José María Mella Marques

Catedrático de Economía la Universidad Autónoma de Madrid

El objetivo de estas líneas es mostrar que el futuro económico de Cataluña dentro de España es más próspero y favorable para la mayoría de los ciudadanos que su separación de la misma. Dicho de otro modo, una comparación entre los beneficios y los costes de la secesión no deja lugar a dudas; los segundos son muy superiores a los primeros.

El gran argumento económico de los independentistas es que con un Estado propio se acabaría con el “expolio fiscal” de la Cataluña actual, que se elevaría a 16.000 millones de euros, que podrían utilizarse en beneficio propio con la independencia. Pero los estudios realizados (Véase el reciente libro de J. Borrell y J. Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia) no parecen darle la razón.

Ese “expolio” o déficit fiscal -Cataluña aporta al resto de España más de lo que recibe del mismo- es muy inferior, aproximadamente cinco veces menos, según reconoce el propio consejero de Economía de la Generalitat. No parece, por tanto, que una Cataluña independiente pudiera disfrutar de tan cuantiosos recursos; sencillamente, porque no existen.

Aunque, por esa simple regla de tres, ¡Madrid debería independizarse también! Y todavía más cargada de razón. Porque su déficit es mayor que el catalán.

La independencia implica la ruptura del Estado español. Lo que ha venido en llamarse, cuando se habla de los procesos de integración o desintegración económica, los costes de la no-España. Y también los costes de la no-Europa, como efecto inmediato.

Y estos costes no son desdeñables, como quieren hacernos creer los nacionalistas catalanes.

El primer apartado de costes es el de la Seguridad Social. Porque se incrementa la inestabilidad del sistema (al disminuir la población cotizante, la viabilidad de las pensiones se vería más afectada por las variaciones del número de empleados cotizantes), se aumentan las dificultades de financiación de una caja de pensiones actualmente ya en déficit y se pone en riesgo su sostenibilidad futura.

El segundo apartado de costes es el efecto negativo sobre las exportaciones catalanas al resto de España y a los mercados de la Unión Europea, por la incertidumbre que genera la declaración unilateral de independencia sobre la continuidad de Cataluña en la UE.

En el caso probable de que Cataluña quedase fuera de la UE, las empresas catalanas verían gravadas sus exportaciones como una tarifa aduanera con el correspondiente aumento de costes, la pérdida de competitividad y la consecuente deslocalización de las mismas hacia otros territorios con más ventajas.

Además, deberían añadirse los costes de la salida del euro, que aumentarían el riesgo de las variaciones del tipo de cambio, incrementarían el endeudamiento público y privado en euros, y dificultaría su financiación y el acceso a la misma.

En este sentido, tampoco deberían subestimarse los efectos negativos de la incertidumbre sobre la inversión extranjera recibida por Cataluña y la salida de capitales.

En el supuesto de que Cataluña mantuviera el euro como moneda no se aprecian tampoco ventajas. Primero, porque esa opción impediría que el nuevo Estado crease un Banco Central propio para generar liquidez (la potestad de emitir euros es del Banco Central Europeo). Segundo, los bancos comerciales no podrían recibir ayuda financiera para hacer frente a las tensiones que el “proceso” hacia la independencia generase. Tercero, la Generalitat se vería incapaz de luchar con políticas monetarias y cambiarias contra los choques recesivos.

El tercer apartado de costes es el derivado de la “construcción de estructuras de Estado”, prevista para los próximos dieciocho meses. Las partidas de estos costes son el cese de las transferencias de recursos del resto de España y de inversión pública del Estado español, el aumento de la carga fiscal de los catalanes y de las cotizaciones sociales.

Porque es evidente que el nuevo Estado tendría que asumir la financiación de los servicios públicos que ahora atiende el Estado español; es decir, tendría que hacer frente a las prestaciones sociales, a los nuevos gastos generados por las relaciones internacionales, la política de defensa y el sistema judicial.

Todo lo dicho no permite, desde luego, hacer frente al problema número uno de todos los ciudadanos que es el del desempleo.

Por lo tanto, el problema de Cataluña debería buscar una solución por una vía diferente a la de la declaración unilateral de independencia. Esa vía no sería otra que la de la negociación del Gobierno Central con la Generalitat catalana sobre la base de la superación de errores políticos pasados, una reforma constitucional, un nuevo pacto fiscal y la recuperación de la confianza mutua.

Pero eso depende de las próximas elecciones generales, que exigen una nueva mayoría diferente a la actual caracterizada por el inmovilismo y la incapacidad para el diálogo. Veremos.