Las consecuencias de la Transición inmodélica: las crisis social y nacional

Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

España está hoy experimentando dos de las mayores crisis que haya tenido en su período democrático (1978-2018). Una es la crisis social, que aun cuando no tiene mucha visibilidad mediática, es enorme y queda reflejada en el último informe del European Trade Union Institute (Bad jobs revovery? European Job Quality Index 2005-2015), que muestra que las condiciones del mercado de trabajo en España (de donde la gran mayoría de la población adulta adquiere su sustento) son de las peores de los 28 países que constituyen la Unión Europea, informe que ha pasado desapercibido en los mayores medios de información españoles y que apenas ha llamado la atención en los fórums del establishment político de España, incluyendo Catalunya (ver mi artículo España es el país de la Unión Europea con peores condiciones de trabajo” en Público, 22.02.18).

A nivel de calle, sin embargo, la realidad que presenta tal informe es ampliamente conocida, pues es la gente normal y corriente la que está sufriendo tal crisis. Y ello explica cómo, según señalan las encuestas, para la mayoría de la población, los temas que se consideran más importantes y que son percibidos como más preocupantes son precisamente los relacionados con el trabajo y con la calidad de vida y bienestar de las personas y sus familias, tales como el desempleo, la precariedad, los bajos salarios, preocupaciones que también incluyen el deterioro de los servicios del subfinanciado Estado del bienestar tales como la sanidad, las transferencias públicas como las pensiones (ver, entre otros, los barómetros del CIS, estudios número 3.198 y 3.205).

El otro gran problema que tiene España y que sí que tiene una gran visibilidad es el tema nacional, definido por el establishment político-mediático español como el “problema catalán”, que es en realidad uno de los problemas más graves que tiene el Estado español, habiendo alcanzado unas dimensiones desconocidas en el período democrático y que están preocupando al Estado español por la inestabilidad que le genera y por el gravísimo problema de imagen que le está creando a nivel internacional. Tal debate nacional es el que centra la atención del establishment político-mediático del país. Los mayores partícipes en este debate son las élites de los establishments políticos a los dos lados del Ebro (el español y el catalán). Y lo que es interesante constatar es que a pesar de las grandes cajas de resonancia que los mayores medios les ofrecen, tal tema no ha aparecido a nivel de calle como un problema grave para la gente normal y corriente. Los porcentajes de la población que expresan preocupación sobre el tema nacional y las tensiones entre Catalunya y España son muy bajos. En ninguna encuesta de opinión popular tal tema aparece una preocupación alta a nivel popular (ver, entre otras, las mismas encuestas del CIS mencionadas anteriormente). Esta enorme distancia entre la opinión de la gran mayoría de la población (y muy en especial entre las clases populares) sobre qué temas son más importantes y lo que los establishments políticos y mediáticos del país así definen está creando un problema grave de legitimidad de los segundos desde el punto de vista de los primeros, surgiendo una distancia enorme entre la calle y tales establishments que explica el creciente grado de desconfianza de las clases populares (que son la mayoría de la población) hacia las clases políticas gobernantes y hacia los medios de información, habiéndose alcanzado uno de los niveles más elevado de desafección en la Unión Europea. A modo de ejemplo, y según el último Eurobarómetro del otoño de 2017, en España solamente un 22% de los encuestados respondió que “tendía a confiar” en el gobierno (el sexto porcentaje más bajo de la UE-28, solo por detrás de Grecia, Croacia, Italia, Eslovenia y Rumanía), y solo un 8% afirmó tender a confiar en los partidos políticos (el segundo porcentaje más bajo de la UE-28, solo por detrás de Grecia, y al mismo nivel que Francia, Chipre y Eslovenia). En cuanto a los medio de comunicación, en sus distintas variantes, España registró también algunos de los niveles más bajos de confianza en la UE-28; en el caso de la televisión (36% de confianza), la prensa (40% de confianza) y la radio (52% de confianza) los españoles tenían, respectivamente, la segunda, la séptima y la sexta confianzas más bajas del conjunto de países de la UE-28.

Cómo los establishments político-mediáticos explican tales crisis

A primera vista parecería que las dos crisis -la crisis social y la crisis nacional- no están relacionadas. La gravedad de la primera crisis -la social- constantemente se relativiza por voces del establishment político-mediático del país diciendo que en todos los países de la UE se ha dado tal crisis y que no hay nada prácticamente nuevo en la manera como se ha presentado en España que pueda atribuirse a los factores internos dentro de este país. De ahí que se atribuya la crisis a factores externos, tales como la integración europea y/o la globalización, sobre los cuales poco se puede hacer. De hecho, la externalización de responsabilidades siempre ha sido una característica de la respuesta de las estructuras de poder a situaciones y políticas impopulares. El establishment español traslada las responsabilidades a Bruselas y/o Frankfurt, y el establishment catalán a Madrid.

Y en cuanto al supuesto “problema catalán”, el establishment político-mediático lo atribuye al insaciable apetito por el poder del nacionalismo catalán, que “siempre quiere más”, y que ha alcanzado tal nivel intolerable de demandas que debe ser parado. El ¡Basta ya! del establishment españolista es la respuesta del Estado a las demandas del independentismo, al que, aun cuando se le permite expresar sus ideas, no se le permite desarrollarlas, pues las leyes que el Estado español ha dictado no lo autorizan.

Las dos crisis tienen, en realidad, una causa común: la Transición inmodélica

Las enormes crisis social y nacional están, sin embargo, íntimamente relacionadas, aunque en signo opuesto al que, por lo general, se considera. Las dos crisis están enraizadas en una realidad común: el hecho de que el Estado democrático español no se construyera sobre las bases de una ruptura con el Estado dictatorial anterior, sino sobre una cierta continuidad, muy acentuada en los aparatos encargados de la seguridad y del mantenimiento y reproducción del orden y de la ley. Es parte de la narrativa oficial su énfasis en el respeto a la Ley y al Orden, a los cuales se interpreta sistemáticamente con un sesgo que favorece los intereses de los vencedores de la Guerra Civil, que fueron los que dominaron el proceso de Transición de la dictadura a la democracia y que dejaron su imprimátur en el orden jurídico del Estado, incluyendo la Constitución.

Como he documentado en escritos anteriores, la transición distó mucho de ser modélica. El gran dominio en aquel proceso de las fuerzas conservadoras, enraizadas en la dictadura, dejó su huella en el “nuevo” Estado, de manera que las cámaras legislativas y los aparatos de la seguridad y del orden estaban y continúan estando sesgados a favor de mantener el orden y las coordenadas de poder económico, financiero, político y mediático que existían y continúan existiendo en el país (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta: sobre lo que no se habla en nuestro país, Anagrama, 2009). No hubo una purga del personal de las altas esferas del Estado como ocurrió en otros países que habían sufrido dictaduras semejantes, como fue el caso de Alemania, Francia e Italia. El funcionariado continuó imbuido de la ideología del régimen puesto que no se cambió ni al personal ni a la ideología del Estado, el cual continuó centrado en la Monarquía borbónica, que pasó a ser un símbolo del continuismo. El nivel de servilismo a la Corona (como las ceremonias de besamanos en cada visita del Monarca) es el típico de un sistema profundamente jerárquico, autoritario, radial, uninacional e intolerante, que define como anti-España cualquier alternativa que pudiera considerarse a la Monarquía. España y Monarquía borbónica son consideradas conceptos y realidades idénticas.

Uno de los elementos de continuismo es la dureza y represión no solo física, sino ideológica y cultural, a la que se ha sometido a cualquier intento de cambiar la ideología dominante en el Estado, la borbónica uninacional, radial y excluyente, intentos que han sido siempre reprimidos duramente. Tal represión y dureza es fácil de demostrar, catalogando como delitos mayores hechos que no se definirían como tal en otros países de la UE. Para ello se utiliza un sesgo profundamente conservador (de ultraderecha) para interpretar leyes a su antojo. De esta manera su supuesta defensa de la ley y/o de la Constitución es solo aplicable a algunos componentes que afectan sus intereses. Así la corrupción, que significa una ruptura de la ley, es ignorada sistemáticamente. Y lo mismo ocurre con la Constitución, siendo esta ignorada sistemáticamente en los apartados en los que exige la realización de los derechos sociales, algo que continuamente es violado en la práctica legalista de los supuestos partidos constitucionalistas. En realidad, algunos de los partidos españoles que se autodefinen como constitucionalistas son los que sistemáticamente ignoran con mayor frecuencia los mandatos constitucionales que exigen, como derechos de ciudadanía, el acceso al trabajo o a la vivienda, entre otros. De estos sesgos en las leyes y en su lectura y aplicación, dos han sido particularmente importantes. Uno es el clasismo, es decir, la continuación del dominio de clase existente en España, reproducido a través de las instituciones del Estado, incluyendo la Ley (y la Constitución). Y el otro es el uninacionalismo, intrínseco al aparato y a la ideología del Estado.

El clasismo del Estado español y sus consecuencias: la crisis social

La dictadura se caracterizó por la exigencia de sumisión de la clase trabajadora al poder del Estado. Los sindicatos verticales, conocidos por su ideología nacional sindicalista, negaban la existencia de intereses opuestos entre la patronal y los trabajadores. Suponían, en la práctica, el control y dominio de la clase trabajadora por parte de la patronal. Ello implicó un enorme dominio de las élites económicas y financieras sobre la clase trabajadora a través del Estado, lo cual explica que una de sus características fuese el maridaje y la complicidad entre Estado y Patronal. De ahí que la corrupción en los aparatos del Estado sea sistemática y estructural. Pero tan o más importante que la corrupción ha sido el sesgo propatronal (y a favor de la propiedad) de las políticas públicas del Estado, causa del gran retraso social de España con la enorme subfinanciación del Estado del Bienestar. Incluso antes que empezara la crisis (2007), las transferencias (como las pensiones) y los servicios del Estado del bienestar (como sanidad, educación, vivienda y servicios sociales) estaban entre los menos financiados de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al español. España, por ejemplo, empleaba en 2015 solo el 4,1% del PIB en gasto público en educación, solo el 6,2% en sanidad, solo el 8% en pensiones de jubilación (según Eurostat), etc., porcentajes menores que el promedio de la UE-15 (4,8%, 7,3% y 9,5% respectivamente). Tal subfinanciación ha aumentado todavía más como consecuencia de las políticas de austeridad, las más duras entre los países de la UE-15. Es precisamente el todavía persistente clasismo del Estado la mayor causa de la enorme crisis social en España (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Anagrama, 2015).

El uninacionalismo del Estado español: la causa del problema nacional

Otra característica del Estado español (junto con el clasismo) ha sido la continuidad de una visión hegemónica uninacional que excluía las otras naciones existentes en España. Ello fue facilitado por la falta de corrección de la historia de España (lo que se llama la memoria histórica) por parte de los establishments político-mediáticos del país, incluyendo el PSOE. No ha habido un compromiso ni por parte de las derechas ni por parte de las izquierdas gobernantes (PSOE) de plantearse realizar tal corrección al pensamiento hegemónico borbónico uninacional. Tal como indicó en una declaración el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, “los republicanos nos sentimos muy bien representados en esta monarquía parlamentaria”. De ahí que indicara que el PSOE votaría en contra de juzgar los crímenes franquistas para no tocar la Transición. Desde la continuidad del Valle de los Caídos al silencio sobre el mayor porcentaje de personas desaparecidas por motivos políticos (después de Camboya) muestran la falta de compromiso con el cuestionamiento del dominio y hegemonía de la ideología del régimen en España.

Los problemas acarreados por el olvido histórico

Esta resistencia a recuperar la historia aparece también en amplios sectores de las izquierdas, debido a su temor a ser acusados de “guerracivilistas” o de “nostálgicos”. Pero hay que ser conscientes que esta resistencia a recuperar el pasado ha facilitado la persistencia de la cultura hegemónica borbónica. Tal debilidad ha aparecido últimamente a raíz de la utilización de la bandera borbónica como el símbolo de las personas españolas opuestas al secesionismo catalán. No se ha reconocido que hay otra bandera -la española republicana- que tenía más credibilidad y validez para representar los intereses de las clases populares españolas. Al olvidarse de la bandera republicana, los españoles de izquierdas no pudieron enarbolar este símbolo alternativo al borbónico, del cual consciente o inconscientemente las izquierdas son herederas. En realidad, a no ser que se recupere la historia real de España y de la República, las izquierdas estarán huérfanas de símbolos y puntos de referencias. Es notable acentuar, por cierto, que una realidad muy visible, tanto en la marcha feminista del 8 de marzo como en la de los pensionistas, fue que las banderas republicanas aparecieran de nuevo como alternativa a la bandera borbónica (y en Catalunya a la bandera estelada).

Este Estado uninacional es el mismo Estado instrumentalizado por los poderes económicos y financieros dominantes en España, responsables de su enorme subdesarrollo social. En realidad, la centralización del Estado, uninacional, era una necesidad para poder instrumentalizar el Estado. De ahí deriva el gran error de sectores importantes de las izquierdas uninacionales, que defienden el centralismo como necesario para aplicar medidas redistributivas y así disminuir las desigualdades regionales. Tal supuesto asume erróneamente que este Estado uninacional borbónico tiene una voluntad redistribuidora, algo que los hechos –las altamente regresivas políticas fiscales y presupuestarias- muestran que no es cierto. No hay, ni en España ni en Europa, evidencia de una relación entre poder del Estado central y nivel de desigualdades del país. En contra de lo que se dice en España, el Estado está muy centralizado. En este país, por ejemplo, ni los ayuntamientos ni los gobiernos autonómicos tienen el poder de regular el precio de los alquileres. Solo el Estado central puede hacerlo. Y como consecuencia, las dificultades y desigualdades en el acceso a la vivienda han alcanzado dimensiones extremas. Esta centralización del poder es una de las principales causas de las grandes desigualdades en el país. Por paradójico que parezca, no es necesario que exista una centralización del poder estatal para reducir las desigualdades en un país. Depende de quién controle tal Estado. Suecia, por ejemplo, tiene una gran descentralización en las políticas presupuestarias y fiscales, y es el país con menores desigualdades sociales y regionales.

La interdependencia entre el uninacionalismo centralista de España y el secesionismo: los dos se necesitan

Frente al Estado español, el movimiento de mayor visibilidad mediática en Catalunya ha sido el movimiento independentista, que desde el principio debió su crecimiento a la intolerancia y oposición a la diversidad nacional por parte del Estado central. La historia es conocida. La resistencia a aceptar el Estatuto de Catalunya, aprobado por el Parlament, por las Cortes Españolas y por un referéndum por el pueblo catalán, creó el gran crecimiento del independentismo. La existencia de esta realidad explica la estrategia del “procés” independentista, que ha tenido como objetivo beneficiarse de las tensiones con el Estado central a fin de que su represión movilice el mayor apoyo popular. La estrategia del crecimiento de las tensiones fue uno de los motores del “procés”, y así lo han reconocido dirigentes del movimiento independentista.

Esta estrategia de tensionamiento es coherente pero sumamente arriesgada, pues parece construirse sobre una serie de supuestos altamente cuestionables. Uno de tales supuestos es asumir que el Estado, frente a la continua presión, aceptaría el diálogo y el debate. Parte de este supuesto ha sido creer que Europa añadiría su voz y presión. Esta visión que parece existir en sectores del sector independentista transmite un enorme desconocimiento o una ingenuidad de lo que es el Estado español. Existe, por otra parte, una variante más radical de esta estrategia que asume que la tensión en sí haría colapsar tal Estado, denunciado o presionado también por la Comunidad Internacional (véanse las declaraciones de Carles Riera, portavoz de la CUP, en diario digital independentista El Nacional el 27.03.2018). En ambos casos, la estrategia reconoce que el deseado fin –el independentismo- es a largo plazo. Ni que decir tiene que esta estrategia basada en la dualidad tensión-represión conlleva un coste elevado para el Estado español, pues, a nivel internacional, este está apareciendo más y más como el Estado heredero de la dictadura. Ahora bien, en una España claramente derechizada es muy cuestionable que el elemento de presión fuera suficiente para que tal Estado aceptara la secesión. Mientras, la situación social de la población en Catalunya se está deteriorando, situación que gran número de dirigentes independentistas parecen desconocer, ignorar u ocultar. Contribuye a esta ocultación el que la formación política que hegemoniza el independentismo (Convergència) es la que ha dominado la vida política y mediática de Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático, siendo en gran parte responsable de las políticas neoliberales que han afectado muy significativamente el bienestar de las clases populares.

¿Qué se podría haber hecho?

La respuesta era y es fácil de ver: relacionar la lucha para cambiar Catalunya con la de cambiar España, estrategia que nunca fue considerada por parte del bloque independentista, pues su estrategia necesitaba de una visión de España como algo incambiable, fea, explotadora y antipática. Esta visión era esencial para desarrollar su estrategia. En realidad, el bloque independentista siempre sintió hostilidad hacia En Comú Podem, pues veían que el crecimiento de una vía alternativa, con la posibilidad de cambio de España amenazaba su estrategia. No es por casualidad que desde el principio, cuando Pablo Iglesias se presentó (el 20.12.2014) en la Vall d’Hebron, el independentismo mostrara una gran agresividad hacia Podemos, presentándolo como anticatalanista. Joan B. Culla, el intelectual orgánico del pujolismo, escribió maliciosamente en el artículo “Vino viejo en odres nuevos” (El País, 24.12.2014) que el presidente Pasqual Maragall, que asistió al evento, había sido abucheado en dicho acto (noticia errónea y también maliciosa presentada por El País el 21.12.2014, ya que en realidad recibió una enorme ovación en el estadio). El independentismo siempre presentó gran hostilidad hacia las nuevas izquierdas catalanas.

En realidad, En Comú Podem ha sido objeto de hostilidad constante por parte de diarios digitales independentistas como Vilaweb, Nació Digital y otros, que lo perciben como el mayor peligro para el independentismo pues su éxito implicaría un descenso del independentismo. La reconversión de Albano Dante, el ex Secretario General de Podem Catalunya, en uno de los mejores aliados de la política de los independentistas (acercamiento que creó un rechazo por parte de los inscritos de Podem Catalunya, lo que originó su dimisión) hizo que pasase a ser ampliamente utilizado –mediante mentiras y manipulaciones- por parte de instrumentos del independentismo, citados anteriormente, para desacreditar a Podem y a Podemos, transformándose en su mayor atacante en los mayores órganos del establishment independentista catalán (TV3, RAC1 o Catalunya Ràdio) y convirtiéndose para algunos de estos medios en su “periodista”, pagándole así sus servicios.

La única posibilidad de cambio en Catalunya es que haya cambio también en España. Pero que haya cambio en España también preocupa a los independentistas, pues necesitan de una España “incambiable” para poder movilizar a más gente. Y de ahí las constantes tensiones entre los partidos independentistas y En Comú Podem, y las falsas acusaciones de “equidistancia”, “ambivalencia” u otras frivolidades de las que los primeros acusan a los segundos. En realidad, si la estrategia del independentismo fuera el soberanismo (que es un concepto distinto al independentismo, y qe consiste en defender el derecho a decidir –y por lo tanto a escoger– por parte de la población catalana) entonces su estrategia habría cambiado sustancialmente, no intentando instrumentalizar –como lo han estado haciendo– los movimientos que existen en Catalunya para recuperar y extender los derechos políticos, sociales y laborales del pueblo catalán. Su constante deseo de controlarlos, siguiendo prácticas antidemocráticas (y que siempre han impedido el surgimiento de un movimiento amplio más transversal que el independentismo), dificulta una amplia alianza con otras fuerzas políticas en Catalunya y en España, deseosas de establecer un Estado republicano y plurinacional que podría favorecer un cambio mayor y más posible en Catalunya. De momento, esta posibilidad está todavía lejana, pero es la única salida al “problema catalán” que es (como siempre fue) el problema español. Así de claro.