Sólo en un país tan bien surtido de fariseos como éste se puede entender el revuelo causado por el reconocimiento en sede judicial de que lo de Hacienda somos todos es un simple eslogan publicitario. Quien se atrevió a decir semejante cosa fue la abogada del Estado que defiende los intereses de la Agencia Tributaria en la vista oral del caso Nóos, que se celebra desde el lunes en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Intentaba justificar así su tesis de que la infanta Cristina no debe ser juzgada por delito fiscal si lo pide sólo la acusación particular, pues para ello tendrían que haber perjuicio para "intereses colectivos". O sea, el mismo pretexto que en su día permitió exculpar a Emilio Botín y a otros tres directivos del Banco Santander que eludieron las obligaciones impositivas correspondientes a la colocación entre sus clientes de un activo financiero llamado cesiones de crédito.

A la abogada del Estado, cuyo único pecado fue recitar un pasaje de la resolución del Tribunal Supremo que acuñó la doctrina Botín, le han dado por todas partes. La han acusado de echar por tierra el trabajo de muchos años, de haber prestado el peor servicio posible a la construcción de la conciencia fiscal del país. Los comentaristas se han puesto estupendos a su costa en las páginas de los periódicos, en las tertulias de radio y hasta en los programas más deleznables de la televisión. El Ministerio de Hacienda y la propia Agencia Tributaria han hecho saber que las palabras de su defensora les habían escandalizado y que no las comparten de ninguna manera. Hasta el respetable juez Castro, instructor del sumario contra Iñaki Urdangarín y sus secuaces, ha salido a la palestra para proclamar a los cuatro vientos que, como contribuyente cumplidor, se siente insultado.

Si he de serles sincero, yo creo que en realidad no hay para tanto. Naturalmente que Hacienda no somos todos. ¿Cómo lo va a ser en un país donde la economía sumergida ronda el 25% del Producto Interior Bruto, según los últimos datos conocidos? Donde a los ricos se les permite utilizar instrumentos de elusión fiscal tan indecentes como las sicavs. Donde muchas empresas buscan cualquier resquicio legal (y a veces ilegal) para pagar los menos impuestos posibles. Donde el cobro en dinero negro de los servicios profesionales está a la orden del día. Donde nos encanta alardear de que la declaración de la renta nos sale a devolver o de que en tal o cual operación nos hemos ahorrado el IVA. Donde promueve amnistías para los amiguetes defraudadores el mismo ministerio que ahora parece tan escandalizado.

Claro que Hacienda deberíamos ser todos. Pero no lo somos.

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