La Justicia en España no es un problema del que podamos advertir a Houston para que lo resuelva. Es un drama y una vergüenza. Es una historia interminable de genuflexiones al poder, de servicios a la carta de alta cocina, de una fidelidad canina que nunca muerde la mano que lleva el anillo sino la del menesteroso. No es la señora ciega por la tira de tela que cubre sus ojos sino una arpía con vista de lince que inclina la balanza a favor de los fuertes porque los débiles nunca necesitan de triunfos para seguir siendo lo que son. Es el inamovible statu quo.

Hasta los bancos debieron preguntarse ayer cómo era posible tanta suerte después de que la Sala de lo Contencioso obrara el milagro o la desfachatez de cambiar su jurisprudencia en dos semanas para volver a cargar sobre los clientes el pago del impuesto de las hipotecas. No había precedentes porque nunca había sido necesario, porque la venda siempre estuvo preparada antes de la herida, porque los cancerberos nunca se distraían en su primigenia función de vigilancia.

Nuestra Justicia es la que pide cinco años de cárcel para quien roba un bocadillo en una tienda armado con una anilla de Coca-Cola y deja en la calle a los habituales de los paraísos fiscales, a los de las cuentas numeradas en Suiza, a los defraudadores compulsivos pero ricos que, junto a la ley, hicieron la trampa, y para los que se inventaron las amnistías y los acuerdos extrajudiciales, esas segundas oportunidades de seguir paseándose en sus coches de lujo y de beber champán a morro en la cubierta de algún yate con la impunidad más respetable.

El tercer poder del Estado es el verdadero asesino de Montesquieu, ese pobre hombre al que se mata casi a diario en un escenario del crimen preñado de togas y puñetas, ese atrezzo impresionante en blanco y negro que facilita el enjuague con la solemnidad necesaria. A los que se preguntan cómo se ha llegado hasta aquí hay que explicarles que nada se ha movido en siglos, que no hay degeneración sino constancia, que no hay nada que arreglar porque ya nació milimétricamente roto.

Se habla ahora del descrédito del Tribunal Supremo y de esas arbitrariedades suyas que tragamos como los faquires ingieren sables, aunque en realidad todo está bastante podrido en un sistema que usa el Derecho como artimaña y cuya supuesta autonomía reposa en las espaldas de unos cuantos estómagos agradecidos. Convivimos con un Consejo del Poder Judicial cuyos miembros sólo hacen gala de su independencia en la elección de sus viviendas y con un Tribunal Constitucional cuyos cónclaves son más predecibles que un eclipse de luna. Las altas magistraturas nunca defraudan a quienes les facilitaron despacho y secretaria.

Esta engrasada maquinaria ha conseguido que sus errores se juzguen por la forma y no por el fondo, de manera que lo esencial no es establecer la razón jurídica, que es estrujable como una bayeta. En el caso del impuesto de las hipotecas lo de menos ha sido que se pretendiera cambiar un fallo muy nocivo para el sistema financiero sino el momento elegido para hacerlo, que para evitar el escándalo debió de haberse producido antes de la propia sentencia. Eso es lo que se reprocha al presidente de la Sala, el enchufado del presidente del Supremo, y por lo que a ambos se les ha puesto en la picota.

No es que la Justicia esté politizada sino que es la política misma plagada de considerandos. Es el armazón que sostiene en demasiadas ocasiones el abuso porque es más fácil legalizar que legitimar, que no es lo mismo aunque suene parecido. Estrasburgo ha reprochado que uno de los juicios a Otegi no fue justo porque una de las magistradas no era imparcial. Bienvenidos al club de los caídos del guindo.