Si a cualquier colectivo de trabajadores le reducen un 40% sus ingresos de un plumazo y le obligan a trabajar más horas, lo normal es que se ponga en huelga y todo el mundo lo entienda. Las cosas cambian drásticamente si ese colectivo es el de los controladores aéreos, cuya mala fama se han ganado a pulso ellos solitos durante años.

Porque es curioso que siempre hayan protagonizado paros de celo pero nunca una huelga con todas las de la ley. Hace ya casi treinta años armaron un caos fenomenal que obligó a cancelar un congreso de la UCD gobernante. Desde entonces, los controladores han utilizado con prepotencia poco disimulada los paros en fechas sensibles para lograr mejoras fundamentalmente económicas.

Hace sólo tres semanas, las bajas médicas en las torres de control habrían hecho pensar en una epidemia, controlada en cuanto se les amenazó desde Fomento con el despido procedente. Los controladores deciden convocar una huelga de forma legal y transparente, y tienen derecho a hacerlo en las fechas que más impacto pueda causar. Es una forma lícita de presionar en la negociación; eso sí, Aena tiene también la obligación de imponer unos servicios mínimos que garanticen el tráfico aéreo como servicio esencial.

El problema de los controladores es que nadie puede considerar injusto un sueldo medio que ascendía a 350.000 euros anuales y que ahora se quedará en unos 200.000. ¡Ya lo quisiera un médico de urgencias!, con el mismo o mayor estrés.