La crisis nacional está agravando la olvidada crisis social

Vicenç Navarro

Catedrático emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

Ha pasado estos días algo que era sumamente fácil de predecir y que algunos, desde hace tiempo, estábamos alertando que ocurriría. En realidad, era tan fácil de predecir lo que está ocurriendo que cuesta creer que algunos de los protagonistas de los acontecimientos sucedidos no lo supieran y que, en lugar de evitarlo, lo hayan facilitado, pues creían, y continúan creyendo, que les beneficiaría política y electoralmente. Y la realidad es que todas las encuestas electorales muestran que muchos de ellos están consiguiendo lo que siempre desearon.

Pero veamos primero qué ha estado ocurriendo en estos últimos días. Un acontecimiento es que el Tribunal Supremo ha dictado su sentencia con durísimas penas para los dirigentes independentistas, algunos de los cuales llevan encarcelados desde hace dos años antes de incluso iniciarse el juicio. El otro, que sigue al anterior, es que el presidente en funciones del gobierno español, el Sr. Pedro Sánchez, que está en plena campaña electoral, ha indicado que el gobierno hará cumplir las sentencias en su totalidad. Y el tercer acontecimiento es que, como consecuencia del primer hecho, en Catalunya se están produciendo movilizaciones de grandes sectores de la población en señal de protesta por la dureza de estas penas y en defensa de los derechos civiles de los presos, que consideran que han sido violados por su encarcelamiento y por la naturaleza de su sentencia. Ni que decir tiene que estos tres hechos están íntimamente relacionados. Y frente a ello es justo preguntarse por qué ocurren y por qué ahora. Se está escribiendo con gran detalle sobre cada uno de ellos. Pero creo que también es urgente que se hable de lo que hay detrás de cada hecho, algo que no siempre aparece con la claridad que la gravedad de situación exige.

La explicación oficial de los hechos

Esta explicación queda reflejada en las declaraciones de Pedro Sánchez, que considera que la sentencia del Tribunal Supremo es el resultado de un juicio ejemplar, característico de un Estado democrático al que considera como “uno de los más democráticos del mundo” y, por supuesto, homologable a cualquier otro Estado democrático europeo.

Encuentro esta declaración sorprendente, pues los indicadores de las grandes limitaciones democráticas del Estado español (por herencia del Estado anterior) son muy abundantes, como se ha documentado extensamente (ver, por ejemplo, mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama, 2002). En realidad, es uno de los Estados más represivos de Europa y con menor sensibilidad social, como demuestra el hecho de que tenga uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15, el grupo de países con un nivel de desarrollo económico similar al español. De ahí que también me sorprende que incluso los propios dirigentes del movimiento independentista se asombren de la extrema dureza de las sentencias del Tribunal Supremo. Parecería que habían asumido que el Estado español tenía la capacidad y la motivación de actuar de diferente manera.

En este aspecto, la interpretación de lo ocurrido por parte de gran número de dirigentes políticos independentistas e intelectuales soberanistas, definiendo la sentencia del Tribunal Supremo como una “venganza” del Estado, me parece también sorprendente, pues asume, repito, que tal tribunal, frente a la acusación de sedición, podría haber actuado de una manera distinta. Y es que no fue “venganza” lo que hizo tal tribunal. Fue represión dura para establecer un precedente. La dureza de las sentencias (después de descartar la rebelión, que los tribunales europeos habrían rechazado) era parte esencial del mensaje que se quería transmitir a la sociedad, en particular a la sociedad catalana, pero también al resto de la sociedad española. De ahí su gravedad, pues afecta a cualquier colectivo que desobedezca las leyes que sostienen el entramado de poder del país. Y esta dureza, repito, era enormemente predecible, dada la naturaleza del Estado, un Estado que no significó una ruptura sino una apertura del régimen dictatorial anterior, transformándose en un Estado democrático con enormes limitaciones en el que la cultura prevalente en muchos de sus aparatos es heredera de aquel régimen anterior. Así pues, como resultado de una Transición que distó mucho de ser modélica, tal cultura franquista está todavía muy extendida no solo en muchos aparatos del Estado, sino también en amplios sectores de la sociedad civil, incluidos los grandes medios de información.

Ley y democracia no son conceptos homologables

Homologar ley, orden y democracia es algo que suele hacer cualquier establishment político que domina, precisamente, el proceso de formación de dichas leyes. Y tal homologación apareció en la sentencia que condena a los políticos encarcelados. Esta visión penaliza por lo tanto la desobediencia civil, que históricamente se ha mostrado como necesaria para mejorar el sistema democrático en muchas ocasiones. El movimiento obrero, por ejemplo, no tendría muchos de los derechos laborales que tiene en la actualidad si no hubiera incurrido previamente en casos de desobediencia civil. Pero todo participante en movimientos de desobediencia civil tiene que ser consciente que sufrirá una sanción. La sanción en sí, por lo tanto, no tiene por qué sorprender. Pero para que un acto de desobediencia civil tenga eficacia y capacidad de persuasión tiene que sustentarse en un comportamiento basado en un principio que sea moralmente superior al que intenta sustituir, como puede ser la defensa de la democracia, entendiendo como tal la expresión de la soberanía popular. Y ahí está el problema en este caso.

Respeto a la ley no es lo mismo que respeto a la democracia

La justificación de la sentencia del Tribunal Supremo es que tal sentencia era necesaria para salvaguardar la democracia, cuyo marco de referencia es la Constitución (considerando tal documento como el punto de referencia de la expresión democrática). Todo el argumentario se intentaba sostener en base a la defensa de la democracia española. Por otro lado, gran parte de los dirigentes independentistas también utilizaron el argumento de que su desobediencia civil estaba basada en su compromiso democrático. Pero el punto débil de este argumento último es que cuando organizaron el acto del 1 de octubre de 2017, era supuestamente para llevar a cabo un referéndum que, aun cuando fue un magnífico acto de protesta frente al Estado español, no podía leerse o interpretarse como un referéndum. Y utilizaron el resultado de tal votación para legitimar la declaración de la independencia (no deseada por la mayoría de la población catalana). Y ahí está el punto flaco de su argumentación, del que creo que varios dirigentes independentistas eran conscientes y así algunos lo han reconocido.

Por otra parte, la dureza de las sanciones prueba el carácter político de la sentencia

El Tribunal Supremo ha tenido como objetivo someter y escarmentar a los líderes independentistas para mostrarles que la independencia no es posible dentro del Estado español, supuestamente “de los más democráticos del mundo”. Y tal sentencia se justificó en base a una exigencia democrática. En cualquier caso, los dirigentes independentistas se lo pusieron fácil para poder presentarse como tal, pues se saltaron a la torera todas las normas (y me refiero a normas y principios democráticos, y no a leyes) declarando la independencia en nombre del pueblo catalán, cuando la mayoría de tal pueblo no era independentista. Y resalto lo de normas y principios, pues no comparto la veneración por la ley ni el concepto de obediencia civil. Repito que las democracias se han construido a base de desobediencias civiles. No hay conquista social sin desobediencia civil. Y estos dirigentes cometieron un acto de desobediencia civil, lo cual, predeciblemente, implicaría una sanción.

Pero, insisto, lo que debilitó su acto de desobediencia civil fue que violaron principios democráticos y desarrollaron un acto (que fue enormemente importante como crítica al Estado por su constante insensibilidad hacia la mal llamada “cuestión catalana”) que se presentó como un referéndum (1-O), lo cual obviamente no era (y los dirigentes de la movilización lo sabían o deberían haberlo sabido), acto que utilizaron para justificar la independencia cuando, en realidad, no existía tal mandato, hecho reflejado por encuestas que demostraban que la mayoría no era favorable a dicha independencia. Y ese fue su gran error, pues dieron pie al Tribunal Supremo para justificar su condena a todas luces excesiva por haber violado la ley (que para ellos es la base de la democracia). Al realizar tales actos, aquellos dirigentes independentistas diluyeron el impacto moral (y su popularidad internacional) del hecho de estar encarcelados o en el exilio, presentándose como los defensores de la democracia cuando en realidad habían violado algunos de sus principios.

Por otra parte, una condena tan alta cuando la desobediencia civil fue pacífica confirma claramente que esta condena fue una decisión política tomada con objetivos políticos y que, por lo tanto, los presos y exiliados son presos y exiliados políticos. El hecho de que las penas sean tan desmesuradas se debe a un motivo claramente político, pues, repito, tienen un objetivo político, que es ni más ni menos que crear la imagen de que hay que castigar a los disidentes secesionistas para que no se extienda el independentismo. En realidad, la cultura franquista está tan extendida y normalizada que la gente que la reproduce ni siquiera es consciente de ello. Ahora bien, creer que el Estado haría algo distinto es no entender la Transición de la dictadura a la democracia y las condiciones en las que se hizo. La evidencia de que el Estado resultado de aquella transición se caracteriza por una democracia muy (pero que muy) limitada y un bienestar muy insuficiente es abrumadora. Miren los datos y lo verán.

La gran derechización del establishment español

En este aspecto, no hay plena conciencia de lo enormemente derechizada que está la vida política del país, donde la herencia del régimen anterior ha dejado una cultura escasamente democrática muy acentuada en las derechas españolas, como queda constancia en que nada menos que el 72% de los votantes del PP y el 46% de los de Ciudadanos consideran que debería mantenerse el monumento fascista del Valle de los Caídos, con el dictador enterrado en él con todos los honores que se le otorgan en tal monumento, algo impensable en un país con una cultura más democrática, sólida y madura. ¿En qué país de la Europa Occidental sería imaginable que el Tribunal Supremo permitiera a un partido de ultraderecha, de clara vocación franquista, VOX, defensor del dictador más sangriento que haya existido en Europa (según el experto en fascismo europeo, el Sr. Malefakis, de la Universidad de Columbia –Nueva York–, por cada asesinato político que cometió el régimen de Mussolini, el de Franco cometió 10.000), ser parte de la acusación popular, o que el Sr. Marchena, de clara orientación derechista, presidiera tal tribunal? Definir todo el proceso como meramente judicial y, por ende, neutral, es insostenible, pues estaba imbuido de una cultura y de unas actitudes que permitían predecir fácilmente cómo terminaría. Son presos políticos y las penas son claramente políticas.

¿Y ahora qué? Se necesita ir más allá que la necesaria defensa de los derechos de las víctimas de la represión

Ni que decir tiene que hay que denunciar el carácter claramente político de la sentencia, totalmente desproporcionada, con penas de prisión que nunca deberían haberse dado. La denuncia de esta situación debe realizarse en defensa de los derechos humanos, exigiendo que salgan de la prisión inmediatamente. Ahora bien, no creo acertado utilizar esta protesta para promover el independentismo, como sus dirigentes, lógica y predeciblemente, están intentando en un período electoral. Y desde este punto de vista, la dureza de las sanciones tendrá lógicamente mayor capacidad de movilización. A mayor número de años de cárcel, mayor movilización. Desde el punto de vista electoral, la sanción del Tribunal Supremo no podría ser mejor propaganda para el independentismo. Y parece casi imposible que no supieran de las consecuencias de tal dureza. En realidad, la sanción facilita la movilización de los dos nacionalismos opuestos. Véanse las reacciones de los dirigentes del PP y de C’s para constatarlo. Su deseo de imponer el 155 responde también a causas electorales.

¿Qué sería deseable que pasara?

El enorme problema, mal llamado “problema catalán” (y digo mal llamado porque es un problema del Estado español), es imposible que se resuelva teniendo a gente en la cárcel. Y repito, aunque el Tribunal Supremo y las derechas (y algunas izquierdas españolas) no lo digan, seguro que lo saben. Pero se benefician de ello. El nacionalismo uninacional y radial españolista, basado en la capital del Reino, necesita el conflicto con los nacionalismos “periféricos” para su propia existencia. Y la historia reciente de España así lo demuestra. Las derechas españolas (que son muy de derechas según los parámetros europeos) siempre han utilizado el nacionalismo y el secesionismo, entre otras razones, para ocultar sus políticas sociales reaccionarias. La evidencia de ello es abrumadora, aunque nunca se hable de ello en los medios (ver mi artículo, El triunfo de las derechas con la ayuda de los independentistas, Público, 07.03.19).

De ahí que la solución al mal llamado problema territorial no pueda venir de las derechas y tenga que hacerlo, si es que llega, únicamente de mano de las izquierdas. Y las izquierdas mayoritarias en España (y también en Catalunya) tienen que reconocer que han dificultado enormemente la solución del problema territorial y social apoyando a las derechas nacionalistas sistemáticamente. El mal llamado conflicto territorial beneficia a las derechas a ambos lados del Ebro. En Catalunya, las izquierdas de ERC y la CUP han apoyado un gobierno liderado por la derecha y, en España, el PSOE está pidiendo una alianza con las derechas. Y ambos lados del espectro lo hacen para defender “la patria” (o la Constitución en el caso del nacionalismo españolista), lo que reducen el necesario debate a un debate “secesión sí/secesión no”, cuando el futuro está marcado por un escenario más complejo, más variado y más democrático que el que hoy encontramos.

Y para llegar a este futuro, la única solución es que las izquierdas españolas (incluidas las izquierdas ahora secesionistas) se alíen para cambiar España, cambiando su Estado para que pueda redefinirse España, convirtiéndolo en un Estado plurinacional, unido desde la libertad que supone el derecho a decidir la pertenencia y articulación con dicho Estado, como soñamos desde la resistencia antifascista (incluyendo el PSOE) durante la dictadura. Hasta que ello ocurra no habrá un cambio en estas tensiones, porque ellas son la mejor manera de ocultar la enorme crisis social que los dirigentes de derechas que han liderado los dos bloques nacionalistas han generado y de la que son responsables. De ahí que con el gran ruido que el tema nacional está generando se persiga un objetivo que beneficia a las derechas españolas y las derechas independentistas. Hoy, cuando la enorme crisis social está afectando como nunca la calidad de vida de las clases populares, las banderas borbónicas, por un lado, y las esteladas, por el otro, ocultan todo lo demás. Ambos se benefician de las tensiones que estamos viendo. ¿Que no lo ven las izquierdas?

La enorme crisis social

Hoy la crisis social ha alcanzado unas dimensiones sin precedentes en el país, resultado de la aplicación por parte de los partidos gobernantes de políticas neoliberales (las reformas laborales regresivas y las políticas de austeridad), sin que ello aparezca en el debate político y mediático del país. Y las izquierdas gobernantes son también responsables de ello. De ahí que a no ser que haya un cambio profundo en su orientación, estamos condenados a continuar con las tensiones interterritoriales que ocultan que muchos jóvenes de este país no tienen perspectivas de vivir mejor que sus padres, que las desigualdades sociales son de las mayores en Europa Occidental y que la pobreza infantil es escandalosamente alta. ¿No se dan cuenta? Creerse que las izquierdas gobernantes no eran conscientes de lo que pasaría es poco creíble.

Ni que decir tiene que hay que protestar por las penas impuestas a los presos políticos. Y hay que protestar por las medidas represivas del Estado español, que son una de sus características. Pero también hay que denunciar las alianzas buscadas por la izquierda dominante en España y por la incompetencia e ingenuidad (o cinismo) de algunos de los principales dirigentes de los partidos de la izquierda independentista.

Hacer esta denuncia no es, como muchos independentistas acusan a los movimientos enraizados en el 15-M y a fuerzas progresistas como IU, ser equidistante o ambivalente, sino reconocer el reto que la fuerzas progresistas tienen a nivel del Estado borbónico para cambiarlo, y a su vez criticar el “procés” y la independencia exprés unilateral por el desastre (y no hay otro término para decirlo) al que nos están conduciendo. Ni que decir tiene que la gran mayoría de la población que se manifiesta responde a un noble deseo de cambio nacional, pero una fuerza progresista no puede nunca olvidar que el objetivo primordial tiene que ser mejorar el bienestar y la calidad de vida de las clases populares, y no puede ser que se utilicen las banderas y la causa nacional para ocultar el drama social que algunos de sus dirigentes han creado.

El reto electoral de las izquierdas

Hoy debería hablarse de que (1) la mayoría de españoles (incluyendo la mayoría de catalanes) viven peor que a principios del siglo XXI; (2) que casi la mitad de los trabajadores españoles, catalanes inclusive, trabajan en situaciones precarias; (3) que casi el 40% de la población catalana que vive de alquiler está en riesgo de pobreza; (4) que en España, incluyendo en Catalunya, el gasto público en sanidad, educación, pensiones, atención a las familias, vivienda social y un largo etcétera, está entre los más bajos de la UE-15 y es más bajo que en 2010; (5) que en Catalunya se gastan 626 millones de euros menos en educación, 1.027 millones menos en sanidad o 363 millones menos en vivienda que en 2010, y un largo etcétera. Y por si todo ello fuera poco, el 79% del suelo español está en peligro de desertización. Estos y otros temas que afectan enormemente la calidad de vida de la población a los dos lados del Ebro están siendo silenciados por las banderas en tiempo electoral. Y ello no es por casualidad.

Y aquellos en Catalunya que creen que tal crisis social se debe al hecho de que son parte del Estado español tienen que ser conscientes y saber que los gobiernos de derechas en Catalunya, apoyados por las izquierdas independentistas, fueron los que aprobaron y/o implementaron las leyes que contribuyeron a crear la crisis social (lo cual no se explica en los medios públicos de la Generalitat, incluyendo TV3, que promueven a gurús económicos de clara tendencia neoliberal como el asesor de Davos, que se presenta como un gran superpatriota catalán, el cual, a su vez, apoya políticas que han incrementado las desigualdades sociales a base de defender los intereses de las rentas superiores en detrimento del bienestar de la mayoría de catalanes). Esta es la realidad ocultada en el debate político y mediático del país. Así de claro.