Hay que remontarse a mayo de 1984, cuando la Fiscalía General del Estado intentó procesar a Jordi Pujol por el sumario Banca Catalana, para encontrar un exacto precedente de cuanto sucede ahora en Cataluña, tras conocerse la investigación con mandato judicial de las actividades de Pere Aragonès en 2019. En ambos casos, la reacción ha sido idéntica. Envolverse en la bandera catalana, llamar a una movilización social contra Felipe González, entonces, y contra Pedro Sánchez, ahora. La copia Aragonès es tan fiel que se sirve de la misma magistrada que utilizó en su día Jordi Pujol para denunciarla como enemiga del nacionalismo catalán. En efecto, Margarita Robles fue una de los ocho jueces que votó por el procesamiento del president Pujol, y ahora, es la ministra responsable del CNI que investigó a Aragonès.

¿Deben existir ciudadanos por encima de toda sospecha judicial? ¿Hay territorios del Estado al margen de la legalidad vigente? Dos preguntas que se plantearon en 1984 y que tuvieron una respuesta afirmativa sorprendente por parte de 25 de los 33 jueces que componían el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona. Solo ocho magistrados, entre ellos la señora Robles, respondieron negativamente y en consecuencia votaron por procesar a Pujol. De nada sirvió. Autoridades del Estado, gobierno y oposición presionaron para otorgar una patente de corso al presidente de la Generalitat, que únicamente retiraron cuando Convergencia, en el siglo XXI, se sumó al independentismo. Esas dos mismas interrogantes se plantea hoy el Gobierno de Pedro Sánchez con la investigación sobre Aragonès, autorizada por el magistrado Pablo Lucas Murillo.

Si Jordi Pujol logró impedir que le sentaran en el banquillo de los acusados, también Aragonès puede doblarle el pulso al Estado. En esa dirección va la exigencia del cese de Paz Esteban, responsable del CNI, y la anómala rueda de prensa de la Moncloa en la que se informó del doble espionaje a los teléfonos de Sánchez y Robles, que servía en bandeja cuestionar la supuesta ineficacia del CNI. Igualmente, la ridícula propuesta de proceder a ampliar la inmunidad parlamentaria que supeditaría el trabajo de los informadores de los servicios secretos del Estado al suplicatorio del Congreso. O los rumores oficiosos sobre la desclasificación de los papeles del CNI pese a que podría ser peor el remedio que la enfermedad. Sin olvidar que todas estas iniciativas podrían sancionar a unos funcionarios por limitarse a cumplir órdenes del Gobierno.

La señora Robles vuelve a estar en el ojo del huracán por las mismas razones que ya lo estuvo cuando depuró bien a fondo el ministerio de Interior tras el procesamiento de los dirigentes socialistas del GAL. De ahí que en los círculos herederos de Pérez Rubalcaba se la defina como un verso libre cuando defiende la conveniencia de la firme defensa del Estado de Derecho. Le ocurrió con Pujol, más tarde con Barrionuevo, y ahora toca el turno a Pere Aragonès. No hay más hilo común entre estos tres casos que el muy estrictamente jurídico desde una concepción rigurosa del Derecho. En 1984, fue derrotada por la mayoría de sus compañeros togados que optaron por no imputar a Pujol; en 1995 se impuso sobre los socialistas que veían con desagrado la imputación de algunos de sus directivos, y es ahora, en 2022, cuando está por verse si reedita 1984 o 1995.

Habrá que esperar a la comparecencia del presidente Sánchez para saber si el Gobierno volverá a vivir una nueva crisis, preludio de una crisis de Estado, tras la decisión , sea la que sea, que adopte la Moncloa. Sí cabe señalar que la pretensión de los afectados, por la investigación del CNI, de copiar el modelo Pujol no puede ir nunca más allá de la reacción mediática y callejera, porque el original Pujol, en lo que se refiere al desenlace, carece hoy de recorrido posible. Ni en sueños se ve Pere Aragonès como se vio Jordi Pujol tras aplastar a toda la Audiencia Territorial de Barcelona. El PSOE de Sánchez no es el de González, tampoco es el mismo el Jefe del Estado, y Aragonés carece de la dimensión política e histórica del patriarca del nacionalismo catalán. El modelo Pujol es irrepetible.