Javier Doz, miembro del Comité Económico y Social Europeo (CC OO)

El jueves 12 de mayo, los medios de comunicación del mundo han destacado dos noticias que son un extraordinario botón de muestra de la hipocresía como característica esencial de la conducta política.

David Cameron, "líder mundial de la lucha contra la corrupción"

En Londres, David Cameron, con la inequívoca intención de borrar los daños de imagen causados por su presencia en los Papeles de Panamá, ha convocado una "Conferencia internacional contra la corrupción", en la que destacados políticos y responsables de las instituciones financieras internacionales han dicho generalidades, con tono de moralina eso sí, sobre el mal que causa la corrupción al capitalismo y a la buena imagen de la política.

No se tiene noticia de que Cameron haya informado a los allí reunidos de lo bien que viene, en términos fiscales, recibir una herencia de tu padre, si éste tiene guardado el dinero en un paraíso fiscal tras las oportunas gestiones del Despacho Mossack Fonseca. Tampoco, que el Primer Ministro británico haya afirmado que va a poner fin a las actividades ilegales que se desarrollan en territorios bajo la jurisdicción del Reino Unido como son Gibraltar, las islas de Jersey y Man, Islas Vírgenes, Islas Caimán, etc., etc.

John Kerry declinó hacer público si el gobierno federal de los EE UU tiene previsto emprender alguna iniciativa para poner coto a las actividades ilegales que se llevan a cabo en el Estado de Delaware que, poco a poco, se va convirtiendo en el number one de los paraísos fiscales.

En las conclusiones no figura ningún plan para acabar con los paraísos fiscales, piedra angular del sistema de la corrupción en nuestro mundo globalizado, insustituible instrumento para el lavado del dinero de los diversos grupos de la economía criminal, tanto de los que tienen las manos manchadas de sangre como de los que disipan a su alrededor el olor de caros perfumes. Los medios de comunicación no informan acerca de si algún asistente propuso algo al respecto.

Figura destacada de la cumbre fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. No aprovechó la reunión para disipar las dudas que pudiera haber sobre su responsabilidad en la concesión de 405 millones de euros de dinero público al multimillonario francés Bernad Tapie, para compensarle por las supuestas pérdidas sufridas tras la venta de Adidas por Crédit Lyonnais. El pequeño problema es que la decisión la tomó el ministro de finanzas de entonces, 2007, que no era otra persona que la Sra. Lagarde, mientras que el presidente de la República era un muy buen amigo, entonces, de Tapie: Nicolas Sarkozy. El pasado diciembre un tribunal francés acordó que la ex-ministra Lagarde tenía que ir a juicio por el "Caso Tapie" y otro que Bernard Tapie tenía que devolver los 405 millones.

La cumbre abrazó el surrealismo al aceptar la presencia de los presidentes de Nigeria y Afganistán, señores Muhammadu Buhari y Arhraf Ghani Ahmadzi, respectivamente, que gobiernan dos de los países más corruptos del mundo según Transparency International, y que son, ellos mismos, muy sólidos sospechosos de participar de modo destacado en los frutos de la corrupción.

No se tiene noticia de que fueran invitados a la Conferencia de Londres, contra la corrupción, los antecesores de Christine Lagarde en la dirección del FMI, Dominique Strauss-Khan y Rodrigo Rato.

Dilma Rousseff apartada de la Presidencia de Brasil por un Parlamento de corruptos

El segundo gran ejemplo de insufrible hipocresía política y moral lo dieron los diputados y senadores que han apartado a Dilma Rousseff de la Presidencia de la República de Brasil por un período de tiempo de seis meses, para juzgarla políticamente y, en su caso, destituirla definitivamente. El motivo por el que congresistas y senadores han votado el impeachement, con la mayoría cualificada necesaria, es la acusación de que el Gobierno aprobó los presupuestos de 2014 y 2015 después de realizar diversas operaciones y apuntes financieros no permitidos, con el objetivo de ocultar el déficit público real. No se trata, pues, de una acusación de corrupción sino de irregularidades administrativas, sin duda criticables pero que practican la mayoría de los partidos en todas las administraciones públicas brasileñas.

Pero los que han votado por el apartamiento de Dilma Roussef acumulan un impresionante historial de condenas, procesamientos e imputaciones, en la mayoría de los casos por corrupción, corrupción que les ha deparado importantes ingresos personales o que han realizado para la financiación de alguno de los numerosos partidos del superfraccionado mapa político brasileño. En otros casos, por homicidio culposo, torturas, etc.

Según un estudio de Transparencia Brasil, del total de 513 diputados de la Cámara baja, 303, el 59,1%, están imputados, procesados o condenados. De los 65 diputados que formaron parte de la Comisión del impeachment, 37, el 56,9% están en la misma situación. Finalmente, de los 81 senadores, 49, el 60,5%, también están imputados, procesados o condenados. Como se ve, la corrupción está repartida muy equilibradamente entre las dos cámaras del Parlamento brasileño.

Estos son los sujetos que han apartado a Dilma Roussef de la Presidencia, en una operación que ha calificado de "golpe de Estado". Sus justificaciones, en las intervenciones de explicación de voto, han oscilado, en la mayoría de los casos, entre lo lamentable y lo bochornoso.

Una mención especial requiere el promotor del impeachment, el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Cunha inició el procedimiento tras haberlo usado como arma de chantaje para evitar que el Congreso permitiera su procesamiento por el caso Lava Jato/Petrobras, acusado de la apropiación indebida de 40 millones de dólares y de mantener cuentas bancarias en Suiza. También aparece, como no, en los Papeles de Panamá, lo mismo que dirigentes de siete partidos del arco parlamentario brasileño. Ninguno de ellos, por cierto, del Partido de los Trabajadores, aunque bastantes de los dirigentes del PT sí estén implicados en casos de corrupción, en particular en el caso Petrobras. Destituido finalmente Cunha por el Tribunal Supremo, después de haber puesto en marcha el procesamiento político de Rousseff, fue sustituido por Waldir Marinhao, también investigado por el caso Lava Jato.

Ante la fuerza de estos dos máximos ejemplos de hipocresía política, sobra cualquier otro comentario que no sea el de subrayar que la desconfianza de la ciudadanías en los políticos está más que justificada en muchos, en demasiados, casos. No sirve de disculpa que sus conductas enlacen con costumbres profundamente arraigadas en muchas sociedades. La política debería estar para erradicarlas o reducirlas. No para potenciarlas.