Es una muy buena noticia que los salarios estén en el centro del debate de política económica. Ya lo han estado en las últimas décadas, pero en un sentido muy diferente del actual: la necesidad de su "moderación" para que la economía funcione bien.

Ahora, ante la evidencia de la muy importante pérdida de capacidad adquisitiva (el crecimiento de la inflación, medida por el índice de precios al consumo, ha sido muy superior al registrado por los salarios), tanto las organizaciones sindicales como el gobierno reivindican su aumento. Muy buena noticia.

Este lema, el aumento de los salarios, ha sido central en las manifestaciones del 1 de mayo, en las que, por cierto, reconozcamos la evidencia y saquemos conclusiones de la misma, ha participado en el conjunto del Estado español un reducido número de trabajadores.

Los dirigentes sindicales han reivindicado, ante el fuerte aumento de los beneficios empresariales -escandalosos, en el caso de las grandes corporaciones- una mejora retributiva para los asalariados... amenazando, si no se avanza en esa dirección, con conflictos en los centros de trabajo en los próximos meses.

Hablar de la necesidad de que aumenten los salarios es una buena noticia, pues, como he señalado antes, sitúa el debate en unos parámetros sustancialmente distintos de los habituales, los defendidos por los gobiernos del Partido Popular y los encabezados por el Partido Socialista Obrero Español, cuando levantaron la bandera de la represión salarial.

Pero ¿qué se hace para convertir en hechos las buenas palabras? Pues de eso se trata.

Las mismas organizaciones sindicales que han encabezado las manifestaciones -Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores- han mantenido, en la práctica, una posición condescendiente ante el deterioro salarial -que no es nuevo-, pues, por encima de todo, han privilegiado la acción institucional y aparecer de la mano del "gobierno más progresista de la historia"; son las mismas que han dado el visto bueno a una reforma del mercado de trabajo que facilita los ajustes salariales. Estos sindicatos han jugado un decisivo papel para que, en una situación crítica para la mayor parte de los trabajadores, nuestro país esté a la cabeza en cuanto a "paz social" (número de horas pérdidas por huelgas).

Es necesaria una práctica sindical muy diferente de la seguida por estas organizaciones; una práctica que, sin renunciar a intervenir en las instituciones, ponga en el centro la movilización de los trabajadores. Y no se trata de lanzar grandilocuentes proclamas por parte de los líderes sindicales.

Y también echo en falta una política gubernamental que apunte de manera decidida a la mejora de las condiciones retributivas de los trabajadores.

Es verdad que el sustancial aumento del salario mínimo en 2023 -que ¡ojo! ha experimentado un importante retroceso en 2022- apunta en esa dirección.

Pero desde el gobierno se podrían y se deberían hacer más cosas, como, por ejemplo, asegurar el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los funcionarios y trabajadores públicos, así como el de las pensiones; exigir a las empresas que contratan con las administraciones públicas que garanticen la negociación colectiva, que los salarios de sus trabajadores mantengan la capacidad adquisitiva y que pongan un tope a las retribuciones de sus equipos directivos y en los pagos a los accionistas; dotar de suficientes recursos humanos y técnicos a la inspección laboral para poner fin a las practicas depredadoras de un buen número de empresas (prolongación irregular de la jornada laboral, horas extraordinarias no retribuidas...).

Esto y no los fuegos artificiales de siempre es defender los salarios.