La decencia no caduca a los ocho años

La propuesta de Ciudadanos de limitar los mandatos del presidente del Gobierno para que sólo pueda desempeñar el cargo durante ochos –o más si deja transcurrir otros cuatro para volver a intentarlo- se ha presentado como una medida de regeneración de la vida pública, una suerte de vacuna que impediría que alguien se eternice en el sillón y ello le lleve a “incurrir en arbitrariedades e, incluso, en autoritarismo”. Teme Rivera, al parecer, que a Rajoy se le ponga cara de Balaguer, que ciego y con 90 años ganaba las elecciones en la República Dominicana con lemas de campaña de este porte: “Mientras Balaguer respire, que nadie aspire”.

La iniciativa parte de la premisa de que la decencia caduca, y la exposición prolongada a las tentaciones que se suponen aparejadas al ejercicio de la jefatura del Gobierno terminan por hacer sucumbir a sus inquilinos en el desenfreno, la codicia y el despotismo. El espíritu está dispuesto pero la carne es débil, que decía la Biblia, aunque en este caso las oraciones no sirvan y sea necesario un empujón adicional hacia la salida de emergencia que reprima la metamorfosis del hombre en lobo en las noches de luna llena.

Prevenir por ley que el doctor Jekyll no se convierta en Hyde a partir de los ocho años en el mandito deja en muy mal lugar a los electores, a los que se les considera incapaces de distinguir el trigo de la paja y por eso hay que facilitarles la vida y alejarles del peligro. Y también a los partidos, que jamás moverían un dedo contra quien puede asegurarles el rancho de manera indefinida aunque el líder haga papiroflexia con la ideología y, a mayores, se dedique pasado el tiempo a poner mercerías a su cuadrilla de amigotes.

Haría bien Rivera en advertir a muchas democracias europeas que, en su inconsciencia, están degenerando al permitir que sus mandatarios puedan ser reelegidos indefinidamente, tal es el caso de Alemania, Reino Unido, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Holanda y Portugal. O incluso Francia, donde la limitación sólo afecta al presidente de la República pero no al primer ministro. Por pura solidaridad europea, nuestro Macron debe avisarles de que están jugando con fuego.

Lo que no se comprende es que la cortapisa temporal se limite al presidente y no al jefe del Estado, salvo que se estime que la sangre azul incorpora anticuerpos especiales contra la corrupción y el caciquismo. Lo coherente, por tanto, sería programar las abdicaciones y establecer turnos estrictos a la hora de ceñir la corona, lo que en cierta medida democratizaría la institución porque hasta Froilán podría aspirar en algún momento a tumbarse con los zapatos puestos en el sofá de la Zarzuela.

Es verdad que el poder envilece pero las democracias ya incorporan como principal medida de higiene la posibilidad de remover en cada elección a los corruptos. La ciudadanía no necesita salvaguardas mayores que su derecho al voto, y si se considera que ese ejercicio está condicionado lo que se necesita no es regenerar la presidencia sino al sistema en su conjunto. Puede que la regeneración sea lenta y haya que establecer prioridades, pero el bochorno de que Rajoy mantenga sus siestas en la Moncloa no es mayor que el que produce la subordinación al poder político de la Justicia y de los órganos reguladores, que es donde se halla el origen de nuestros males y por donde habría que empezar.

Dicho esto, resulta inexplicable la obstinación del PP en incumplir su acuerdo con Ciudadanos, más aún tratándose de una alternativa que ha contado históricamente con su patrocinio desde que Aznar popularizara la sucesión digital. Ya en 2007 el PP prometió que si Rajoy ganaba algún día las elecciones limitaría a ocho años su permanencia en el poder y pidió a Zapatero, entonces presidente, que hiciera lo mismo. Es una constante histórica que la preocupación por la regeneración sea inmensamente mayor entre quienes habitan en la oposición.

Regía entonces la misma Constitución que ahora se esgrime para que siga habiendo “Rajoy para rato”, con el argumento de que una medida semejante exigiría un cambio de su articulado, algo muy inconveniente, según se dice, en los momentos actuales. En cualquier caso y para salir de dudas bastaría con solicitar un dictamen al Consejo de Estado que determinara si es preciso modificar la Constitución o basta con retocar la ley del Gobierno como sostienen los de Rivera. ¿Que quién lo ha pedido? Nadie, por supuesto.

El asunto es que ni siquiera esta reforma legislativa, para la que sería necesaria el apoyo del PSOE y de Podemos, aseguraría la devolución a los corrales de Rajoy por manso, ya que sólo le sería de aplicación en el supuesto de que agotara la legislatura y no adelantara los comicios. O sea, ninguna nuez para tanto ruido. A los malos gobernantes hay que darles el pasaporte en las urnas para evitarles otra tentación, la de volver. Y si no se consigue es que tenemos un problema que ni Houston puede resolver.