El anuncio por parte del ministro José Luis Escrivá de una posible subida de las cotizaciones sociales para reforzar la financiación de las pensiones públicas tienen algún aspecto positivo, pero presenta algunos riesgos y deja abiertas incertidumbres.

Tener noticias del necesario reforzamiento del sistema a base de medidas puntuales, sin contexto ni suficiente explicación, genera mucha confusión y desconfianza. Es lo que seguramente va a ocurrir en este caso, sobre todo, a poco que se recuerde que este mismo ministro había dicho el año pasado que no era necesario que las cotizaciones subieran para sanear el sistema.

Cuando se necesita ir contra la corriente, como inevitablemente ocurre en el tema de las pensiones dominado por el relato mentiroso que se viene haciendo desde hace casi 30 años, la pedagogía es fundamental. Es decir, aclarar siempre los problemas de fondo y no limitarse a anunciar de pronto medidas parciales.

En este caso, la medida anunciada de forma todavía bastante imprecisa, tiene al menos la virtud de cambiar la perspectiva desde la que se contempla la reforma. Hasta ahora lo habitual ha sido que los gobiernos se hayan dedicado a utilizar el brazo torpe de la política: frente a los evidentes problemas de financiación, recortar el gasto en lugar de procurar que aumenten los ingresos. Más o menos lo mismo que bajar la fiebre del enfermo provocando su muerte.

El punto de partida de cualquier reforma de las pensiones que respete los mandatos de nuestra Constitución debe ser, no solo mantener, sino aumentar su cuantía. Así lo dice expresamente su artículo 50: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Lo que se ha venido haciendo hasta ahora por los que a sí mismos se proclaman constitucionalistas ha sido incumplir reiteradamente ese mandato constitucional. Las cotizaciones sociales son hasta ahora la principal fuente de ingresos del sistema, así que si se quiere que estos aumenten es inevitable actuar para ello. Pero eso no se puede plantear de cualquier manera.

No es verdad, como dice la patronal y los economistas liberales, que el aumento de las cotizaciones suponga necesariamente una pérdida de empleos. Es mentira, porque la creación de empleos por parte de las empresas no depende solamente del coste del trabajo, sino del volumen de actividad. Por tanto, subir las cotizaciones sociales no tiene por qué suponer destrucción de empleo si esa medida (que evidentemente hace más costoso el uso del factor trabajo) va acompañada de mejoras en el mercado de bienes y servicios, de más ventas e ingresos de las empresas.

Los estudios empíricos que se han hecho en todo el mundo demuestran que las hipótesis que deben cumplirse para que la subida de las cotizaciones sociales destruyan directamente empleo (o al revés, que su bajada lo crease automáticamente), no se cumple ni en todo momento ni en todos los casos.

Se supone que si suben se sustituye trabajo por capital y que se pierde competitividad. Lo primero, ni es siempre posible ni más rentable para las empresas, y lo segundo tampoco es evidente que ocurra siempre porque, para que fuese así, los cambios en el nivel de cotizaciones tendrían que traducirse siempre en cambios en el precio y no en los márgenes, lo que sabemos que no siempre sucede; y, además, la competitividad tendría que depender exclusivamente de los precios, lo cual tampoco es así.

No se puede negar, en cualquier caso, que cotizaciones sociales más altas dificultan la contratación del empleo más barato. Un hecho que hay que tener en cuenta, aunque se trate de un tipo de empleo que refleja, singularmente en España, un modelo productivo de baja productividad, empobrecedor y (en contra de los que se dice que debiera ocurrir) poco competitivo. Pero lo fundamental es tener presente que su aumento no es el principal impedimento que hay en nuestra economía para crear empleo y que, por tanto, no hay que demonizar su subida.

Otra cosa es que se dé prioridad a la subida en los términos en que al parecer ha planteado el ministro. Es decir, postergando otras medidas imprescindibles para que las cotizaciones contribuyan de mejor forma al saneamiento del sistema. Por ejemplo, la eliminación de topes superiores, para que no solo aumente su capacidad de financiación sino para que el sistema sea más eficiente y equitativo.

Contemplar aisladamente la subida de las cotizaciones sociales y, más aún en los términos planteados por el ministro, no puede ser la panacea para la reforma de las pensiones. Es una medida evidentemente insuficiente para garantizar su financiación y, además, se vuelve contra el propio sistema de protección porque supone una reducción efectiva del salario que tiene un efecto negativo, por pequeña que sea la subida, sobre la demanda global de la que depende que haya más actividad y, por tanto, más empleo y más cotizaciones.

La medida propuesta puede ser una de las que necesariamente haya que tomar, pero sin otras aún más necesarias no va a resolver nada y va a crear recelo, desconfianza y más leña para echar al fuego de un debate que, sin planteamientos generales, debilita cada día más al sistema de pensiones públicas.

La cuestión debe plantearse de otra manera. El punto de partida es si se quiere mantener o no el compromiso de solidaridad intergeneracional o si, por el contrario, se prefiere que cada cual se garantice por su cuenta el futuro, si es que puede en función de su capacidad de ahorro, para dejar su pensión al albur de la especulación financiera y las crisis económicas cada vez más recurrentes.

A partir de ahí es de donde hay que tomar medidas. Lo que no se puede es engañar a la gente diciendo que se garantiza el futuro de pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes de las que habla nuestra Constitución, recortando el gasto y haciendo que sean cada día más bajas.

En resumen, subir las cotizaciones no tiene por qué perjudicar al empleo si aumentan la actividad y la productividad general de la economía y es en hacer que esto último ocurra donde debe centrarse el debate. Aunque, como he dicho, no hay por qué limitarse a subirlas sin modificar su actual definición ni se puede soslayar que hay otras fuentes para financiar el sistema o, al menos, algunas de las pensiones, como las de viudedad, por ejemplo.

Abordar la reforma de las pensiones garantizando simplemente lo que dice nuestra Constitución no es fácil porque la banca y los fondos de inversión más poderosos del mundo vienen luchando desde hace años para que se adopten medidas que debiliten poco a poso al sistema y parezca así que es imprescindible que la gente deposite su ahorro en sus oficinas para asegurarse ingresos en el momento de la jubilación.

Como es lógico, su influencia es grandísima y han logrado que los poderes públicos, las instituciones y organismos internacionales y el mundo académico hayan hecho suyo el relato falso que vienen difundiendo sobre la supuesta insostenibilidad de las pensiones públicas (en mi último libro, Econofakes, dedico precisamente un capítulo para demostrar la falsedad de estos argumentos). Por eso, es un error que un gobierno progresista cuartee el debate para plantear las medidas de reforma a cuenta gotas. No se hace pedagogía y se permite que la gente se siga dejando llevar por el relato falso que ha impuesto la banca.