Dicen que el Derecho no es una ciencia exacta y que admite interpretaciones pero lo que puede llegar a provocar pánico es que la Justicia sea una lotería y el juez una especie de niño de San Ildefonso travieso que escarba dentro del bombo hasta sacar tu bolita. Lo de la venda de la señora de la balanza es una recreación artística que no se compadece con la vista de lince de algunos magistrados. Donde todo el mundo aprecia una violación en grupo, un licenciado Vidriera de turno que se cree intocable decide que aquello es una orgia en toda regla. Te pueden dar trescientas puñaladas y que no haya ensañamiento si te matan a la primera, o dejarte libre cuando vas a 250 kilómetros por hora porque no has chocado con nadie de los que venían de frente. Lejos de ser predecibles, algunas decisiones de sus togadas señorías son de traca.

La elevación al Tribunal Supremo de una causa contra el vicepresidente Pablo Iglesias en la que se le acusa de fingirse víctima de la cloacas del Estado con fines electorales es otra de esas loterías que te toca aunque no juegues. Cuesta imaginar que alguien contra el que, de manera acreditada, se han elaborado falsos informes policiales para atribuirle delitos inventados se monte una conspiración para aparentar un nuevo martirio. Cuesta aún más creer que uno de los objetivos de esa trama fuera el de dañar el prestigio de un tal Eduardo Inda, como si fuera posible oscurecer el sol con la punta del dedo índice. Y lo que ya es el más difícil todavía: presentar a los mayores poceros del reino como los inocentes damnificados por su artera maniobra es casi de ciencia ficción.

Ello no obsta para que todo lo anterior pueda ser verosímil. En el guión de una película de intriga sin mayordomo de por medio cabe cualquier cosa, desde que el asesino sea el muerto a que el santo grial sea una copa de Duralex, pero en una instrucción judicial hace falta algo más que buen argumento para que la realidad no te estropee una historia cojonuda. En definitiva, es de esperar que el relato se sustente en pruebas o, al menos, en indicios racionales, que no es lo mismo que en hipótesis de andar por casa o en la declaración de un testigo que dice saberlo todo porque alguien, sin precisar quién, le ha jurado sobre la Biblia que un tercero se lo ha dicho de buena tinta.

Como es sabido, el caso gira en torno al robo del móvil de una asesora de Iglesias, cuya tarjeta con información íntima y comprometedora aparece en manos de la revista Interviú, sus archivos en uno de los registros al excomisario Villarejo y parte de ellos son publicados por el Woodward de OK Diario, algo que por otra parte venía siendo el modus operandi habitual del príncipe de las cloacas y de su escribiente de cabecera. Con esos mimbres, y sin preguntarse al menos quién facilitó la tarjeta del móvil a la revista, el sabueso de la Audiencia deduce que el aparente perjudicado de la trama es en realidad quien la urde para quedar primero como el culo –sangrante- ante la opinión pública y poder argumentar luego que la guerra sucia contra él y su partido sigue vigente. Es así como el perjudicado pasa a ser el principal sospechoso porque tardó varios meses en devolver a su propietaria la tarjeta tras serle entregada por el editor de Interviú. Todo muy elemental, querido Watson.

Como se decía, el guión podría ser verosímil aunque no convenció al respetable, que hace unas semanas devolvió por manso el toro a los corrales. Para entendernos, el caso llegó a la Sala de lo Penal de la Audiencia y los superiores jerárquicos de García Castellón le dijeron que su imaginación era desbordante, que no había prueba alguna que respaldara sus delirios y que se dejara de películas y devolviera a Iglesias su condición de perjudicado en la causa.

Privado de la palma de oro de Cannes, con evidentes heridas en su orgullo y sin nuevos indicios o pistas, porque lo de pruebas ya sería para nota, el juez se ha puesto el mundo por montera, le ha hecho un quiebro a la fiscalía, a la que ni siquiera ha consultado, y ha presentado su candidatura al Oscar con una exposición razonada ante el Supremo para que sea este el que decida si su producto merece la estatuilla y, en consecuencia, cabe imputar al vicepresidente por denuncia falsa –el meollo del asunto-, daños informáticos que infiere pero no puede demostrar y revelación de secretos sin la denuncia correspondiente de la afectada por dicha revelación.

Se produce todo esto en pleno enfrentamiento –que eso sí que es una serie de terror - entre el Gobierno y un Poder Judicial cuya renovación bloquea por intereses partidistas el PP y que, como estaba cantado, ha pedido que Iglesias dimita y se entregue esposado en la primera comisaría que encuentre abierta. Salvo escándalo mayúsculo, la causa será desestimada pero, mientras tanto, nos esperan varias semanas con la película en cartel. Va a resultar que a quien le ha tocado la lotería es a Pablo Casado.