El pasado martes se cumplía el plazo que establece la nueva Ley de Telemadrid para nombrar a los nueve miembros del Consejo de Administración de la Radio Televisión pública madrileña. Pese a ello, en la Asamblea de Madrid no hemos podido realizar los nombramientos debido al bloqueo permanente que ha realizado el Partido Popular. Por desgracia, el incumplimiento de la ley no es nada nuevo en la tormentosa relación entre Telemadrid y Cifuentes: el actual Consejo de Administración debía haberse renovado a principios de legislatura. Sin embargo, diez meses después, el Consejo responsable del ERE y del continuo declive y deterioro informativo, sigue al mando de la cadena.

Sumado al cumplimiento del plazo, ayer asistimos a otro hecho que agrava la situación en la Radio Televisión madrileña: la renuncia de la actual Presidenta de Telemadrid, sólo cinco meses después de haber sido nombrada. La presidenta, Covadonga Fernández, ha hecho pública su renuncia en una carta en la que arremete contra, el ya citado, inumplimiento de la Ley 8/2015 y señala que la información relativa a la cadena le “llega a través de los medios de comunicación”. Además, ha señalado su disconformidad por la exclusión, con los votos del PP y Cs, de UGT pese a cumplir los requisitos establecidos por la ley.

De nuevo, nos encontramos ante el abismo entre las palabras y los hechos. Tanto en la campaña electoral como en el debate sobre el proyecto de Ley, todos los grupos parlamentarios hablamos de “despolitizar” la cadena. Sin embargo, a la hora de la verdad, el partido de Cifuentes es incapaz de asumir que debe desprenderse de su aparato de propaganda y la formación naranja no parece aceptar su supuesta independencia respecto al partido del Gobierno.

El actual escollo lo encontramos en las personas propuestas por los grupos parlamentarios para el Consejo de Administración. Inicialmente, acordamos presentar una propuesta conjunta de cuatro personas ya que algunos grupos consideraban “un estigma” que se vinculara a los candidatos con los grupos parlamentarios. Pese que en Podemos no lo considerábamos así -tendrá que mirarse quien considere que ser vinculado a su partido es sinónimo de estigma- aceptamos la propuesta en aras del consenso. Horas después, había quien ya había filtrado a la prensa la relación candidato-grupo parlamentario. Y al día siguiente, Isabel Díaz Ayuso, portavoz del grupo popular, intentaba justificar el inminente bloqueo que iban a realizar descalificando pobremente a dos de las candidatas, sin esperar a la comparecencia en la que explicarán su modelo de radio televisión pública. Pero, ¿de quiénes estamos hablando?

Por un lado, Carmen Caffarel, doctora en lingüística hispánica y catedrática de comunicación audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. De reputado prestigio, cumple los requisitos mínimos establecidos en la ley y su conocimiento de los medios públicos es innegable pues fue Directora General de RTVE entre 2004 y 2007. Además, entre el año 2007 y 2012 fue la directora de Instituto Cervantes. Por otro lado, Mae Lozano, licenciada en Ciencias de la Información, con más de dos décadas de experiencia profesional tanto en Telemadrid (18 años) como en otros medios (Antena 3), así como en el tercer sector y en el ámbito docente (Univ. Nebrija), por lo que también cumple los mínimos que exige la ley.

En ambos casos nos encontramos con dos mujeres con trayectorias profesionales intachables, relacionadas con la comunicación y el periodismo, sin relación orgánica con ningún partido y reconocimiento público tanto dentro como fuera del sector informativo-audiovisual. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido ensañarse con ellas para disimular su falta de voluntad respecto a la renovación de la cadena. Los argumentos contra Caffarell resultan poco sólidos cuando la acusan de tener un “perfil político” por su nombramiento en RTVE cuando el propio PP propone a un candidato -Pepe Oneto- que ya en el año 2000 fue nombrado por ellos mismos para el mismo cargo. Contra Lozano no manejan otro argumento que su pasado en la cadena. Un pasado repleto de profesionalidad, rigor, veracidad y férrea defensa de los derechos de los trabajadores. Quienes orquestaron el ERE no ajustado a derecho que se saldó con más de 800 despidos, no toleran la posibilidad de que entre en el Consejo de Administración quien años atrás plantó cara a los desmanes, las arbitrariedades y los chanchullos de quienes usurparon Telemadrid a sus legítimos dueños, los madrileños y las madrileñas.

Los prejuicios y el sectarismo del Partido Popular ya los conocemos. Las opiniones y valoraciones sobre la idoneidad de los candidatos y candidatas del resto de grupos parlamentarios se revelarán tras las comparecencias de la semana que viene.