Había quedado claro que el Partido Popular utilizaría Castilla-La Mancha como banco de pruebas de su programa político para presumir de buena gestión en las próximas elecciones generales. No en vano es la secretaria general del partido y mano derecha de Rajoy quien arrebató ese antepenúltimo bastión a los socialistas. La propia María Dolores de Cospedal avanzó una y cien veces que demostraría desde Toledo cómo se puede y se debe gobernar “desde la más estricta austeridad” y estrechar sensiblemente el tamaño de la Administración Pública. Anteayer

proclamó en su discurso de investidura la supresión de órganos como el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social, así como la privatización de la televisión regional. A las pocas horas de ese anuncio de recorte del gasto (cuyo ahorro supone el 0,11% del Presupuesto total), el cacareado “ejemplo” de gestión del PP se quedó en agua de borrajas. Desde Andalucía, Javier Arenas dejó claro que él no eliminará ningún ente previsto en el estatuto autonómico, ni Defensor del Pueblo ni Cámara de Cuentas ni televisión autonómica. Desde Galicia, el equipo de Núñez Feijóo explicó tres cuartos de lo mismo. Así que ahora Rajoy debería resolver una triple incógnita: o bien su mano derecha y secretaria general toma decisiones por su cuenta; o Castilla-LaMancha ya no debe tomarse como ejemplo de nada o quizás en el PP cada gobernante autonómico aplicará el programa que más le plazca.