Crímenes de guerra que no deben quedar impunes

Parecía imposible superar la crueldad de los “falsos positivos”; el asesinato masivo de campesinos y sindicalistas colombianos cometido por militares con el objetivo de obtener ascensos y recompensas al fingir que eran miembros de la guerrilla. La aparición de fosas con cientos, incluso miles, de cadáveres demuestra que durante el mandato de Uribe el ejército de Colombia ha cometido crímenes de guerra, hecho que no desalienta a los que firman tratados de libre comercio con él y trae sin cuidado a los que continuamente lo

ponen como ejemplo de gran valedor de la democracia.

Pero lo que la fiscalía está averiguando ahora sobre las actividades del DAS, el servicio secreto dependiente de la Presidencia, es estremecedor: esos espías no sólo perseguían a magistrados, periodistas y opositores para neutralizarlos, sino que también entregaban a los paramilitares listas negras de defensores de los derechos humanos para que fueran asesinados, y así poner fin a sus investigaciones sobre los abusos del uribismo. Incluso fabricaban pruebas falsas contra ellos (sobre supuestos vínculos con las FARC) para convencer a los sicarios de que los matasen, como hicieron con el prestigioso sociólogo Alfredo Correa De Andreis, acribillado en Barranquilla en 2004, atentado que desde el primer momento fue denunciado como un crimen de Estado.

Si queda probado en sede judicial que fue el propio Uribe quien ordenó emprender esa estrategia de exterminio premeditado de los que denunciaban su régimen de terror, no bastaría que se sentase en el banquillo de los acusados en Bogotá, sino que debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Pero los candidatos a sucederle ya han advertido de que nunca lo entregarán a la Justicia universal.

¿Permitiremos que esos crímenes queden impunes?