Julián López

Estudiante del master de Economía Internacional y desarrollo

y miembro del equipo de EKO TV

Fernando Luengo

Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid,

miembro de econoNuestra, del círculo Energía, Ecología y Economía

y del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos

Mientras que la mayoría de la población ha sufrido un continuo deterioro de sus condiciones de vida –caída de los salarios, prolongación de las jornadas laborales, destrucción de empleo, reducción del gasto social público y aumento de los impuestos indirectos- una minoría se ha enriquecido, conquistando nuevos privilegios. Como resultado de ello, la desigualdad se ha disparado en los últimos años.

Abundan los estudios al respecto. Entre otros, los realizados por instituciones tan conservadoras como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Uno de los más interesantes es el que cada año realiza el Credit Suisse, que lleva por título Global Wealth Report y que se centra en la distribución y la concentración de la riqueza a escala nacional e internacional.

La concentración de la riqueza es notablemente superior a la del ingreso; de ahí el interés de poner el acento en la primera. Un indicador habitualmente empleado para medir la desigualdad es el Índice de Gini, que puede tomar valores comprendidos entre 0, mayor equidad, y 1, mayor inequidad. En España, este indicador alcanza el valor de 0,35, según Eurostat, si se centra en la renta, y asciende hasta el 0,67 si considera el patrimonio neto de los individuos, siguiendo los datos que ofrece el Credit Suisse

Con la crisis, el proceso concentrador se ha intensificado en la economía española. Así, el 10% más rico ha pasado de acumular el 52% de toda la riqueza en 2007 al 55,6% en 2014. Si tenemos en cuenta al 1% de los adultos con mayor patrimonio neto, los datos son aún más contundentes: del 22,6% en 2007 ha pasado a disponer del 27% del patrimonio neto total en 2014. Parece claro, por tanto, que no sólo se han distribuido de manera desigual los costes de la crisis económica, sino que ésta ha sido una oportunidad de las elites –sin duda bien aprovechada- para enriquecerse.

Esta histórica concentración de riqueza representa un pesado fardo para superar la crisis. Va de la mano de una creciente capacidad de las minorías privilegiadas para hacer valer sus intereses en las instituciones y en la política. Nada nuevo en el horizonte. De hecho, son los lobbies empresariales y las grandes corporaciones las que han determinado, en buena medida, la agenda del proyecto europeo. Pero en estos años de turbulencia hemos asistido a un incontenible avance de la concentración de la riqueza en las capas más poderosas de la población, derribando todos los diques de contención.

Los rescates concedidos con dinero de todos a los grandes bancos (principales responsables de la crisis), los beneficios fiscales de los que disfrutan las grandes empresas y fortunas, así como el bloqueo de las iniciativas encaminadas a la reestructuración de la deuda son sólo algunos significativos ejemplos de la influencia política que los grandes propietarios atesoran.

No es ningún secreto que los intereses de esa minoría de millonarios y multimillonarios están estrechamente vinculados a la industria financiera (cuya desbordante expansión está en el origen de la crisis). El propio Global Wealth Report así lo reconoce:

“Mientras que la base de la pirámide de riqueza está ocupada por población procedente de diferentes países en periodos vitales distintos, los individuos poseedores de un patrimonio neto millonario y multimillonario están fuertemente concentrados en ciertas regiones y países, y tienden a compartir estilos de vida similares, participando en los mismos mercados mundiales de bienes de lujo, incluso aunque residan en distintos continentes. La cartera de activos de estos individuos tiende además a asemejarse, centrándose en activos financieros y, particularmente, participaciones accionariales de compañías públicas negociadas en mercados internacionales” (GWR, 2014, P.26).

Es más, como señala el mismo informe, existe una profunda imbricación entre la creciente desigualdad patrimonial en los últimos años y la posesión de activos financieros:

“Aunque existen razones por las cuales la desigualdad de riqueza podría estar siguiendo un camino secular ascendente, las variaciones en años consecutivos están fuertemente vinculadas a la importancia relativa de los activos financieros en la cartera de los hogares (…). Hay fuertes motivos para pensar que el aumento de la desigualdad desde 2008 está fundamentalmente relacionado con el aumento de los

precios de las acciones y el tamaño de los activos financieros en Estados Unidos y otros países con altos niveles de riqueza” (GWR, 2014, p.12).

Sólo en este contexto cabe entender las políticas aplicadas desde el BCE–tanto la reducción de los tipos de interés como la flexibilización cuantitativa-, que persiguen, antes que nada, el saneamiento de los balances bancarios y alimentar la economía basada en la deuda.

La consideración de estos mismos intereses es esencial para analizar el sesgo de las denominadas reformas estructurales que se han impuesto en la periferia europea y que tienen en la desregulación del mercado laboral uno de sus elementos centrales. Su impacto sobre el empleo ha sido mínimo, pero sí han conseguido lo que, sin duda, era su objetivo fundamental: debilitar el poder de negociación de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. De esta manera, se ha consolidado un mecanismo de acumulación de capital sustentado en la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo.

Por todo ello, para salir de la crisis es imprescindible introducir en la agenda política la reducción de la concentración de la riqueza. Sólo así será posible recuperar la política para la ciudadanía, impulsar un ambicioso programa de transformaciones estructurales y, en definitiva, llevar a cabo políticas económicas permeables a los intereses de las mayorías sociales.

Reducir los privilegios de las elites pasa, entre otras cosas, por: a) introducir una fiscalidad progresiva sobre la renta, los beneficios, los patrimonios y las grandes fortunas; b) llevar a cabo una reforma laboral que empodere a los trabajadores y asegure la negociación colectiva; c) aplicar una profunda transformación del sistema financiero que regule los mercados opacos, prohíba los productos especulativos de alto riesgo e introduzca un cortafuegos legal entre las actividades de banca comercial y de inversión, creando además una potente y eficaz banca pública; d) avanzar hacia una progresiva desconcentración y desmonopolización de los sectores estratégicos de la economía; e) promover una regulación de las retribuciones de los altos ejecutivos y de las prácticas corporativas que alimentan las actuales disparidades de ingreso; y e) impulsar una reestructuración de la deuda en la que los acreedores y los grandes accionistas asuman su responsabilidad.

Este es el camino que será necesario recorrer para aliviar la concentración de renta y riqueza, si queremos crear las condiciones para surja otra economía, más solidaria, más equitativa y, por esa razón, más eficiente. No será fácil, ni será rápido, pero este es el cambio que necesitamos.