No debe haber mejor foro para plantear un debate sobre la implantación de sanciones para los medios de comunicación que publiquen datos de procesos judiciales en curso que el Círculo Ecuestre de Barcelona. Allí, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, lanzó una auténtica coz política a la libertad de expresión en forma de debate público.

Ante los casos de corrupción y las numerosas irregularidades que salpican a la clase política en general, con especial incidencia en el PP, que cada día que pasa se parece más al PSOE que perdió las elecciones generales de 1996, Catalá planteó la necesidad de abrir un debate sobre las informaciones de casos que están siendo investigados y bajo secreto de sumario, y defendió la necesidad “sancionar con firmeza” a los filtradores.

Hasta aquí, nada nuevo. La ley contempla la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan ser sancionados por revelación de secretos, e incidentes por aclarar los hay para aburrir. Por ejemplo, a ver cuándo investigan las filtraciones interesadas de la Agencia Tributaria, que han sido utilizadas contra contrincantes políticos –el caso Monedero es especialmente escandaloso-. O a ver cuándo aclaran el sainete montado con Rato con su detención de escaparate.

Pero, además, el ocurrente ministro propuso “trasladar la sanción a los medios e imponer la obligación de la no publicación de la información”, con la excusa de impedir que se vulnere sistemáticamente la presunción de inocencia.

Vamos, como si aquí no existiera el derecho al honor y a la fama, que permite a los perjudicados por filtraciones interesadas –y no veraces- defenderse.

Cuando se dio cuenta del jardín en el que se había metido, Catalá recogió velas y precisó que lo suyo era una “reflexión”, un “análisis”, y no más. Y, por supuesto, negó que el Gobierno tuviera en cartera algún proyecto legislativo para meterle mano a los medios.

En fin, me da que lo de Catalá más que una metedura de pata o una ocurrencia de un ministro es una especie de aviso a navegantes de un Gobierno que, acosado por los casos de corrupción e impotente ante una recuperación que no la vende ni entre sus parroquianos –ha creado una nueva clase social, la de los asalariados por debajo del umbral de la pobreza-, no sabe cómo tapar las numerosas vías de agua que tiene el PP y tira por la calle de en medio planteando un debate con un claro tufillo totalitario pero envuelto en el papel de seda de la defensa de la sacrosanta presunción de inocencia. De los políticos, principalmente, claro.

Como no tiene bastante con el plantel de medios y tertulianos que tiene a su servicio, a los que aliña convenientemente por vía presupuestaria o a través de empresas afines, primando el dudoso derecho a desinformar y a manipular, el Gobierno tiene ahora la tentación de convertirse en una especie de listero de la libertad de información de todos, incluidos los desafectos al régimen, que ya quedan pocos.

Todo para sumergir a la opinión pública en una larga noche que le impida contemplar a las claritas del día la degradación política y moral que estamos viviendo al amparo de la broma esa de la Marca España.

A ver si ahora va a ser que los medios de comunicación somos los principales culpables del estado comatoso del Gobierno por informar sobre la caja b del PP, las correrías de ‘Luis Aguanta’ Bárcenas, la caída del milagroso Rato, la amnistía fiscal para amiguitos a los que se protege más allá de lo razonable, las andanzas de la señora Cospedal de la Mancha, los trajes de Camps, los trapicheos de Rus, los palacetes de Matas, el olvido energético de Agustín Conde, las eólicas castellano-leonesas que apestan, los chapús extraparlamentarios de Trillo y Pujalte, los pagos para mejorar la imagen imposible de mejorar del defenestrado González, la tocata y fuga de Esperanza Aguirre con la policía pisándole los talones, etc.

Es que no paráis, hijos míos, y así, con tanto cambalache y tanto bribón, resulta imposible hasta defender la presunción de inocencia.