El gobierno del Partido Popular, presidido por el Sr. Mariano Rajoy, a fin de responder a las condiciones puestas por las autoridades de la Unión Europea para permitir al gobierno español retrasar un año el cumplimiento del mandato de reducir su déficit público a una cantidad igual o inferior al 3% de su PIB, ha enviado un presupuesto para el período 2012-2014 a Bruselas que intenta alcanzar tal objetivo, la reducción del déficit. En tal propuesta el gobierno español se compromete –para conseguir tal reducción del déficit- a obtener durante este periodo 102.000 millones de euros mediante subidas de impuestos (la mayoría indirectos) y recortes de gasto público (y muy en particular del gasto público social, gestionado por la Comunidades Autónomas) que podría significar el desmantelamiento del Estado del Bienestar español que ya es, ahora, el menos financiado de todos los Estados del Bienestar existentes en los países de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español (el gasto público social por habitante en España es el más bajo de la UE-15).

Según tal presupuesto, los ingresos conseguidos a base de un aumento de impuestos y recortes de gasto público serían de 13.118 millones de euros para este año 2012, 38.956 millones en 2013 y 50.075 millones en 2014. Para alcanzar estas cifras se subirá el IVA, consiguiéndose, según el documento, 2.300 millones de euros este año, 10.134 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. El resto, hasta alcanzar los 102.000 millones de euros, se conseguirá principalmente a base de recortes de gasto público incluyendo gasto público social. En sanidad y en educación públicas, por ejemplo, se recortarán 15.000 millones de euros (procedentes en su gran mayoría de la Comunidades Autónomas, que reciben recortes proporcionalmente más elevados que el Estado central). Se recortarán también las pensiones (aunque ello no se cita) pues el presupuesto requiere un recorte sustancial (exigido por Bruselas) de las cotizaciones al régimen general de la Seguridad Social, tanto en 2013 como en 2014 (medida que se exige por parte de la Comisión Europea, asumiendo –erróneamente- que ello facilitará la creación de empleo), sin indicar como se rellenaría el agujero en los fondos de la Seguridad Social como consecuencia de tales recortes (el documento habla que el Estado absorberá el coste de las pensiones no contributivas sin aclarar, sin embargo, su coste y su ahorro definitivo).

Todas estas medidas se proyectan realizar con el objetivo de reducir el déficit público a un 4,5% en 2013 y (¡por fin!) a un 2,8% en 2014. Para llegar a este escenario se asume que el PIB español –según el documento- bajará un 0,5% en 2013, y crecerá un 1,2% en 2014 “debido a las reformas estructurales emprendidas”, de las cuales las más importantes son las reformas laborales (que han tenido como consecuencia la destrucción de empleo y la bajada de salarios). Estas cifras, por cierto, no concuerdan con las cifras más realistas de evolución económica del país producidas por el FMI, por la OCDE, y por la propia Comisión Europea que todas ellas predicen una caída del PIB mucho más acentuada.

El ataque a la España Social

Ahora bien, independientemente de la credibilidad de tales cifras, hay dos hechos que son muy preocupantes. Uno es que tales recortes significan un ataque frontal al Estado del Bienestar español. Ni que decir tiene que el documento intenta ocultar este hecho, refiriéndose a los recortes de gasto que se les exigirá a las CCAA, sin aclarar que son precisamente las CCAA las que gestionan los fondos públicos del Estado del Bienestar. Tales fondos representan la mayoría del gasto público autonómico. El imposible que el gobierno Rajoy no sea consciente de que estos recortes, en el país que tiene un gasto en su Estado del Bienestar más bajo de la UE-15, significarán la desaparición del Estado del Bienestar universal transformándolo en un estado asistencial para las personas menesterosas. Este es, por cierto, el objetivo explicitado en las declaraciones del Sr. Draghi, presidente del Banco Central Europeo, al Wall Street Journal, al afirmar que el Estado del Bienestar universal no es viable actualmente (24.02.12). El ataque a la Europa Social que está llevando a cabo la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) –con estos recortes- tendrá su máxima expresión en España.

Pero la otra gran preocupación es que estos recortes no conseguirán lo que en teoría intentan conseguir. Es decir, no alcanzarán la reducción del déficit a la que aspiran, ni lograrán la famosa “confianza de los mercados”, ni estimularán la economía. Veamos lo primero: la reducción del déficit. Es más que probable que con estos recortes el déficit público se mantenga al nivel en el que está. La razón para ello es fácil de ver. El limitado conocimiento de cómo se generan los ingresos y los gastos en el Estado y como tales recortes de gasto público afectará a estos ingresos explica el error de tal supuesto, el cual tiene una visión excesivamente mecanicista de cómo se establece el déficit público. Se asume, que si el gasto es, por ejemplo, 15 euros, y los ingresos sólo 10 euros, el déficit es de 5 euros. Se supone entonces que para reducir el déficit hay que reducir el gasto en 5 euros. Parece lógico, pero no es real, puesto que cada variable en esta definición afecta a las otras variables, no de una manera mecánica, sino en un modo interactivo. Es decir, si el Estado recorta 5 euros, ello puede implicar que el Estado deje de ingresar 10, pues la actividad económica disminuirá, y con ello los ingresos al Estado bajarán. Así, los recortes en sanidad significan una destrucción de empleo en el sector sanitario, con la consiguiente disminución de la demanda originada por estos trabajadores de la sanidad pública que ahora estarán en el paro. Y los recortes sanitarios tienen también como consecuencia que el Estado compra menos material sanitario, disminuyendo así la demanda de tales productos.

En consecuencia, habrá un bajón de la demanda y de la actividad económica, y con ello una disminución de ingresos al Estado. Volviendo a nuestro ejemplo, el recorte de 5 euros también disminuye los ingresos al Estado, que pasan a ser menos de los 10 euros que habían considerado erróneamente que se mantendrían constantes. La realidad es que ya no serán 10 euros, sino menos, con lo cual el déficit público puede mantenerse tal como está o incluso aumentar.

Un punto clave en este cálculo es conocer como los recortes de gasto público afectarán negativamente la actividad económica y, con ello, los ingresos al Estado. Técnicos de la OCDE han hecho tales cálculos para España. Por cada descenso del crecimiento económico del PIB de un 1%, los ingresos al Estado debido a la bajada de Impuestos de Sociedades disminuyen un 1,38% y los ingresos debidos a los impuestos del IRPF (sección Rentas del Trabajo) se reducen un 1,48%, lo cual es un porcentaje importante. Pues bien, la OCDE calcula que el PIB decaerá un 3,8% en 2012 y un 4% en 2013 (mucho más realista que la calculada por el gobierno Rajoy), con lo cual la bajada de ingresos al Estado será considerable, impidiendo conseguir las metas que el gobierno Rajoy ha asumido. De estos datos también se deriva que es mucho más importante para reducir el déficit estimular el crecimiento económico que recortar gasto público. Vemos así, pues, que los recortes, que indudablemente, tendrán un impacto en reducir el crecimiento económico, tendrán también un impacto negativo en la recaudación de ingresos al Estado.

¿Recuperando la confianza de los mercados?

Tampoco es probable que estas medidas de gran austeridad de gasto público con recortes recuperen la confianza de los mercados. En realidad, lo opuesto es lo que está ocurriendo. A cada propuesta del gobierno de recortar gasto público ha habido un aumento de la prima de riesgo de la deuda española lo cual tiene una lógica pues tales mercados están preocupados principalmente por el escaso crecimiento o crecimiento negativo de la economía española y son conscientes de que estos recortes afectarán negativamente el crecimiento económico. Incluso las famosas agencias de evaluación de la deuda pública (Standard & Poor’s, Moody’s y otras), meros instrumentos de la gran banca, han hecho referencia a esta realidad: es la falta de crecimiento de la economía (que se reconoce por las propias agencias, debida, en parte, a los grandes recortes) la que crea desconfianza en tales mercados respecto a la capacidad del Estado de poder pagar sus deudas.

¿Qué es lo que debería hacerse?

Ni que decir tiene que la integración de España en el euro limita en gran manera lo que el Estado español pueda hacer. El gobierno ha perdido gran capacidad de decisión, resultado de las políticas dictadas por la Troika, políticas todas ellas imbuidas del dogma neoliberal que beneficia a ciertos sectores europeos y nacionales que explica su existencia y persistencia.

Ahora bien hay que diferencia entre los conceptos “limitar” o “condicionar” y determinar. El gobierno español tiene espacio para llevar a cabo políticas alternativas a las que se están tomando. Pero para considerar tales alternativas, hay que ser consciente que de todas alternativas posibles, la peor, es la que está siguiendo el gobierno Rajoy, y que consiste en condenar a España a continuar en la situación actual que es intolerable por sus enormes costes sociales, humanos y económicos.

Otra alternativa sería, sin abandonar el intento de reducir el déficit, intentar hacerlo mediantes medidas de estímulo del crecimiento económico y creación de empleo, resolviendo el drama humano y social que es también el mayor problema económico que tiene España: el desempleo. Y puede hacerse, si hay voluntad política (ver Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón). Hay que entender que España no es un país pobre. Su PIB per cápita es el 94% tal promedio de la UE-15. Su gasto público per cápita es, sin embargo, solo el 72% del promedio de la UE-15. Si fuera 94%, el estado ingresaría 66.000 millones de euros al año más de los que ingresa. Tales recursos existen en España pero el Estado (sea el central, el autonómico o el municipal) no los recoge. Y ahí está el quid de la cuestión. Y no los recoge porque los partidos gobernantes no han querido y continúan sin querer enfrentarse con aquellos poderes fácticos y con las clases más pudientes que tienen un enorme poder (incluyendo poder mediático y político además de económico en el país).

Si el Estado recuperara el impuesto del patrimonio el Estado conseguiría 2.100 millones de euros más; si eliminara las reducciones de impuestos de sucesiones ocurridos en los últimos quince años podría añadir 2.552 millones anuales más a las arcas del Estado; si eliminara también la reducción de impuestos de las empresas que facturan más de 150.000 millones al año (y que representan solo el 0.12% de todas las empresas) se conseguirían 5.300 millones más al año; si erradicara el fraude fiscal de las grandes fortunas, y de aquellas grandes empresas, 44.000 millones de euros más al año; si eliminara las ayudas a la Iglesia para impartir docencia de religión en las escuelas públicas (582 millones de euros) o el equipamiento militar en helicópteros Tigre y otro medios (1.500 millones) y así un largo, largo, etcétera.

Como mostramos Juan Torres, Alberto Garzón y yo en el libro citado anteriormente, por cada recorte de gasto público (que daña el bienestar de las clases populares) podrían haberse tomado otras medidas que hubieran conseguido incluso más ingresos al Estado y que ni siquiera fueron considerados porque implicaban un enfrentamiento con poderes fácticos y con las clases pudientes no desearon.

Políticas alternativas

Un tanto igual estamos viendo ahora en los recortes que se están imponiendo. Una vez más, el gobierno Rajoy está intentando recortar el déficit primordialmente mediante recortes del gasto público siguiendo las instrucciones de Bruselas, y que incluyen reducciones de las presentaciones de desempleo, recorte de los sueldos de empleados públicos, y recortes de gasto y personal de los servicios públicos. Los técnicos de Hacienda, Gestha (que han tenido gran certeza en sus cálculos y proyecciones, ganando una merecida credibilidad) han estimado que con las medidas propuestas por el gobierno Rajoy, el Estado recogerá entre 20.000 y 22.000 millones de euros anuales (incluyendo la subida del IVA que gravará el consumo).

Gestha calcula que tal cantidad podría haberse conseguido mediante otras medidas que no habían afectado a las clases populares y sí en cambio a los grupos fácticos y rentas superiores, tales como un nuevo impuesto de Riqueza (que sustituiría el impuesto sobre el patrimonio que desaparecerá este año), un crecimiento de un 5% adicional en el impuesto de sociedades para las empresas con beneficios por encima de un millón de euros al año, y un impuesto a las transacciones financieras. Ni que decir tiene que estas alternativas ni siquiera han sido consideradas.

El Estado (tanto central, como autonómico, como local) debería recoger los 66.000 millones de euros que el país tiene pero que el Estado no recoge y con ello crear empleo, como medida de estimular la demanda y el crecimiento económico. En contra de lo que se aduce, España tiene una enorme pobreza de empleo en sus servicios públicos. Solo un adulto de cada diez trabaja en sanidad, educación, servicios de dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, y otros. En Suecia es uno de cada cuatro. Si este porcentaje se alcanzara en España, habría cinco millones nuevos de puestos de trabajo, número que coincide con el número de desempleados. Con tal medida pues se eliminaría el desempleo.

Y, en contra también de la sabiduría convencional, esta inversión podría financiarse. Si España tuviera los mismos ingresos al Estado que tiene Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más al año, con lo cual podrían financiarse tales inversiones sociales y físicas que estimularían la economía y eliminarían el déficit. El hecho de que este planteamiento se considere “radical” o “utópico” (algunos lo han llamado demagógico) habla mucho del dominio asfixiante que el neoliberalismo tiene en la cultura hegemónica mediática y política del país. Así de claro.