ÓSCAR CELADOR ANGÓN

Dos asociaciones de ateos españolas han iniciado una campaña de difusión de sus ideas mediante la colocación del eslogan “Probablemente Dios no existe, deja de

preocuparte y disfruta la vida” en autobuses urbanos de Barcelona y Madrid, imitando una iniciativa desarrollada por la asociación atea British Humanist Association en Londres. Se trata de una campaña financiada íntegramente con aportaciones privadas y respetuosa en sus términos que no ha sentado nada bien a los grupos religiosos cristianos en general, y a la Iglesia católica en particular.

El ordenamiento jurídico protege el derecho de los grupos ideológicos y religiosos a explicar y a difundir sus creencias, siempre que respeten el orden público y los valores y derechos reconocidos en la Constitución. Así las cosas, ¿pueden los poderes públicos prohibir que los ateos publiciten sus ideas? La respuesta a este interrogante sólo puede ser negativa por dos motivos. Primero, con independencia de que el ateísmo pueda ser considerado una religión o una postura filosófica, la propagación de su ideología está amparada por el marco constitucional; es más, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa protege expresamente el derecho de las personas a manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas. Y, segundo, desde la óptica de la igualdad en el ejercicio de las libertades ideológica y religiosa, las asociaciones de ateos tienen la misma legitimidad para difundir una ideología que pone en duda la existencia de Dios que las confesiones religiosas para exponer sus ideologías soportadas en la creencia en un ser superior.

Es erróneo plantear la campaña de publicidad de las asociaciones de ateos como una afrenta a los grupos religiosos, ya que el objeto de esta iniciativa es la mera difusión de unas creencias y convicciones amparadas por la ley. De ahí que sea sorprendente que las principales críticas a esta iniciativa provengan de los grupos religiosos, pues, con sus ataques, socavan la propia legitimidad para transmitir unas ideas que, por definición, no son contrastables. Al fin y al cabo, entre nosotros, la generalidad de las religiones se sostienen sobre una especie de contrato imaginario, en virtud del cual se pide a los fieles que vivan de acuerdo con sus principios, y a cambio se les promete la recompensa de la vida eterna o el mal menor de no ir al infierno. Pero ¿cómo comprobar el pleno cumplimiento de los términos de un contrato cuya demostración depende por completo de la parte que fallece?

El triunfo del ateísmo supondría la extinción de las Iglesias, y la liberación de los hombres de la tiranía que otros hombres ejercen sobre ellos al interpretar la voluntad divina. Ese es el debate de fondo y el motivo por el cual históricamente los ateos han sido duramente perseguidos en las sociedades donde las Iglesias han monopolizado el poder político e ideológico.

La iniciativa de los ateos es el reflejo de realidades consolidadas en aquellos países donde la libertad para expresar y difundir las creencias y convicciones está vigente desde hace dos siglos, y donde es habitual que los grupos ideológicos y religiosos utilicen campañas de publicidad a gran escala para captar fieles. La sociedad española está preparada para asumir este reto, pero ¿lo están las Iglesias españolas?

Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado