Fernando Luengo

Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de econoNuestra y del Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid de Podemos

La tendencia hacia el envejecimiento de la pirámide poblacional es evidente, tanto en conjunto de la Unión Europea como en el estado español. Mientras que la esperanza de vida –número de años promedio que vive una persona- ha aumentado, la tasa de natalidad se ha reducido. La conjunción de ambos procesos supone que la parte de la población que supera los 65 años con respecto a la población no ha dejado de crecer; en España, en 1970 no llegaba al 10% en la actualidad alcanza en torno al 20%.

No nos detendremos en los factores, de muy diversa naturaleza, que explican esa evolución, sino en las consecuencias que tiene sobre la relación entre la población activa y la inactiva (la denominada tasa de dependencia).

El problema que suscita esta trayectoria demográfica es que un porcentaje menor de la población incorporada (ocupada) o que podría incorporarse (desempleada) al proceso de creación de riqueza tiene que sostener los ingresos de la parte de la población que no produce y que dependen, en consecuencia, de los generados por la población activa. No está de más recordar, antes de proseguir, que este ha sido uno de los pilares sobre los que se han levantado los estados de bienestar: la solidaridad intergeneracional.

Se trata, sin duda alguna, de un asunto crucial para el futuro de nuestras economías, que merece toda nuestra atención, que afecta a planos tan decisivos como el crecimiento potencial, el ahorro o la inversión. Y sí, ha suscitado un amplio debate, pero enfocado, sobre todo, a la viabilidad de las pensiones sostenidas con fondos públicos.

Buena parte de los economistas con mayor proyección mediática sostienen que se han encendido las luces rojas. El declive de la ratio población activa/inactiva –por el lado, sobre todo, de los grupos de población de más edad- sería la prueba irrefutable de la insostenibilidad del actual esquema de pensiones, lo que obligaría a su reforma radical; para hacerlo sostenible, se afirma.

Entre las medidas que los gobiernos deberían introducir (y que de hecho ya están aplicando) destacan la congelación o subida moderada de las pensiones (por debajo de la tasa de inflación), el endurecimiento de las exigencias que deben cumplir los nuevos perceptores de las mismas (en lo que concierne, por ejemplo, al número de años cotizados), el alargamiento progresivo de la edad de jubilación (apoyándose, justamente en que la esperanza de vida no ha dejado de aumentar) y la necesidad de dar un mayor protagonismo a las pensiones privadas (para que las finanzas públicas suelten lastre).

No entraré ahora en el contenido y alcance de estas y otras propuestas, pero si quiero llamar la atención sobre el pronunciado y descarado sesgo de las mismas. Trabajar más años, privatizar y recortar derechos. Este es el camino que nos invitan (que nos obligan) a recorrer quienes defienden esas alternativas.

Nada se dice sobre sobre las políticas económicas aplicadas durante estos años, que han destruido millones de puestos de trabajo, privando de este modo a las administraciones públicas de las cotizaciones sociales necesarias para financiar las pensiones. Del mismo modo que se pasa de puntillas sobre la calidad de los empleos que se están generando y la degradación de las condiciones salariales de los trabajadores que han tenido la suerte de conservarlos, sobre los salarios indecentes que abonan las empresas y el impacto negativo que todo ello tiene en las cuentas de la Seguridad Social. También queda fuera de este debate la imperiosa necesidad de mejorar la productividad de la economía, sin que dicha mejora deba abordarse por la vía tramposa y de corto plazo de ajustar las plantillas e intensificar la explotación de los trabajadores. Ninguna reflexión sobre el fraude al que se entregan empresarios sin escrúpulos que no ingresan las cotizaciones de sus empleados o contratan trabajadores en condiciones irregulares o abiertamente ilegales. Y, claro, no merecen ninguna consideración las políticas encaminadas a bonificar a las empresas en las cotizaciones sociales para estimular la creación de empleo. Por no hablar de que, simplemente, se cierra la posibilidad de que la financiación de las pensiones, siendo un derecho ciudadano básico, se realice con cargo a los impuestos.

Si no ponemos el foco en estos asuntos, tendremos la sensación de estar asistiendo a un simulacro de debate que no tiene otro objetivo que convertir en negocio (suculento negocio) el derecho de nuestros mayores a una pensión digna.