Cuando los ejércitos estadounidense y británico invadieron Irak, justificando la guerra con mentiras y falsas acusaciones, los iraquíes gozaban de una de las sociedades más laicas y liberales de todo el mundo musulmán, en el que abundan dictaduras tanto o más tiránicas que la de Sadam. Ahora, cuando Obama ha dado orden de retirar las tropas de combate a fin de mes, las exigencias del Consejo Supremo Islámico chií bloquean la formación de un Gobierno y hasta en las calles de Bagdad las mujeres circulan tapadas y temerosas, bajo amenaza de muerte de los integristas.

En Afganistán, las matanzas de civiles con las que se derrocó a los talibanes (en venganza por el 11-S), y que siguen cometiendo las fuerzas de la OTAN, se intentan justificar por la necesidad de impedir que esos islamistas bestiales vuelvan al poder. Pero lo que tratamos de afianzar en Kabul es un Ejecutivo cuyos dos vicepresidentes (Mohamad Qasim Fahim y Karim Jalili) están entre los mayores criminales de guerra del país. El presidente Karzai ha encumbrado a los más sanguinarios señores de la guerra –y ha rubricado leyes brutales contra las mujeres– para consolidar su régimen.

El ministro de Economía afgano que gestiona el torrente de ayuda occidental, Abdul Hadi Arghandiwal, lidera la facción fundamentalista Hizb-i-Islami y coincide con los talibanes en que las afganas tienen que tener prohibido salir a la calle si no van acompañadas por un pariente varón. “Lo que queremos en Afganistán son derechos islámicos, no derechos occidentales”, aduce el ministro, que en cambio no tiene reparos en aceptar los millones de dólares y euros que suelen acabar atrapados en las redes de corrupción sobre las que se sostiene su Gobierno.

El propio Karzai argumenta: “Más importante que proteger los derechos de las

niñas es salvar sus vidas”.

En realidad, las están condenando a muerte en vida.