El cantante César Strawberry ha sido condenado a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. Su delito: unos tuits –esta es ahora la nueva arma del crimen- en los que se burlaba de algunas víctimas de ETA.

Rita Maestre fue absuelta, al fin, por la Audiencia Provincial de Madrid después de que fuera condenada por el Juzgado de lo Penal número 6 a una multa de 4.320 euros –curiosa cantidad-, por haberse quitado algunas prendas de ropa en la capilla de la Universidad Complutense.

Raúl García y Alfonso Lázaro pasaron cinco días y cinco noches encarcelados en la prisión de Soto del Real por haber presentado una farsa en títeres -¡en esperanto!- donde aparecía un cartel diciendo Gora Alka ETA. Que pretendía ser en realidad un montaje de la policía. En el juicio los absolvieron.

Cassandra Vera, estudiante de 21 años ha sido procesada por unos tuits –otra vez- sobre Carrero Blanco. El fiscal pide 2 años de prisión y 6 de inhabilitación para toda profesión.

Guillermo Torres y Manel Fontdevila, periodistas y dibujantes de la revista El Jueves fueron condenados a 3.000 euros de multa por una portada en la que se burlaban de los entonces príncipes Felipe y Leticia.

Estos son los casos más recientes de persecución, y en algún caso condena, en España, contra la libertad de expresión. Muchos más hemos sufrido en estos maravillosos años de democracia, ¡para qué vamos a hablar durante la dictadura! No tendría espacio en todo el periódico.

Miguel Riera, propietario y director de la ya veterana revista El Viejo Topo, Quimera, y de los sellos editoriales Montesinos y El Viejo Topo, fue procesado 37 veces durante la Transición por los artículos publicado en sus medios. Antonio Álvarez Solís, director de Interviú, durante los convulsos años de la Transición, fue procesado 43 veces entre 1976 y 1980, por lo publicado en la revista. Yo fui procesada cuatro veces entre 1973 y 1980, por artículos publicados en Triunfo, Vindicación Feminista e Interviú, si no me he olvidado alguno más.

Y en todos estos procesos, los fiscales presentaron cargos contra los imputados. Javier Zaragoza, que pertenece a la Asociación Progresista de Fiscales, es el que acusó a los titiriteros, incluso solicitó su ingreso en prisión.

Ante los procesos contra la libertad de expresión Fleming Rose, del Cato Institute de Washington, afirma que “el derecho a la ofensa es parte de la libertad de expresión. Nadie tiene derecho a no ser ofendido”.

Pero en España los fiscales consideran que en España todavía hay diferencias entre las personas: las que no pueden ser ofendidas y las que sí. De tal modo, por ejemplo el fiscal del proceso que se sigue contra Blesa por corrupción ha puesto toda clase de trabas para el esclarecimiento de los hechos y Pedro Horrac, el fiscal del sumario del caso Urdangarín se convirtió en abogado defensor de la Infanta Cristina, batiéndose bravamente por su inocencia. Pero estos son sólo los procesos que se hacen famosos por la singularidad del caso o la fama de sus protagonistas.

El art.124 de la Constitución establece que el Ministerio Fiscal es la Institución encargada de la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como de velar por la independencia de los Tribunales. En los millones de procesos judiciales que se substancian anualmente, los fiscales son fundamentales para cumplir con esos mandatos del Estado.

De su acusación, o no, depende la libertad, la hacienda, el honor y la felicidad de los ciudadanos, y de las ciudadanas. Y son responsables, en los procesos de divorcio, de violencia contra la mujer y de tutela de menores -porque la defensa de los menores es una de las responsabilidades más graves que recaen sobre los fiscales-, de la supervivencia, y tantas veces la vida, de las mujeres y del futuro de nuestra infancia.

En enero del año 2002 la revista Tiempo publicó un extenso artículo sobre el Opus Dei, donde un miembro de la judicatura afirmaba que “el Opus tiene interés en orientar a jóvenes licenciados hacia la carrera judicial y en especial a la fiscal”. Pero sería conveniente preguntarse la razón de por qué el Opus mostraba “especial” interés hacia la fiscalía.

En España la fiscalía permite, o alienta, toda clase de procesos de retirada de la custodia e incluso de la patria potestad a menores que son hijos de madres pobres, discapacitadas, prostitutas, drogadictas, sin familia, abandonadas por el padre o marido. Los niños van a parar a centros de acogida de propiedad privada, financiados con fondos públicos, que al poco tiempo son dados en adopción, sin que se haya esclarecido si es a cambio de algún beneficio económico para la institución.

Los fiscales no se oponen a la acusación del SAP (un síndrome psicológico falso) del que acusan muchos padres a la mujer para hacerse con la custodia del hijo, y en consecuencia poder expropiar a la madre de sus derechos económicos. Y apoyan esa aberración moderna de la custodia compartida.

Los fiscales no investigan los casos de malos tratos contra las mujeres y cuando la víctima, atemorizada y desprotegida, retira la denuncia, se limitan a archivar el expediente, sin proseguir la acusación pública para la que están destinados. Cuando la mujer que no ha sido atendida por la fiscalía es asesinada por su verdugo, el fiscal nunca es responsable por dejación de funciones. Esa muletilla de “la protección judicial efectiva” que la Administración de justicia le debe a todas las ciudadanas, y que se escribe en nuestra Constitución, en el Código Civil, en el Código Penal, en el la ordenación del Poder Judicial, no es más que una frase sin contenido. Ningún fiscal, ni juez –ese será otro artículo- es responsable de los feminicidios que se cometen cotidianamente después de que la víctima haya presentado denuncia contra su maltratador.

La Fiscalía nunca persigue de oficio a proxenetas y mafias que explotan a mujeres y niñas. Es más, como me sucedió en Valencia, solicitan el archivo de los procedimientos acusatorios de proxenetismo y trata. La Fiscalía, mientras tanto, ha permitido las abusivas inmatriculaciones de la Iglesia así como la inconstitucional Ley Hipotecaria de 1998 de Aznar, que ha dado lugar a un verdadero expolio de bienes públicos.

La Fiscalía no ha intervenido nunca ante el regalo de inmensas fortunas de dinero público a bancos que no se investigan. Como tampoco se ha personado de oficio contra los bancos que emitieron las acciones llamadas “preferentes”, ni contra “las claúsulas suelo” de las hipotecas, que se han demostrado abusivas e incluso delictivas.

La Fiscalía no ha intervenido nunca para defender a los usuarios de las tarifas abusivas de las eléctricas ni para evitar los injustos desahucios que han dejado en la calle a millones de familias.

No tengo espacio en este artículo, ni cabría en un tomo de 1.000 páginas, para recopilar los abusos, crímenes, injusticias, prevaricaciones y robos, de que fueron autores y cómplices los fiscales durante la dictadura franquista. A ellos se deben las condenas a muerte y a interminables penas de prisión de los luchadores antifranquistas; el expolio de los bienes de los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones civiles, los periódicos, las editoriales, y los propietarios particulares, acusados de ser republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, separatistas, masones; de las peticiones de absolución o de archivo de las denuncias por torturas que los detenidos presentábamos inútilmente ante los juzgados; de la entrega de niños y niñas a proxenetas, abusadores, sexuales, padres maltratadores; de la desgracia y la miseria de los trabajadores explotados por los empresarios; de la desprotección de las mujeres prostituidas violadas y acosadas sexualmente por familiares, patronos o vecinos.

La Fiscalía, como institución, con las honrosas excepciones que existen naturalmente, y que yo conozco, ha sido durante 40 años cómplice necesaria de las tropelías y el genocidio que la dictadura cometió durante esos interminables decenios. Pero concluida esta, podíamos permitirnos esperar que esa digna institución, garantía de la justicia y la equidad en una sociedad, protectora de los trabajadores, de los débiles, de los menores, de los discapacitados, de las mujeres, de las niñas, actuara según las nobles miras que la debieran caracterizar.

La observación de la realidad presente, como la documentación de que ya disponemos, nos despierta de semejante ensoñación. La Fiscalía obedece las órdenes del Fiscal General que está nombrado por el gobierno, y sigue siendo cómplice necesaria de la rapiña de los bancos y los poderosos, de las injusticias de los poderes ejecutivos, del machismo depredador de algunos padres y maridos, y del abandono de los niños necesitados de protección.

Pues, atiendan, ahora, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el gobierno y el PP, y aceptada por el PSOE, pretende encargar a la Fiscalía toda la investigación de los procesos, quitándole la instrucción a los jueces. Con esta reforma se habrá completado el plan conjunto del Capital, la Iglesia y el Patriarcado, para que abandonemos, como en la Puerta del Infierno de Dante, toda esperanza de justicia en este país.