Génesis Machado. Investigadora en Comunicación Política

Una crónica de varios meses de lucha por la defensa del sector lácteo en Galicia

Durante los meses de verano el sector lácteo gallego ha explotado en reivindicaciones y luchas por la dignificación de su trabajo y el justo pago de su producción. Se trata de un conflicto que lleva años fraguándose y que parece haber llegado a su punto álgido después de que la disputa entre productores, distribuidores e industria provocaran días de huelgas y paros en la producción, obligando finalmente a los máximos responsables del Ministerio de Agricultura a intervenir en la regulación del sector, intentando con poco éxito solucionar un conflicto que ha girado sobretodo alrededor de las medidas y cuotas fijadas por la PAC y la normativa conocida como “Paquete Lácteo”.

Ya el 2 de junio de este mismo año el diario El Mundo advertía de la alarmante situación de los ganaderos españoles, señalando que la estrepitosa caída de los precios por debajo del precio de coste y la guerra establecida entre los tres actores estaba poniendo en peligro la supervivencia de alrededor de 2000 ganaderos. El conflicto consta de cinco focos esenciales que lo explican:

• En primer lugar, se trata de un conflicto datado desde el momento en que se fija la cuota láctea en el ámbito europeo. Mientras en España el déficit en la producción –que en el 2009 era de 6 millones de toneladas, mientras el consumo ascendía a 9 millones– empujaba a la importación, la política comunitaria de la PAC no tuvo en cuenta estos datos ni procuró fijar un reparto que compensase a los países deficitarios en su ‘Chequeo Médico’ de 2008.

• La decepción de los ganaderos tras el fin de la cuota láctea fijada por la PAC, que permitió que se agudizase la bajada del precio de la leche. Lo que desde el horizonte se visualizaba como una oportunidad para que los trabajadores del sector lácteo obtuvieran un mayor grado de “libertad”, acabó materializándose en un conjunto de factores que hacen a los ganaderos, si cabe, todavía más rehenes de la industria.

• El sonado “Paquete Lácteo” aprobado vía Real Decreto este año, que buscaba establecer en los contratos entre ganaderos e industrias una duración mínima de un año. Éste se encontró de frente con la sublevación de la industria, que bajo organizaciones como la FENIL recurrieron la medida llevándola hasta el Tribunal Supremo. La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), alegando que la firma de un contrato de un año “introduce rigideces que afectan al dinamismo y confianza del sector” mostró desde un primer momento su total descontento con la nueva legislación, tal y como confirma Javier Iglesias, un portavoz de la Plataforma en Defensa do Sector Lácteo en una entrevista para eldesperttador.org “por primeira vez a FENIL pediu unha audiencia, cousa que nunca pasara, e permanentemente manifestou a súa contrariedade co paquete lácteo e cremos que ademáis da situación complicada no seu conxunto hai unha estratexia por parte da FENIL e destas industrias para modificar este paquete lácteo”.

• Además, está el siempre presente problema del “dumping” francés. Vendiendo sus excedentes a precios por debajo de los costes de producción, se inunda el mercado de productos de bajo coste llevando a situaciones en las que, por ejemplo, un litro de leche Carrefour en Lérida cuesta 55 céntimos, mientras que pasando la frontera a Francia el mismo producto alcanza los 72 céntimos.

• Todo esto ha llegado a un punto en que tras movilizaciones, tractoradas y paros en la producción, industrias como Calidad Pascual, por ejemplo, han comunicado a ganaderos gallegos que prescindirían de su leche (unos 5000 litros al día) a partir de agosto. No obstante, ha de mencionarse que, detrás de todo esto, se encuentran también organizaciones intermedias como Logística Alimentaria, una planta lucense de recogida láctea que se encarga del suministro a la industria, que fue denunciada el 22 de mayo por la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (AGACA) por chantajear a los ganaderos con no pagar la leche entregada a menos que aceptasen un precio de 17 céntimos/litro, cuando el coste de la producción alcanza los 30 céntimos.

Los ganaderos gallegos dicen basta.

Tal y como titula La Opinión Coruña, “el sector lácteo gallego toca fondo al afrontar uno de los precios más bajos de toda Europa”. Se trata de una situación que se desborda en el mes de agosto, cuando se iniciaron numerosas manifestaciones ampliamente respaldadas en toda la región, a las que se sumaron también tractoradas en las principales villas y ciudades y paros en la producción láctea para conseguir abrir una nueva vía de negociación.

Cobrando la leche a un 8% menos que en el resto de España, los ganaderos gallegos tienen una de las tarifas más bajas de Europa, de unos 27,9 céntimos/litro, tan sólo por debajo de Lituania (20,10 cent./litro) y Polonia (26,93 cent./litro) –siendo además, como ya se ha mencionado, el coste mínimo de producción de unos 30 cent./litro. Todo esto a pesar de que, como afirma Javier Iglesias, “Galicia é a novena rexión en producción de leite en Europa”. Lo incomprensible de la situación se evidencia al conocer que, al tiempo que es la más azotada por los bajos precios (en una situación similar se encuentra Cantabria, cuyos ganaderos reciben 29,5 céntimos por litro) es precisamente esta Comunidad Autónoma la responsable del 40% del total de la producción española. Mientras los ganaderos gallegos son chantajeados para vender su leche a un precio muy por debajo del coste de producción, en otras comunidades vecinas como Asturias, por ejemplo, el producto es fácilmente comprado a 32,7 céntimos, o en el País Vasco a 33,3 cent.

Así bien, en la multitudinaria movilización convocada para el día 12 de agosto en Lalín, capital de la Comarca del Deza (Pontevedra), que unió a ganaderos, comerciantes, empresarios y políticos, respaldados por un total de medio millar de tractores, los esfuerzos se centraron en exigir tanto a la Xunta de Galicia como al Ministerio de Agricultura una solución inminente para el conflicto en el sector lácteo, apoyados por pancartas donde se podían leer lemas como “Nin un paso atrás na defensa dos gandeiros galegos” o “Detrás dunha explotación gandeira hai unha familia enteira”. En esta movilización, que provocó el paro completo de la localidad durante varias horas, pudieron verse personas de todas las edades y oficios unidas en la lucha por unos precios justos y el fin del saqueo lácteo en Galicia, fue además donde eldesperttador.org tuvo la oportunidad de entrevistar a Javier Iglesias, miembro de la Plataforma en Defensa do Sector Lácteo, una de las entidades que convocaba el encuentro. Iglesias apuntó en con sus declaraciones la existencia de una responsabilidad no sólo a nivel nacional, sino también en el marco comunitario de la UE, así como la necesidad de tomar medidas ante lo que consideran una estrategia para desvirtuar el paquete lácteo y provocar una deslocalización de la producción que afectaría, principalmente, a los ganaderos gallegos.

Sobre las bases de la reunión con el secretario del Ministerio de Agricultura el 18 de agosto, se inició un principio de acuerdo tras que La Voz de Galicia apuntaba que “Agricultura da por hecho el acuerdo, pero los ganaderos exigen garantías”. El documento surgido tras las conversaciones de estos meses, sin estar dotado de garantías legales, incluye una propuesta para establecer unos precios sostenibles que no ha sido suficiente para los productores de leche gallegos, cuyas principales organizaciones, COAG y UPA, mostraron su desconfianza exigiendo dar un paso más para garantizar el compromiso de la industria. Derivado de esta inconcreción, en una asamblea en la capital gallega –donde el corte al tráfico con tractoradas llevaba siendo una constante durante las protestas– se decidió bloquear con tractores las quince industrias lácteas asentadas en Galicia para evitar la entrada y/o salida del producto alegándose que el acuerdo de propuesta expuesto el 10 de septiembre por el Ministerio, considerado una copia del ya discutido el pasado 18, seguía sin tener ningún tipo de garantía jurídica y, por ende, como afirmó Anxo Escariz, miembro de la Plataforma en Defensa do Sector Lácteo para La Voz de Galicia el 11 de septiembre “no vale para nada” . Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, las asociaciones de distribuidoras anunciaban su intención de llegar a acuerdos siempre y cuando no se continuaran con las acciones de presión como las que se estaban llevando a cabo en las ciudades de Santiago de Compostela y Lugo. Así bien, tras una manifestación en la capital de la Comunidad Autónoma a la que asistieron unas 10000 personas y una vez más se interrumpió el tráfico, el principal grito fue: “Feijoo, escoita, o agro está en loita”.

Ya casi a finales de septiembre el conflicto parece haber alcanzado un punto donde las posturas de productores, distribuidoras e industrias se aproximan, aunque a costa del consumidor. Las respuestas del Gobierno para atajar y remontar la crisis del sector lácteo pasan por el preacuerdo fijado el 10 de septiembre donde se refleja que el precio de la leche se encarecerá para el consumidor –aunque por el momento no se sabe cuánto– mientras que la distribución se compromete a no tirar los precios. El compromiso de terminar con la práctica de las distribuidoras que utilizan leche como reclamo comercial, valorizando tanto el producto como sus derivados; el establecimiento de un código de buenas prácticas donde se incluiría un mediador en los contratos; la imposibilidad de fijar precios mínimos; y el compromiso de las empresas de compartir con los ganaderos los frutos de la revalorización de los productos lácteos, son algunos de los puntos que se tratan el documento. No obstante, se trata de un acuerdo que no cuenta con un respaldo unánime por su falta de garantías jurídicas y dado que, según afirma Miguel Blanco de COAG, “es muy genérico”. A consecuencia de esto, se han desmarcado del acuerdo los dos principales sindicatos del sector UPA y COAG, bajo el reclamo de que éste continua siendo una mera declaración de intenciones donde no se fijan precios mínimos –puesto que el Ministerio lo considera una práctica que se contradice con las políticas agrarias y de competencia de la UE, a pesar de sí existir y ser perfectamente viable en otros países miembros como Francia–, con lo que no se garantiza la estabilidad de un precio sostenible; y donde tampoco se establece un régimen sancionador en caso de incumplimiento del acuerdo.

Es así como, todavía en el mes de octubre el recelo sobre el acuerdo que entró en vigor la semana pasada se mantiene y, a pesar de que los cuatro días continuados durante los que se decidió tirar la producción en vez de venderla consiguieron dividir en cierta medida a los productores, en su mayoría éstos coinciden en la necesidad de continuar con reivindicando unas soluciones mejores y aseguran que veremos un otoño plagado de movilizaciones en defensa del sector.