Opinión
Colombia necesita un buen traductor para entenderse
Por El Mapa Del Mundo
Emmanueles hay miles en Colombia. Uno de ellos, afortunadamente, verá hoy a su madre. Pero hay miles que no pueden. Colombia vive atormentada en medio de la diabólica encrucijada que marcan cuatro décadas de violencia atroz. La mentira y la desconfianza han echado demasiadas raíces.
“Necesitamos un traductor con más urgencia que nunca”. La frase es de Guillermo Cortés, ex director editorial de Hora Cero, el informativo televisivo nocturno que transmite el Canal A en Bogotá, y que en 2000 pasó siete meses secuestrado por las FARC. Pocos analistas se atreven a aventurar el futuro mientras medio país continúe dando la espalda a la realidad del resto.
Sin duda, la liberación de Clara Rojas y Consuelo Fernández, en manos de las FARC desde 2002 es, de momento, un ejemplo de buenas intenciones para un país donde el odio nacido de las injusticias corre hondo y los atropellos por la propiedad de la tierra se siguen cometiendo con toda impunidad.
Constanza Vieira, periodista de la agencia global de noticias Inter Press Service (IPS), asegura que “lo único claro de este último capítulo es que todos mintieron. Las FARC, con el tema del niño, y el Gobierno de Álvaro Uribe con la vaina de las operaciones militares de fin de año. Vivimos una enorme mentira sobre la guerra”.
La situación política en Colombia vuelve a cobrar interés internacional. Vieira cree que sólo la presión internacional podría ablandar a las partes en conflicto y abrir definitivamente “un proceso que desemboque en un canje humanitario que será el preámbulo de la paz y la reconciliación nacional verdadera”.
La mayoría de las fuentes consultadas opina de idéntica forma pero nadie sabe qué mecanismo usar. Quizá el primer paso sería aceptar la existencia de un conflicto político, algo que el Gobierno niega. Las atrocidades cometidas por las FARC y la extraordinaria campaña de relaciones públicas desplegada por el Ejecutivo de Uribe metieron a la guerrilla colombiana en la lista negra de las organizaciones terroristas del mundo en 2002. “Apelando al derecho y la legitimidad del Gobierno democrático, Bogotá no deja un solo resquicio para admitir la existencia de una lucha armada con raíces políticas. No se ve la solución”, admite Ivan Briscoe, experto en América Latina de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), un think tank europeo con sede en Madrid.
Pero mientras los políticos juegan su partida, más de 700 personas continúan encerradas por las FARC en la hostilidad de la selva y cientos de ciudadanos aguardan un juicio con garantías en cárceles infames del Estado.
En la prisión de El Buen Pastor de Bogotá hay 63 reclusas acusadas de rebelión pero sólo 25 reconocen formar parte de las FARC. Las demás fueron criminalizadas por vivir en un área de influencia guerrillera. “Es una práctica habitual en las zonas rurales. Las razones que esgrime la guerrilla para mantener rehenes en su poder”, explica la periodista Vieira.
Una paradoja sorprendente es que cuando se pide a familiares de secuestrados que enumeren responsabilidades por su drama personal suelen empezar cargando contra el Gobierno colombiano. Eso sucede con los Betancourt, una familia conservadora como Álvaro Uribe pero al que siempre censuran su falta de compasión para los asuntos humanitarios y su nula cintura con los problemas políticos del país.
Su promesa de arrasar a la guerrilla colombiana lo llevó a la presidencia en 2002 y 2006 por abrumadora mayoría. Pero los años pasan y la guerra sigue, y la pobreza lacera a casi la mitad de la población del país.
Gorka Castillo