Allá por la década de los 80 del siglo pasado, los grandes señores del ladrillo y los altos ejecutivos de sus constructoras se reunían periódicamente en los reservados de Zalacaín y Jockey, dos de los restaurantes más exclusivos del Madrid de aquel entonces. En el contubernio, con un riguroso derecho de admisión, se hablaba de cobros, de la mejor manera de presionar a las administraciones y, aunque nunca se reconoció, de cómo repartirse el pastel de las grandes obras sacadas a concurso. Alrededor de la mesa se sentaban Rafael del Pino y su hijo -que hoy preside Ferrovial-; los Durán –Antonio y su hijo Enrique-, por parte de Dragados; Rafael Montes y Emilio Cebamanos, en representación de FCC; Jesús Roa, que presidía Ocisa, el embrión de lo que luego sería ACS; y los enviados de Entrecanales, Cubiertas y Agromán. El ‘club’ fue bautizado con un nombre que destilaba elocuencia: la mesa de contratación.

La irrupción de intermediarios vino a alterar los acuerdos de aquellas citas secretas. Cada partido tenía los suyos y eran bien conocidos. Para su trabajo ni siquiera necesitaban modificar el resultado de los concursos. Las obras solían adjudicarse al mejor proyecto pero en el proceso de valoración los intermediarios entraban en contacto con las empresas favoritas para exigir la mordida correspondiente, entre el 3 y el 5%, que se suponía que acababa, al menos en parte, en las arcas de los partidos. Todos pasaban por caja y lo siguieron haciendo después incluso de que el ministro de Obras Públicas de entonces, José Borrell, les reuniera para pedirles que no pagaran. De la corrupción entre caballeros se pasó a la corrupción generalizada.

El sistema entró en crisis con el llamado ‘caso Ollero’, la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía del desdoblamiento de la carretera entre Salinas y el Puerto de las Pedrizas. Alguien hizo llegar al juez una denuncia de cuatro folios y la investigación posterior concluyó con la detención del intermediario, Pedro Llach, y la del presidente de Ocisa, Jesús Roa, con el que había pactado el pago de una comisión de 127 millones de pesetas. Condenado por cohecho y falsedad en documento público, aquello fue el final de la carrera de Roa, el hombre que puso los cimientos del imperio de Florentino Pérez. Al corriente del abono de las comisiones como miembro de la comisión delegada de Ocisa, Pérez, que se presentaba a las elecciones a la presidencia del Madrid, intentó abrillantar su imagen llamando corrupto a Roa hasta que recibió una llamada de la mujer de éste, Jacoba: “Como te atrevas a hacer esto otra vez, se va a enterar todo el mundo de quién eres tú”, le dijo. La amenaza no cayó en saco roto.

De aquella experiencia los constructores extrajeron dos lecciones. La primera fue que debían ahorrarse a esos golfos apandadores que eran los intermediarios, ya que ni siquiera podían estar seguros que las comisiones llegaban efectivamente a los partidos. Y para ello la mejor manera era establecer contacto directo con los tesoreros y los gerentes y establecer las condiciones de su colaboración.

La segunda resultaba evidente. A ninguno de los grandes constructores volverían a pillarle con las manos en la masa, ya que para este tipo de trabajos ya se habían inventado las cabezas de turco, tal y como ha quedado acreditado en el saqueo del Palau, donde el imputado no era Rafael del Pino, que un señor tan principal y tan millonario está por encima de estas menudencias, sino dos de sus directivos, Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, a los que sin duda les habría quedado mejor el traje de presidiario de haber sido condenados.

De por qué ambos se han ido de rositas pese a haberse acreditado el pago por parte de Ferrovial a Convergència de 6,6 millones de euros a cambio de una década de adjudicaciones hay que culpar a la lentitud judicial que ha posibilitado la prescripción del tráfico de influencias. De por qué se sentaban ellos en el banquillo y no su jefe hay que responsabilizar al sistema que lo permite. ¿Alguien realmente puede creerse que un directivo medio de una constructora dispone de autonomía para pagar coimas sin recibir la autorización expresa de sus superiores? ¿Alguien puede creerse que el tesorero de un partido las reciba sin que el presidente o el secretario general lo sepa? Acabar con la corrupción es tan sencillo como establecer la responsabilidad penal directa de los verdaderos culpables. Claro, que eso no le interesa a nadie.