría desde cero en sus relaciones internacionales.

Y otra cosa muy importante: El dividir un estado formado e integrado en dos tiene obvios costes de transición y supone un perjuicio económico original para ambas partes. Estos costes de transición y de división es lógico que los asuma la parte secesionada que, al fin y al cabo, es la que quiere separarse, no la parte “víctima” de la secesión.

¿Quién tiene derecho a la secesión? ¿Y si hay partes del territorio secesionado que no quieren separarse del estado original?

Este tema es realmente peliagudo. Para empezar, habría que fijar quién tiene derecho a la secesión, si sólo las CC.AA o si otras entidades menores también lo tienen. En principio aceptar que el estado original es divisible pero el territorio secesionado no lo es, no tiene sentido y no se debe aceptar. Ahora, ¿dónde está el límite? ¿Se puede aceptar que una subdivisión de la CC.AA que no estuviese conforme con la secesión se quedase en el estado original? ¿Con qué mayoría podrían no ser “arrastradas” por el resto, simple o también reforzada? Aquí las posibilidades se multiplican y puede ser muy difícil de gestionar pero hay que dar opciones en este sentido, porque si estamos haciendo esto para que la gente “decida” o se sienta cómoda con su estado, no podemos permitir que ciudades o comarcas enteras no secesionistas se vean arrastradas por la generalidad.

Hay propuestas de que se haga esto por provincias, es decir, que si en una provincia sale el NO ésta se pueda quedar en España o bien anularse la secesión del conjunto. Podría ser una opción. Ejemplo: Euskadi hace un referéndum y gana el SI por el 61% con un 80% de participación en el global de Euskadi, por lo que se cumplen las exigencias mínimas para proceder a la secesión. Sin embargo en la provincia de Álava sale el NO por un 51%. En ese caso se independizarían Guipúzcoa y Vizcaya pero Álava se quedaría formando parte de España o alternativamente se tomaría como un NO a la secesión.

Hacerlo por provincias no es la única opción, ni mucho menos, aunque sí parece pragmática y manejable.

____

Todos estos temas deberían ser aclarados en una Clarity Act española que sería un guía clara para cualquier veleidad independentista. Todo claro, cerrado en su mayor parte, con procedimientos regulados y todo escrupulosamente legal. Quien quisiese la independencia de su territorio ya sabría cuál es el camino y las consecuencias de la posible secesión.

Para llegar a tener algo así habría que reformar la constitución, pues ahora mismo sería inconstitucional. Es decir, esto deberían validarlo los representantes del pueblo español y también éste por referéndum. Así que para llegar aquí habrá que convencer a los ciudadanos españoles de que tener un procedimiento de secesión estructurado es razonable y bueno para el país. Esta Clarity Act debería estar en el articulado de la constitución con, por lo menos, las mayorías y la articulación de los referéndums (lo demás podría desarrollarse en ley orgánica).

¿Y esto solucionaría algo? ¿Realmente es mejor de lo que tenemos ahora? Pues no lo sé. En mi opinión una Clarity Act que fuese tan garantista como esta sería rechazada por los nacionalistas y, en el caso de aceptarla, lo harían solo estratégicamente como mal menor para, en el momento de llevar a cabo sus intenciones, quejarse de que es una ley hecha para hacer casi imposible la independencia.

Porque es verdad, con una Clarity Act como esta sería casi imposible la independencia, pero es que las leyes nunca son neutrales. En mi opinión moralmente, a nivel de valores y ética política, el unionismo en un país democrático es superior al secesionismo. El secesionismo se puede aceptar en casos extremos y de mutuo acuerdo, cuando la convivencia sea imposible y perjudicial para todos, y precisamente por eso esta Clarity Act cumple esos objetivos: Acepta la secesión en casos de desafección extrema y permanente, donde la convivencia sea imposible y en los que se esté dispuesto a aceptar sacrificios para obtenerla; pero a la vez evita independencias caprichosas, infantiles y que se juegue con la independencia como método de presión para una negociación posterior. Y, sobre todo, se basa en el principio de que la Unión es “mejor” que la Secesión, y por tanto que debe ser defendida y prioritaria dentro de unos límites lógicos.

A mí no me gustaría tener que llegar aquí, me gustaría que todo el mundo aceptase un federalismo lógico dentro de una soberanía nacional compartida y poder vivir en una “federación multicultural” siendo todos conciudadanos. Para mí, el secesionismo representa el fracaso de la convivencia y la incapacidad de saber vivir en democracia. Pero si la fuerza del sentimentalismo, los odios mutuos, los instintos gregarios, el victimismo y la necesidad de replegarse en la tribu ante un mundo hostil nos lleva a la imposibilidad de vivir en un país integrado, no me parecería una mala solución tener un mecanismo así.