Como no podía ser de otra manera en el reino de los complots, la gran incógnita que sobrevuela ahora el ‘caso Rato’ no es si el exvicepresidente cometió delitos de blanqueo de capitales o de alzamiento de bienes, que eso ya se da de suyo, sino si tras su detención exprés ha habido una conspiración, otra más, aunque en este caso no exista acuerdo sobre sus urdidores. Primero se pensó que quien había mecido la mano en la nuca de Rato era el propio Gobierno, ya fuera para demostrar que era implacable contra la corrupción o para desactivar a tiempo una bomba cuyo estallido era incontrolable. Posteriormente, se ha extendido justamente la idea contraria: hay una conjura, sí, pero para devolver a Rajoy por manso al Registro de Santa Pola.

Pensar que hemos asistido a un folletín producido en los estudios de la Moncloa para convertir al presidente en Mister Proper parece disparatado, aunque, si así fuera, sólo cabría desear al estratega una pronta recuperación en alguna clínica psiquiátrica. Imaginar al PP combatiendo sin desmayo a los corruptos, especialmente a los que han abrevado en sus establos, es más propio de una película de ciencia ficción, y habría requerido un paisaje lunar y que Rato hubiese irrumpido en escena embutido en una escafandra con gravedad cero.

De hecho, la percepción general de la calle es que Alí Babá tenía varias cuevas y que el Gobierno y su partido regentan una de ellas en régimen de franquicia de la que algún día podría salir hasta Rajoy con la nuca protegida para no darse un coscorrón con las estalactitas.

La segunda opción es mucho más sugerente por lo que tiene de magnicidio. Un grupo de ‘golpistas’ en el interior del PP estaría determinado a acabar con la vida política de Rajoy, aunque ello implicara el hundimiento del partido en el próximas municipales y autonómicas. Así, tras el presumible desastre electoral, el gallego se vería obligado a convocar un congreso extraordinario en el que se le agradecerían los servicios prestados y se elegiría un nuevo líder para concurrir a las generales a final de año. En resumen, un disparate aún mayor.

Queda, no obstante, una tercera vía inexplorada, que también es tradición por estos lares: el reality de la detención de Rato ha combinado alguna venganza personal con una colosal chapuza, sin que nadie se haya parado a pensar en las consecuencias. Actualmente, es la hipótesis más probable.

Nuevamente, se ha perdido de vista lo esencial. Y es que sólo con la vergüenza extraviada o intacta por falta de uso puede continuar como ministro el padre de una amnistía fiscal cuya última consecuencia ha sido extender la impunidad y desplegar una alfombra roja a lo más granado de nuestras clases delictivas, de las que en tiempos recibíamos incluso lecciones de moralidad.

En contra de lo que dice Montoro, lo de Rato no es la trapacería de un particular sino el exponente de una indecencia institucionalizada que, de haber sido por el prenda de Hacienda, ya estaría legalizada o prescrita, tal era su intención inicial. La “repera patatera”, a la que aludía este martes el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en referencia al contenido de los expedientes de los 715 contribuyentes investigados tras la amnistía, es exclusivamente la calderilla del atraco.

Tal es el desahogo, que ni Montoro se ve en la necesidad de dejar el cargo ni Rajoy en la de dar explicaciones sobre ese patio de Monipodio que el día menos pensado acabará eligiéndole presidente de la comunidad de vecinos. Rajoy ha estado en el centro de la Gürtel, de los sobresueldos de Bárcenas y de la contabilidad B del PP, y es el responsable directo de la designación de Rato como presidente de Cajamadrid, esa magistral operación que ya nos ha costado 24.000 millones de euros. Su habilidad para relacionarse con facinerosos es admirable. Invariablemente, de todo ello se ha enterado por la prensa, algo bastante inverosímil siendo como es lector del Marca.

La capacidad de sorpresa está agotada en un país que parece de goma y que asiste inerme a la constatación del saqueo y de la impudicia de unos malhechores disfrazados de políticos que han hecho de la democracia un Monopoly en el que siempre terminan forrándose. Lo grave no es que el Gobierno se oponga a facilitar la lista de unos cientos de presuntos delincuentes; lo realmente grave es que diga que se lo impide la ley, y que hasta lleve razón. Esa es la democracia que tenemos.