En Canarias la corrupción está instaurada, casi podríamos decir que es endémica, la mayoría de la población la considera algo normal. Se han convencido que es intrínseco al uso del poder. No se escandalizan, ni se inmutan, cuando políticos mediocres, de escasos recursos económicos, amasan grandes fortunas gestionando dinero público.

La connivencia político-empresarial es tan evidente que una zona poblacional costera, de considerable tamaño, lleva el nombre de la empresa que lo construyó. Un empresario inmerso en varios casos de corrupción. Un obsceno cartel en la autopista lo proclama, sin pudor. En las paredes de la vivienda del susodicho empresario baten las olas, obviando una ley de Costas que derriba pueblos pesqueros, dejando en evidencia el artículo 14 de nuestra Carta Magna. No hay gobernantes con “trillos” para luchar por el interés general pero si con “ratos” de negociación para el interés particular.

La corrupción canaria es de tal magnitud que ha trascendido las fronteras autonómicas. En el “Caso Pujol” aparece el que fuera Vicepresidente del Gobierno Canario, Julio Bonis, Coalición Canaria. Accedió al cargo institucional, sin fortuna familiar que se conozca, y aparece en la información policial como socio de Pujol con 6,5 millones de euros que debería justificar. La retribución de Vicepresidente es bastante sustanciosa pero hablamos de mucho más de mil millones de pesetas. Las cuentas no cuadran.

En el Caso “Forum Filatélico” aparece el ex alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, Coalición Canaria. Accedió al cargo público con 22 años y su única profesión, durante 35 años, ha sido ocupar cargos en la administración pública. Sorprende ver la declaración de bienes presentada en el Senado donde aparecen 486.000 acciones de valor diverso en minas de Perú, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Bostswana, Mongolia, el estado norteamericano de Colorado y el sudoeste de Australia. Sus extracciones de carbón, oro, uranio, molibdeno, hierro, petróleo y tierras raras cotizan en las bolsas de Londres, Toronto, Nueva York y Sidney. Además de otras muchas propiedades que se describen en los más de 20.000 folios del sumario del “Caso Las Teresitas”. Donde declaró que en apenas 15 días le habían tocado 145 décimos “premiados”. La teoría de las probabilidades es errónea o hay otra correlación.

En el listado de posibles defraudadores, con cuentas en paraísos fiscales, aparece Luís Suárez Trenor, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, Coalición Canaria. Las enormes cantidades de dinero de origen desconocido, según los informes policiales, no se correspondían con los pagos por rendimiento del trabajo que constan en la Administración Tributaria y podrían ser el resultado del cobro de comisiones ilegales, lo que vulgarmente se conoce como “mordida”

En el año 2003, cuando toda esta información no era de dominio público, fui elegida Concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz. En esos momentos fluía el dinero y la mayoría de votantes no eran conscientes de la lacra que supone la corrupción. Los malversadores manejaban mucho dinero. Para la mayoría de la población eran “listos” a los que admirar y emular. En un Ayuntamiento donde la compra de voluntades es una transacción habitual fue duro, muy duro, fiscalizar desde la bancada de la oposición con rigurosidad y honestidad. En el mandato anterior se había gestado el “Caso Las Teresitas” que ahora, más de 12 años después de su denuncia, se empieza a enjuiciar. La Fiscalía lo consideró como “un pelotazo de libro” y es objeto de estudio en las Universidades. No sólo participó el equipo de gobierno sino toda la oposición. Todos los partidos votaron a favor del que posiblemente sea el mayor caso de corrupción en el ámbito canario. Permitir la corrupción y jugar con el equipo de gobierno lo llamaban “buen rollito” y sobre este particular yo no tenía “buen rollito” porque nada más incorporarme a mi responsabilidad fiscalizadora denuncié que los expedientes no estaban numerados-foliados con la consiguiente inseguridad jurídica que ello conlleva. Cuando un vecino tiene un litigio con el Ayuntamiento está expuesto a que aparezca o desaparezca documentación de su expedientes, con buena o mala fe. En el “Caso Las Teresitas” un informe de tasación de la arquitecta municipal, que valoró los terrenos en la mitad que luego se pagó, no aparecía en el expediente. Intuyo que, a día de hoy, sigue el mismo espíritu administrativo. Denuncié que no existían los libros de Decretos y Resoluciones. Sin comentarios. También sigo denunciando que los habilitados nacionales, Secretario, Tesorero e Interventor, son elegidos a dedo, pese a que la ley habla de que esta práctica debe ser excepcional. El Ayuntamiento de Santa Cruz lleva toda la democracia de excepcionalidad. Dudo que éste fuera el espíritu del legislador.

Con estos antecedentes, llega a mis manos un informe de intervención que ponía reparos al pago de dos facturas, cuyo importe ascendía a 371.627 euros, para transformar un Instituto, Hermanos García Cabrera, en Sede Consistorial. Sin proyecto, sin concurso público, catalogándolas torticeramente como obras menores, sin declarar la urgencia, etc… donde aparecían desde pagos duplicados hasta la facturación de más metros cuadrados o de más piezas de fontanería de las que existen en la actualidad. Desde esa primera intervención plenaria, denunciando esas primeras facturas de 371.627 euros hasta el coste final de unos 7 millones de euros hubieron muchos plenos, mucho acoso, muchas amenazas y muchas coacciones que las sufrí en silencio y con la dignidad que proporciona el saber que haces lo correcto. Fue duro, muy duro, sobre todo cuando inventan mentiras porque es incomprensible, para ellos, que no tengas precio. No entienden que hables de honestidad con lo fácil, rentable y lucrativo que es “dejarse llevar”. Como colofón “escacharme la cabeza” fue la amenaza de uno de sus secuaces.

La persecución política fue la constante empleada para quebrar mi espíritu. Tras seis años recopilando información, más de mil folios, presenté la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción así como ampliaciones a la misma. Conseguí lo que nadie creía posible: sentar en el banquillo, como imputado, a Miguel Zerolo, uno de los intocables de la política canaria. El “Caso García Cabrera”, como así se denominó por los medios de comunicación, consiguió la condena por prevaricación continuada del ex alcalde de Santa Cruz y ex senador, Miguel Zerolo, Coalición Canaria, y de su primer teniente de alcalde y catedrático de derecho tributario, Guillermo Nuñez, Coalición Canaria. También le arrebató el aforamiento que tanto beneficio proporciona a los corruptos.

En Alternativa Socialista (AS) hay muchas compañeras y compañeros que se han dejado la piel y han demostrado su valor interponiendo denuncias en su lucha contra la corrupción. Es relativamente fácil hablar de corrupción, lo difícil es tener el coraje de presentar denuncias con estas mafias políticas que gobiernan a lo largo y ancho de toda la geografía española. Tengo el honor y el inmenso placer de compartir filas con mujeres y hombres que han mirado a la corrupción a los ojos y han luchado contra ella, con humildad pero con decisión. Los juzgados y las hemerotecas dan fe de ello. La historia es nuestra y la hacemos nosotros.