Cometer fraudes sale barato: el ranking de las multas más ¿duras?

La multa más alta que las autoridades de consumo españolas han impuesto en la historia por un fraude a los consumidores representa el equivalente a los ingresos que obtenía la empresa en un par de días. Y no sus ingresos totales, sino los que le reportaba ese fraude.

El motivo de que estas sanciones sean tan ridículas no está en que la legislación limite su importe, porque las leyes autonómicas de protección al consumidor establecen que las administraciones pueden imponer multas equivalentes a, según la comunidad, entre una y diez veces el importe del beneficio obtenido con las irregularidades. El problema es la falta de voluntad política.

Aunque las sanciones del resto de organismos con competencias para castigar las prácticas fraudulentas tampoco suelen ser como para tirar cohetes, las aplicadas por las agencias, direcciones y secretarías generales de Consumo de las comunidades autónomas representan el colmo de la desfachatez.

Éste es el ranking, que publico en mi libro DEFIÉNDETE de #101fraudes, con las empresas que han sufrido las multas más ¿duras? por macrofraudes a los consumidores a nivel mundial, europeo y español:

EEUU

1. Bank of America: 12.600 millones de euros (2014)

2. JPMorgan: 9.900 millones de euros (2013)

3. Bank of America: 7.200 millones de euros (2014)

Este mes de agosto, Bank of America ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, otras agencias federales y los gobiernos de seis estados para zanjar el expediente abierto por la comercialización de hipotecas basura o subprime (concedidas a usuarios con ingresos falsificados) mediante el pago de una multa de 16.650 millones de dólares (en torno a 12.600 millones de euros), el equivalente a sus beneficios brutos del año anterior.

Se trata de la mayor multa por fraude aplicada en la historia, de la que la sexta parte será abonada en efectivo y el resto mediante medidas de asistencia a los consumidores consistentes en la refinanciación de las hipotecas, la condonación de parte de la deuda en determinados casos así como inversiones en la estabilización de los vecindarios e iniciativas en apoyo de comunidades urbanas en riesgo de deterioro.

Las hipotecas basura, comercializadas por numerosos bancos, fueron activos tóxicos que en este caso vendieron Countrywide Financial y Merrill Lynch antes de que Bank of America comprase ambas entidades en 2008 en los meses previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, provocada ante el impago por parte de multitud de familias y que derivó en la crisis financiera.

El Departamento del Tesoro tuvo que inyectar posteriormente a Bank of America 45.000 millones de dólares (unos 34.100 millones de euros) para que pudiese mantenerse a flote.

En octubre de 2013, el banco neoyorquino JPMorgan Chase & Co acordó con el Departamento de Justicia estadounidense el pago de una multa de 13.000 millones de dólares (unos 9.900 millones de euros), de los que más de la tercera parte se destinarían a indemnizar a las familias, víctimas de sus hipotecas basura. La segunda sanción más elevada impuesta en la historia de EEUU no alcanza lo que la empresa afectada gana en un trimestre.

La tercera multa del ranking, 9.500 millones de dólares (unos 7.200 millones de euros) que asumió Bank of America en marzo de 2014, es una de las acordadas con varios bancos por la Agencia Federal Financiera de la Vivienda para poner fin a sus litigios. El motivo, haber mentido a las entidades semiestatales de refinanciación hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac sobre el alto riesgo de los activos respaldados por hipotecas basura.

El fraude subprime hizo perder a ambas más de 20.000 millones de euros, provocando un descomunal e irreparable daño a la economía estadounidense (que como es habitual en el sistema capitalista acabó socializando las pérdidas) y mundial.

COMISIÓN EUROPEA

1. Intel: 1.060 millones de euros (2009)

2. Deutsche Bank: 465,9 millones de euros (2013)

3. Société General: 445,9 millones de euros (2013)

En la Unión Europea, la sanción más elevada desde su nacimiento también está relacionada con banksters, pero la cifra es incluso inferior a las mayores aplicadas en EEUU. Se produjo en diciembre de 2013, cuando la Comisión Europea impuso unos ridículos 1.712 millones de euros a seis bancos por su participación en dos cárteles que compartieron información durante años para manipular la cotización de los tipos de interés que aplicaban a sus productos.

Deutsche Bank (465,9 millones), Société Général (445,9 millones), Royal Bank of Scotland (131 millones) y Barclays participaron en un complot entre 2005 y 2008 para alterar derivados del euríbor (el interés al que los bancos se prestan dinero en euros entre sí) y el líbor (su homólogo británico, utilizado en mercados anglosajones y asiáticos), afectando a las operaciones de grandes inversores y a las hipotecas y préstamos al consumo a interés variable. Barclays se libró de la sanción (que hubiera sido de 690.000 euros) por haber sido la primera entidad que confirmó la existencia de esta conspiración a la autoridad comunitaria de Competencia.

Por otro lado, RBS (260 millones) y Deutsche Bank (259 millones) también fueron multados, junto JP Morgan (79 millones), Citigroup (70 millones) y RP Martin (247.000 euros), por participar junto a UBS en uno o varios acuerdos bilaterales entre 2007 y 2010 sobre productos derivados de tipos de interés referenciados al yen japonés (su índice, el tíbor). Ser el primero en revelar datos sobre este pacto le sirvió a UBS para obtener inmunidad (e impunidad) total y librarse de la mayor multa, que hubiera ascendido a 2.500 millones.

Curiosamente, el año anterior UBS había sido multada con un total de 1.250 millones de euros por los gobiernos de EEUU, Reino Unido y Suiza por alterar el euríbor y el líbor, mientras que a Barclays le habían caído por los mismos motivos 360 millones en sanciones de las autoridades estadounidenses y británicas. Se ve que en la Comisión Europea no habían leído la prensa.

Sólo en 2007, uno de los años de la conjura del euríbor, Deutsche Bank ganó 6.500 millones de euros netos. Así que las multas que le impuso Bruselas se pagarían con los beneficios obtenidos por el banco alemán en poco más de un mes.

La segunda sanción más grande en Europa alcanzó los 1.470 millones de euros. Fue anunciada por la Comisión en diciembre de 2012 a siete fabricantes de tubos catódicos para televisores y pantallas de ordenador. LG, MTPD, Panasonic, Philips, Samsung, Technicolor, Toshiba y Chunghwa (que se libró de la multa por haber dado el chivatazo) habían constituido dos cárteles a escala mundial para pactar precios y repartirse el mercado entre 1996 y 2006. "Podrían incluso haber ralentizado artificialmente la transición a productos más modernos como el LCD y el plasma", advirtió el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

La tercera multa más elevada (la primera a una sola empresa) de la Comisión Europea fue la aplicada en 2009 al grupo informático estadounidense Intel: 1.060 millones de euros por abusar de su posición dominante para expulsar a sus rivales, especialmente a AMD, del mercado de microprocesadores. Intel, líder de su sector, recurrió entre 2002 y 2007 a prácticas ilegales como la aplicación de fuertes descuentos e incluso pagos a fabricantes de equipos como Acer, Dell, HP, Lenovo o NEC para que no usaran microprocesadores de AMD. La compañía también pagó al distribuidor Media Markt para que vendiera sólo ordenadores equipados con micros Intel.

La cuarta multa más alta de la historia aplicada por Bruselas y la segunda a una única empresa alcanzó los 899 millones de euros. Le cayó a Microsoft en 2008, en este caso por cobrar un precio excesivo por la información suministrada a sus competidores para que pudiesen fabricar productos compatibles con su sistema operativo Windows. La multinacional estadounidense sumaba con ésta casi 1.700 millones en multas por prácticas monopolísticas.

ESPAÑA

1. Transworld Financial Services: 118,3 millones de euros (1999)

2. Movistar: 44,5 millones de euros (2012)

3. Vodafone: 43,5 millones de euros (2012)

En España, la sanción más elevada ha sido de 121 millones. Se trata de una multa de 2009 aplicada por la entonces denominada Comisión Nacional de la Competencia a seis aseguradoras: Asepa, Mapfre, Caser, Scor, Múnich Re y Swiss Re. El motivo, haber pactado los precios cobrados a las promotoras en los seguros de sus nuevos edificios de viviendas, obligatorios desde 2002. La aseguradora sobre la que recayó la mayor sanción, 27,76 millones, fue Asefa (filial de la francesa Smabtp).

La segunda, los 119 millones impuestos en 2012 por Competencia a Movistar (44,5 millones, la mayor aplicada a una compañía de telecomunicaciones), Vodafone (43,5 millones) y Orange (30,0 millones) por abuso de posición dominante al cobrar precios excesivos en el servicio mayorista que prestan a los operadores móviles virtuales (OMV), los que no tienen red propia, por el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) en el ámbito nacional. La multa que recayó sobre Movistar representa también la más alta a una sola empresa (Competencia anunció en 2004 otra mayor contra Telefónica, por importe de 57 millones, pero fue anulada en 2010 por el Tribunal Supremo).

La tercera sanción más elevada (la mayor a una sola empresa) es de 1999, cuando el Ministerio de Economía, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), multó al chiringuito financiero Transworld Financial Services con 19.686 millones de pesetas (118,3 millones de euros) por desarrollar actividades de inversión en bolsa sin tener autorización para ello. Se trata, además, de la mayor sanción aplicada a una sola empresa.

AUTORIDADES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ESPAÑOLAS

1. Movistar: 2,9 millones de euros (Comunidad de Madrid, 2007)

2. Big Tours: 2,4 millones (Xunta de Galicia, 2009)

2. Vodafone: 1,4 millones de euros (Comunidad de Madrid, 2007)

Y ahora, ¿sabes a cuánto asciende la mayor multa impuesta en España por una autoridad de protección al consumidor?

La sanción más alta aplicada por un gobierno autonómico a instancias de su administración de consumo que ha trascendido públicamente no es de miles, ni de cientos, ni de decenas de millones. Se reduce a los 2,9 millones de euros que la Comunidad de Madrid impuso a Movistar en diciembre de 2007 por el fraude del redondeo a raíz de las denuncias de FACUA (a Vodafone la multó con 1,4 millones y a Orange con 960.000 euros). Las multas podían pagarse con lo que las operadoras recaudaban en un un par de días con una práctica ilegal que hasta que dejaron de aplicar les había reportado más de mil millones de euros anuales.

La segunda multa de mayor importe fue de 2,4 millones. La Xunta de Galicia sancionó con esa cifra a Big Tours (filial de la promotora Doctor Music), que organizó el concierto que Bruce Springsteen ofreció el 2 de agosto de 2009 en el auditorio del Monte do Gozo (Santiago), en el marco del Xacobeo. El Instituto Galego de Consumo recibió unas 770 reclamaciones de asistentes por el desastre organizativo que provocó el colapso a la entrada del recinto, al que muchos usuarios no pudieron acceder mientras veían cómo se colaban otros que no llevaban entradas.

El tercer lugar en el ranking de (mini)multas de las autoridades autonómicas de consumo podría ocuparlo los 2 millones de euros que la Junta de Andalucía hizo públicos en junio de 2014. El importe ya es ridículo por sí solo, pero mucho más si se tiene en cuenta que se trata de la suma de las sanciones de nada menos que 45 sancionadores por las cláusulas abusivas de 30 bancos. Las entidades ocultaron información relevante sobre las condiciones de sus contratos, establecieron intereses de demora excesivos, entre otras irregularidades.

En cuarta posición, el millón y medio de euros impuesto por la Comunidad de Madrid a las tres principales compañías de móvil en marzo de 2007 en sendos expedientes que sumaban un popurrí de irregularidades: cláusulas abusivas, incumplimientos de contratos, modificación unilateral de sus condiciones, vulneración de la normativa sobre contratación telefónica, prestación defectuosa de sus servicios y publicidad engañosa. Madrid analizó esta larga lista de fraudes masivos, multó a Movistar con 905.000 euros, a Vodafone con 611.000 euros y a Orange con 43.100 euros. Y borrón y cuenta nueva.